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'No habrá libertades masivas' con proyecto de humanización carcelaria: Pedro Suárez
El representante Pedro Suárez Vacca habla de la ponencia que radicaron este martes.
PERIODISTAActualizado:
El representante Pedro Suárez Vacca es uno de los ponentes del proyecto de humanización carcelaria. La iniciativa es de sumo interés para el Ministerio de Justicia, que ha apostado este semestre por dicha iniciativa y la de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. En diálogo con EL TIEMPO, el representante habló del proyecto y de los cambios que realizaron para la primera ponencia, radicada este martes en la Cámara.
¿Cuáles son los principales cambios entre el proyecto original y la ponencia?
En primer lugar, se llegó al acuerdo de no incluir la despenalización de algunos delitos como la injuria y la calumnia, la inasistencia alimentaria, el incesto. La eliminación de estos delitos venían incluidos en la ponencia original, pero, dentro de los diálogos que se han tenido con los distintos ponentes y con otras bancadas, se acordó que eso se deja por fuera de este proyecto de ley. Esto debido a que no van en sintonía con la intención de cumplir con la sentencias de la Corte Constitucional en materia de de disminuir el hacinamiento en las cárceles.
También se acordó con los otros ponentes y las otras bancadas la exclusión de un artículo a través del cual se pretendía que no fuese posible incluir en las imputaciones de cargos los delitos de terrorismo y concierto para delinquir en el marco de las acciones de la protesta social. En términos generales estos son los los acuerdos a los que se llegaron respecto de la ponencia inicial.
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En un primer momento, el Ministerio de Justicia defendió con vehemencia eliminar delitos como incesto e inasistencia alimentaria, ¿por qué los mantuvieron?
Varios de los ponentes consideraron que no resultaba pertinente que se eliminarán esos delitos. La intención inicial es descongestionar los establecimientos carcelarios y, al hacer un análisis estadístico de la incidencia de estos delitos en la descongestión carcelaria, pues no resultó pertinente con dicho propósito mantener la postura de eliminar del texto legal estos delitos. Nosotros seguimos naturalmente considerando que son delitos de bajo impacto que pueden tener resolución a través de otras vías distintas al derecho penal. Por ahora, para efectos de impulsar este proyecto, lo pertinente es acoger lo que se dialogó . Eso podría ser análisis de otro proyecto de ley.
¿Fue lo mismo con la eliminación del delito de injuria y calumnia?
En el caso de injuria y calumnia, lo que pasa es que en este proyecto hay una mayor prelación en la humanización del trato en los establecimientos carcelarios, en cumplimiento de lo dispuesto en las sentencias de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas de inconstitucionalidad en los establecimientos carcelarios. Entonces consideramos que, si había oposición por parte de las otras bancadas en relación con estos artículos, lo conveniente era no incluirlo para poder avanzar con los temas sustanciales.
Si una de las banderas de este proyecto era eliminar la posibilidad de vincular el concierto para delinquir a la protesta social, ya que era usado este delito para criminalizarla, ¿por qué al final retiran dicho artículo?
Ha sido un acuerdo al que se ha llegado con los otros ponentes y con las otras bancadas. Aunque nosotros consideramos que no se debe vincular el ejercicio de la protesta con los delitos de terrorismo y concierto para delinquir, es preferible que sean los jueces de control de garantías, ante quienes se presentan esas imputaciones, los que tomen la decisión de acuerdo con la jurisprudencia existente.
Nosotros creemos que, de acuerdo con esa jurisprudencia, no se puede vincular directamente, pero también aceptamos como un acuerdo con las otras bancadas que es del resorte de los jueces de control de garantías determinar si en eventos muy excepcionales hay algún grupo de personas que ha cometido algunos de estos delitos.
¿Por qué retomaron las limitaciones de los beneficios de salidas por fines de semana y permisos de 72 horas?
Los permisos son parte del proceso de resocialización y que justifican la prisión como forma punitiva en Colombia. Estos beneficios se deben aplicar bajo el principio de progresividad. Las personas tienen que irse acercando paulatinamente al reconocimiento de su libertad definitiva, como dispone de cualquier código penal en el mundo, y se ha considerado que hay unos delitos que revisten de una mayor gravedad y que esa progresividad debe tener un tratamiento diferente.
Entonces van a tener unos tiempos distintos y en algunos casos no se pueden dar esos permisos de 72 horas y de fines de semana por la gravedad de las conductas. Coincidimos en que hay un algunos delitos, especialmente los de lesa humanidad y los delitos sexuales, que son de suma gravedad y no pueden tener permisos. Pero tendrán otros beneficios de progresividad, que van a considerar los jueces de ejecución de penas.
Pedro Suárez Vacca (centro), tiene el apoyo del representante a la Cámara por Boyacá César Pachón. Foto:@CesarPachonAgro
Usted dice que uno de los temas más importantes de este proyecto es la resocialización. Pero, ¿qué es lo diferente que trae el proyecto en este tema?
Lo que asegura este proyecto es que se tenga en cuenta el comportamiento del interno al interior del establecimiento carcelario o en su lugar de residencia, para los que cumplen prisión domiciliaria. Esto implica tener en cuenta la realización de actividades que demuestran su resocialización y que permita paulatinamente conceder los permisos de 72 horas, los permisos de fines semana, las prisiones domiciliarias, una libertad preparatoria y por supuesto, más adelante, la libertad condicional y la libertad definitiva. Entonces, lo que hace este proyecto es asegurar que ese proceso, que es de resocialización según el código Penitenciario y Carcelario, efectivamente se realice con una mayor concreción de las condiciones.
Eso suena muy parecido a lo que hay en la ley actualmente, ¿cómo decirle a la ciudadanía que el proyecto no es lo mismo que ya se tiene?
Sí, es muy parecido a lo que hay hoy en la ley 65 de 1993 y en el Código de Procedimiento Penal. Lo que pasa es que estos beneficios y sus condiciones están muy dispersos y no son claros para los jueces de ejecución de penas. Por eso, muchas veces no se cumple ese proceso progresivo. Lo que estamos haciendo es dejar claro cada uno de los pasos para acceder a estos beneficios.
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Se agregó al proyecto un nuevo pedido de facultades extraordinarias al presidente, lo que ha sido polémico. ¿Por qué recurrir a ellas ?
Hay algunas decisiones que no se pueden tramitar por la vía legislativa o que resultarían en unos trámites muchísimo más extensos. El propósito básicamente es que el presidente Petro tenga facultades extraordinarias solamente para que, dentro del marco de sus competencias, actualizar lo meramente istrativo de este proyecto. Si esas decisiones se hacen por vía legislativa, habría que reformar toda la estructura del Inpec. Mientras que, si se hace con las facultades extraordinarias, el presidente podría hacer los ajustes istrativos que se requieren para que se cumplan las funciones que han sido dispuestas en el marco de este proyecto.
¿Es una forma de hacer una reforma grande al Inpec?
Se está apuntando a que haya una vigilancia más específica de las funciones del Inpec. La reforma profunda del Inpec no va en este proyecto, pero consideramos que es posible que más adelante radiquemos un proyecto en ese sentido.
Hay una apuesta en el proyecto por la prisión domiciliaria y por tecnologías para aplicarla como forma de descongestión. ¿Qué mecanismos plantearán para que no se viole como ocurre en la actualidad?
La prisión domiciliaria es una de las formas que mejor representan el concepto de la humanización de la ejecución de la pena de prisión. Se ha considerado que se debe aumentar las probabilidades de las personas que van privadas de la libertad para acceder a ella. Pero hay unas exigencias muy específicas: que no se tengan antecedentes, que el delito no sea muy grave y que no represente un peligro para la comunidad o a las personas que viven en la misma residencia de la persona sentenciada. Esto va a permitir alivianar las cargas que tiene el Estado hoy con las personas privadas en establecimiento carcelario.
Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Por eso se ha dado una gran prelación a este tema y es una fórmula que se utiliza en buena parte del mundo. Consideramos que resulta de suma importancia que esto se fortalezca y que apliquemos unos mecanismos que el Ministerio de Justicia ya tiene identificados, que son menos costosos y mucho más eficaces para la vigilancia de las personas en prisión domiciliaria.
El Ministerio tiene estudios de mecanismos que son muchos más eficaces en comparación a los que existen hoy y que van a permitir una adecuada ejecución de la pena de prisión domiciliaria. Cuando uno ve quiénes son los que violan la medida, se observa que son personas a las que no se le está analizado sus antecedentes, a las que no se les tiene en cuenta la gravedad de sus delitos y por eso son esas personas las que finalmente terminan violando la confianza que el Estado les da.
Con este proyecto, hay un temor de una excarcelación masiva...
Yo puedo asegurarles que no hay excarcelaciones masivas, no va a haber libertades indiscriminada. Habrá un análisis caso a caso para que los jueces determinen los beneficios y su asignación. Lo que es claro es que no habrá libertades masivas.
Juan Sebastián Lombo
REDACCIÓN POLÍTICA
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