Primicia: este es el acuerdo entre gobierno Petro y ponentes para apaciguar los temores ante reforma del SGP

La reforma que aumenta el monto del sistema general de participaciones (SGP) llega con nuevas modificaciones en un intento por apaciguar el debate que generó la propuesta. El gobierno de Gustavo Petro y el ponente, el senador Ariel Ávila, acordaron una serie de cambios con los que se busca generar los consensos suficientes para apaciguar los ánimos y garantizar el éxito de la propuesta.

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En total son siete los acuerdos que salieron de las mesas de trabajo del senador de la Alianza Verde con la cartera de Ricardo Bonilla (Hacienda) y Juan Fernando Cristo (Interior). La principal modificación es que ya no será 46,5 por ciento el aumento de los recursos corrientes de la nación al SGP, sino que la cifra quedará en 39,5 por ciento. Son siete puntos porcentuales menos que la propuesta original. Este es el eje central del acuerdo y el aspecto en el que todavía se mantiene el debate. 

Es un punto medio frente a la propuesta de otros congresistas, que pedían que se bajara hasta 37,5 por ciento. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, es una de las que ha insistido en que debía bajarse el porcentaje fijado inicialmente, pues considera que es insostenible. 

"La reforma al SGP a municipios y departamentos es urgente y justa. No perdamos esta oportunidad, hagámoslo ya y hagámoslo bien: Aumentar del 21 al 37% como propuso la Misión de Descentralización es enorme salto", dijo Lozano. 

Esta postura también la comparte el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que en la previa al debate de este lunes le dijo a los medios que "lo que se había aprobado en el quinto debate era insostenible fiscalmente". Este coincidió también con la postura de Angelica Lozano de que la cifra oportuna sería la que fijó la Misión de Descentralización.

El exministro de Hacienda y excandidato presidencial Juan Carlos Echeverry no vio con buenos ojos el cambio y aseveró que la propuesta sigue siendo peligrosa. "No será 46,5% de los ingresos corrientes de la nación al SGP, sino 39,5 %. Ministros y congresistas, con 46.5% el Estado queda 200% quebrado. Con 39.5% el Estado queda 180% quebrado. Dejen de jugar con candela"; dijo. 

La misma senada la tuvo la senadora Paloma Valencia, de la oposición: "La nueva propuesta del gobierno aunque disminuye la presión fiscal sigue creando un hueco en el presupuesto general. Pasaríamos de un hueco de 881 billones a 12 años a uno de 503 billones". 

Uno de los principales argumentos para hacer este cambio, como señaló el ponente Ariel Ávila, es garantizar la sostenibilidad fiscal pero al mismo tiempo garantizar la entrega de mayores recursos a los municipios, porque hay más de 300 que actualmente están quebrados. 

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El segundo acuerdo, cuyos detalles ya se conocían con anterioridad pero ya se dejaron por escrito, es que se condiciona la "aplicación de la fórmula que aumenta las transferencias a la expedición de la ley de competencias". Aunque en el texto ya estaba esta condición, se hará de una forma más expresa para garantizar que el acto legislativo no entre en vigor si no hay una ley que defina las nuevas funciones que deben asumir municipios y departamentos. 

Uno de los principales reparos que han hecho expertos y hasta funcionarios es que el proyecto no entra a definir cuáles son las competencias que asumen los municipios y departamentos. Por lo que en el papel, la propuesta entrega más dinero sin responsabilidades. Pero se ha dejado claro que el aumento en los giros solo se dará cuando se entreguen más funciones. 

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Otra modificación importante es que se aumentará la transición en dos años más, pasando de 10 a 12 años. Además, se deja claro que este periodo comenzará cuando se expida la ley de competencias y no antes de 2027. Esto quiere decir que el incremento se hará más lento, pues los 14 puntos porcentuales del aumento de los giros se repartirán en 12 años y no en 10, como se planteó inicialmente. 

No obstante, este punto también es una forma de alentar a los congresistas a meterle el acelerador a la ley de competencias, pues establece que el acto legislativo se comenzará a aplicar cuando esté lista esta norma. La presión de las regiones, que buscan más recursos, puede terminar haciendo que los legisladores tengan dicha ley antes de los dos años que se habían fijado en la anterior propuesta. Para que el incremento comience desde 2027 y no se posponga. En esa misma lógica, se fija un plazo máximo de seis meses para que Ejecutivo presente al Congreso el proyecto de ley de competencias.

A pesar de que aumentar en dos años fue un acuerdo con Hacienda, el ministro Ricardo Bonilla ha dejado ver que es insuficiente, a su criterio. Aunque el plazo se proyectó en el acuerdo a 12 años, este dijo en su intervención que debería ampliarse a 15 o  20 años. Insistió que es la única forma de garantizarse la sostenibilidad de la transición. 

"Mientras esto sucede, se seguirá aplicando la fórmula actual del SGP que establece que el incremento anual será un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los Ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución", indica el acuerdo. 

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Otro de los acuerdos logrados es que el proyecto debe dejar claro que los recursos nuevos del SGP para financiar la educación deberán usarse para aumentar en cuatro años la cobertura escolar por persona: "⁠Se incluye la financiación de, como mínimo, dos años de escolaridad de la educación preescolar y, como mínimo, dos años del ciclo educativo de la educación superior", dice el acuerdo. 

El sexto punto, como ya había contado EL TIEMPO, es que en el proyecto debe quedar claro que el aumento del SGP es para cerrar las brechas que históricamente han tenido los territorios. Por último, también debe haber un artículo que condicione el aumento del SGP a que sea compatible con el marco fiscal de mediano plazo. 

Todos estos puntos acordados son los que lograron que el presidente Gustavo Petro le diera el sí a la propuesta y buscan disipar los temores que ha generado la propuesta en distintos sectores, incluyendo a varias carteras del Ejecutivo.