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Polémica por aprobación de proyecto de cárcel para corruptos
Presidencia de Cámara dice que el proyecto ya pasó a sanción presidencial ¿El proyecto está viciado?
Vuelve y juega. En la madrugada, cuando la mayoría de los colombianos dormían, en el Congreso de la República se armó polémica de nuevo por el proyecto que prohíbe que los condenados por corrupción tengan derecho a casa por cárcel.
Se esperaba que el Congreso le entregara la noticia al país de que la iniciativa pasaba a sanción presidencial, pero la noticia fue la de la incertidumbre, pues en medio de la conciliación, que es último paso por el que cruza un proyecto antes de ser aprobado, el tema quedó en el limbo.
Si bien la Presidencia de la Cámara aseguró que el proyecto ya pasa a sanción presidencial, hay temor por el futuro de esta norma, pues algunos creen en que su aprobación se cometieron errores que podrían hacerla susceptible a demandas y a, eventualmente, caerse en una revisión de la Corte Constitucional.
Todo empezó el pasado miércoles, cuando la representante María José Pizarro -quien presidía la sesión ante la ausencia en el momento del presidente la Cámara, Carlos Cuenca- levantó la sesión argumentando falta de quorum, sin que se se hubiera votado ningún proyecto. En la agenda estaban la reforma tributaria y la norma que prohíbe la casa por cárcel para corruptos.
Ante lo sucedido, el presidente Cuenca llegó presuroso al recinto a volver a iniciar la sesión, algo que, según algunos congresistas de la oposición, está prohibido por ley.
En medio de esa sesión (supuestamente viciada) se aprobó la conciliación de la norma que prohíbe la casa por cárcel para corruptos.
Sin embargo, el propio presidente de la Cámara decidió levantar la sesión. "Por dudas en el procedimiento y para no viciar los proyectos que tenemos en el orden del día", expresó el presidente Cuenca.
Esto implica que la conciliación del proyecto de cárcel para corruptos debía ser votado nuevamente en la sesión que se citó para la madrugada de este viernes, en la que se aprobó la reforma tributaria.
Sin embargo, no ocurrió así, pues el tema, a pesar de que inicialmente fue agendado, al final se tachó de manera manual y no fue votado.
Orden del día 19 de diciembre Foto:Archivo particular
Si la ley anticorrupción se hunde, ustedes deben asumir la responsabilidad
De esta manera, se abren dos interpretaciones.
Primero, si la Cámara considera que la votación del miércoles fue válida, la norma pasaría a sanción presidencial, pero con el latente riesgo de que sea demandada por vicios de trámite, lo que implica que se podría caer en la Corte Constitucional toda la norma.
Pero también hay quienes consideran que esa votación no fue válida, por que la Cámara tendría que haber votado la conciliación en marzo del próximo año, cuando regrese de vacaciones.
Hay que aclarar que el Congreso fue convocado a sesiones extras precisamente para terminar de aprobar este proyecto, entre algunos otros.
"Sobre la eliminación de casa por cárcel para corruptos fue anunciada para el miércoles cuando María José Pizarro levantó la sesión. Sin embargo, remedié el daño y fue votado", explicó el presidente de la Cámara Carlos Cuenca.
En los pronunciamientos que han hecho los congresistas en las últimas horas han dejado ver que subsisten dudas.
"Extraño que ayer usted interpretara que había riesgos por las 'dudas con el procedimiento' de seguir con la sesión después de haber sido levantada y que le parezca que hay que 'blindar' la reforma tributaria, pero no la consulta anticorrupción", le reclamó la congresista de oposición Juanita Goebertus al presidente Cuenca.
Cuenca le respondió: "Si la ley anticorrupción se hunde, ustedes (la oposición) deben asumir la responsabilidad".
En la discusión terció también el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, quien consideró que se introdujo "un vicio de trámite en este proyecto".
Al Gobierno hay que pedirle coherencia, cuando se jactan de liderar los puntos de la consulta anticorrupción. Esa consulta es el reclamo legítimo de la ciudadanía hastiada por la corrupción.
Los delitos por los que los funcionarios tendrán que pagar cárcel efectiva serán peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimientos de requisitos legales, entre otros.
Adicionalmente, cuando haya tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenazas a testigo, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que otro punto aprobado ayer tiene que ver con las inhabilidades que tendrán las empresas que hayan sido sancionadas por delitos de corrupción y lo que pasará con sus contratos con el Estado.
“Una vez que una persona jurídica (empresa) quede incursa en actos o en hechos de corrupción probados se le declarará la caducidad del contrato y no tendrá derecho a indemnización ni a cederlo a cambio de un beneficio económico”, aseguró la Ministra.
Con esto se evitaría que el Estado tenga que pagar indemnizaciones a empresas sancionadas por corrupción y a las cuales, posteriormente, se les declare la caducidad del contrato con el Estado.