Presidente Gustavo Petro radica este jueves la consulta popular: ¿qué futuro tiene en el Senado?

Las 12 preguntas de la consulta popular con la que el Gobierno busca revivir parte de su reforma laboral, tras la derrota que sufrió en la Comisión VII del Senado, serán radicadas en el Congreso este 1. º de mayo, en medio de las movilizaciones por el Día del Trabajo. El propio presidente Gustavo Petro, quien primero dará un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, llevará el texto al Capitolio.

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Con esto, se inicia un nuevo pulso político y jurídico que se convertirá en el primer punto de la agenda nacional. En máximo 30 días, el Senado debe decidir si da vía libre o no para que los colombianos salgan a las urnas y voten a favor o en contra de preguntas sobre si quieren que el pago de dominicales y festivos sea del 100 por ciento y el recargo nocturno a partir de las 6 de la noche.

El primer round será en el Senado. Allí solo se podrá decidir si se convoca o no al pueblo, y no se puede modificar el sentido de las preguntas. El Gobierno, que se jugará buena parte de su capital político en esa consulta –ya dan por muerta la reforma de la salud, que está en su tercer de cuatro debates–, necesita 53 votos para anotarse una victoria, pero la tarea no parece nada sencilla. Hoy las cuentas están bastante apretadas y ni oposición ni oficialismo tienen los votos, por lo que serán semanas de movimientos y cálculos políticos.

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Mientras el Gobierno insiste en que el Senado no puede negarle el derecho al pueblo de pronunciarse sobre sus derechos laborales, los opositores del Ejecutivo, así como quienes se oponen a la consulta, señalan que no es conveniente llevar al país a las urnas en un año preelectoral, un hecho que podría significar una escalada de la polarización aún más grave de la que ya se vive por estos días a propósito del enfrentamiento entre el presidente Petro y el jefe del Legislativo, el senador Efraín Cepeda.

“En todas las plazas públicas del país, este 1. º de mayo, millones de personas en respaldo a las preguntas de la reforma laboral para que el Senado apruebe la consulta popular. La espada de Bolívar en manos del pueblo”, dijo el presidente Petro en X a propósito de la jornada de este jueves.

“Yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley”, ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Pero Cepeda, entre otras voces, insiste en que lo más viable es hacer un acuerdo alrededor de un proyecto de ley, como la reforma presentada por el Partido Liberal, la cual permita mejorar las condiciones de los trabajadores.

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“Ese es un camino más corto, más expedito, más económico. Recordemos que la consulta vale 700.000 millones de pesos que hoy no están en las arcas, que la salud tambalea porque no tiene esos recursos y porque se quejan, la misma Registraduría también, por la falta de esos recursos en varias entidades”, dijo el jefe del Legislativo.

Y en eso coinciden otras voces, como el exministro Juan Camilo Restrepo. “Terminaremos con el mejoramiento de las condiciones laborales vía ley y no por consulta, entre otras cosas porque el resto de los mecanismos de participación que se han usado han fracasado, incluso a Uribe cuando estaba en el cénit de su popularidad. No le veo futuro a esa consulta y más con su costo exorbitante”, dijo en entrevista con este diario.

“Aunque la consulta popular es un mecanismo de participación válido, contemplado en la Constitución Nacional, no me parece prudente realizarla en medio de un ambiente preelectoral. La proximidad de las elecciones y la realización de la consulta popular pueden robarle seriedad y visión de país tanto a la consulta como a las elecciones. Nos exponemos a una mezcla poco sana. Pero no podemos olvidar que la reforma laboral es necesaria y urgente en Colombia”, afirmó, por su parte, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, cabeza de la jerarquía eclesiástica de Colombia, en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO.

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Las doce preguntas que fueron presentadas la semana pasada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, podrían tener algunas modificaciones.

Por ejemplo, en la que respecta a los contratos de aprendizaje del Sena, se habla de jóvenes, pero una de las observaciones que hizo esta entidad es que debe ser modificada, ya que allí estudian personas de mayor edad.

Pero más allá de esos detalles, hay serias preocupaciones por la manera en que están formuladas, ya que, según las alertas, están direccionadas a votar por el sí.

“La reforma laboral del Gobierno, para empezar, es una reforma profundamente limitada en cuanto a su impacto en el mercado laboral. Afecta solamente a unos 8 a 10 millones de empleos formales en Colombia. No aborda a los 12 millones de trabajadores informales, ni a los cerca de 3 millones de desempleados. Es una reforma que busca que quienes ya tienen empleo formal tengan más beneficios y garantías, lo cual está muy bien. Eso nadie se va a oponer”, dijo la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de Alianza Verde.

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En la misma línea opinó Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional: “No se trata de que el electorado libre escoja entre unas opciones igualmente válidas, sino que lo que propone es una convocatoria para que el electorado respalde aquello que el Gobierno ha impulsado con toda la energía y piensa seguir impulsando, empleando para ello, de manera abusiva, todos los recursos del Estado”.

Se vienen, entonces, unas semanas de intensas discusiones en el Senado que, si bien tiene la facultad de aprobar la consulta, también está en todo su derecho, como uno de los tres poderes públicos, de rechazarla.

Pero si pasa, el Gobierno tendrá tres meses para convocar al pueblo y deberán salir a las calles 13’600.000 personas para que el mecanismo tenga vigencia, una cifra incluso mayor a la de quienes votaron por el presidente Petro en 2022.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política