En el campo y algunas zonas alejadas del centro del país, es común escuchar a sus habitantes decir que se van “para la capital” a hacer algún trámite. Esta realidad podría empezar a cambiar con dos proyectos de ley que llegaron al Congreso y que implican todo un revolcón istrativo.
La primera de ellas, de autoría del senador Andrés García Zuccardi en compañía del representante César Lorduy, pretende promover “la descentralización por medio de la modificación del domicilio de los ministerios de Colombia”.
La iniciativa señala que “solo el Ministerio del Interior podrá mantener su domicilio en Bogotá”.
Para ello se crea una comisión interinstitucional en la que tendrán representación todas las regiones para definir, planear y hacer seguimiento a los nuevos domicilios de los ministerios de Colombia y planear el traslado a los departamentos.
Esta comisión tendrá un año para entregar el informe de hacia dónde se deben trasladar los ministerios en Colombia.
“No se explica por qué uno tiene que ir a 2.600 metros de altura a que se atiendan las necesidades de los puertos. Eso no tiene ninguna explicación. Tampoco tiene razón de ser que los indígenas deban llegar hasta Bogotá porque no hay ninguna otra sede de atención en el país”, indicó el representante Lorduy.
Por su parte, Zuccardi agregó que “los departamentos ven cada vez más la necesidad de tener una institucionalidad presente y que pueda contribuir al desarrollo de las regiones”.
No se explica por qué uno tiene que ir a 2.600 metros de altura a que se atiendan las necesidades de los puertos.
El otro texto que llegó al Capitolio Nacional, y que complementa el proyecto mencionado, busca que Cartagena sea la “sede alterna de la Presidencia de la República para todos los efectos”, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Igualmente, señala que Barranquilla será “sede alterna de Ministerio de Transporte y Santa Marta, del Ministerio de Ambiente.
Propuesta antigua
La propuesta no es nueva. En 1974, el expresidente Alfonso López Michelsen habló de trasladar entidades como Isa y el Banco Popular a ciudades distintas a Bogotá. En 1996, la propuesta la hizo el exministro José Vicente Mogollón. Su argumento era frenar el crecimiento descontrolado de Bogotá. Decía que la ciudad se iba a volver un lugar “invivible”.
Según el informe ‘Análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá’, elaborado en 2018 por la Alcaldía Mayor, actualmente la capital tiene el 16 por ciento de la población del país y para 2050 la concentración llegará al 20 por ciento. Para la época, 1 de cada 5 personas del país vivirá en Bogotá.
Esto causa no solo sobrepoblación, contaminación y problemas de movilidad, sino dificultades istrativas. “Cuando hay un alcalde metropolitano de una ciudad de 22 millones de habitantes, el alcalde es tan lejano como el presidente y tendrá dificultades para entender las reales necesidades de los s”, explica Saldías, en el estudio ‘Las ciudades y regiones: la realidad territorial del desarrollo’.
El talón de Aquiles de la propuesta, que discutirá el Congreso, está ligado a los costos. No hay un estimado de cuánto puede costar trasladar un ministerio. ¿Es realmente lo que requiere el país en medio de la aguda crisis económica?
Pero también está sobre la mesa la discusión de fondo: el crecimiento desigual y la dependencia de las regiones hacia la capital.
La brecha entre Bogotá y las regiones tiene tendencia creciente. La capital concentra el 25 por ciento del PIB y el crecimiento está por encima de buena parte de los departamentos. Esto con un costo alto: concentración de recursos y expansión desbordada que no va a la par con soluciones de movilidad, vivienda y sostenibilidad ambiental.
El aporte que hacen las regiones a cada sector de la economía no se compadece con la atención que reciben del gobierno central. En industrias como la ganadería, la manufactura y la explotación minera, varios departamentos superan por mucho al aporte de Bogotá, pero las decisiones sobre estos sectores se toman en la capital.
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