A un mes y un día de que terminen las sesiones ordinarias, el Congreso está en mora de tramitar varios proyectos de reforma constitucional que tienen los tiempos apretados y que dependerán, seguramente, de la voluntad político de los partidos para salir adelante.
De acuerdo con las normas, los actos legislativos deben cumplir ocho debates, en dos vueltas que se deben desarrollar durante un año. Las cuatro primeras deben ser en un semestre y los cuatro restantes en el siguiente. Esto significa que algunos de ellos deben cumplir cuatro debates iniciales en el mes que resta hasta el remate del trabajo legislativo ordinario.
Varias iniciativas de esta naturaleza están a medio camino, tanto en Senado como en Cámara, y no se les ve muchas posibilidades de que cumplan con las disposiciones legales antes de concluir el periodo de sesiones ordinarias, es decir el próximo 16 de diciembre.
Uno de los principales obstáculos para estos proyectos es la campaña electoral que está comenzando, la cual hace que la mayoría de los partidos políticos esté concentrada en la conformación de las listas al Congreso y de las coaliciones que competirán por la Presidencia en el 2022.
Varios actos legislativos tienen hasta el 16 de diciembre
Pese a esto, en el Congreso se siguen tramitando varias enmiendas a la Carta Política entre las cuales hay cinco que proponen cambios profundos en la Constitución de 1991 y que podrían terminar archivadas si los congresistas no le meten el acelerador a su discusión.
El proyecto más avanzado acaba de concluir su paso por la Cámara de Representantes y propone modificaciones en la elección de algunos altos servidores de la Rama Judicial, como el Fiscal General y magistrados de altas cortes.
Según lo aprobado hasta ahora, que es susceptible de ser modificado en el resto del trámite, se endurecerían los requisitos para ser Fiscal, Procurador, Contralor, Registrador y Defensor del Pueblo y se exigirían quince años de experiencia para quienes quieran ocupar estas dignidades.
Adicionalmente se crearía la Corte Nacional Judicial, que reemplazaría a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual se encarga de procesar, en materia disciplinaria, a funcionarios, empleados judiciales y abogados.
Cambios en la selección de altos funcionarios, a dos debates
A este proyecto le restan dos debates en este mes: uno en la Comisión Primera del Senado y otro en la plenaria y entre uno y otro deben pasar ocho días. Y antes de que llegue a esa corporación deben pasar quince días que cuentan desde el pasado miércoles, cuando fue aprobado en la plenaria de la Cámara. La iniciativa está en ‘cuidados intensivos’.
Un panorama más complicado tienen otros cuatro proyectos de reforma constitucional, entre ellos el que recorta el receso legislativo de tres a dos meses y que impulsa el representante a la Cámara uribista Gabriel Santos. Esta iniciativa todavía no supera su segundo de ocho debates reglamentarios.
El congresista ha sostenido un duro pulso con la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, para que se dé trámite a la iniciativa, que busca que los congresistas regresen a las sesiones ordinarias el 16 de febrero de cada año y no el 16 de marzo, como sucede actualmente.
“Nos queda una última oportunidad para debatirlo si la plenaria de la Cámara de Representantes así lo quiero y es la semana entrante, pero entendiendo que no se puede modificar absolutamente nada”, afirmó Santos, refiriéndose a que la aprobación de estas reformas constitucionales tendrían cada menos tiempo para que se concilien los textos aprobados en Senado y Cámara, otro de los pasos que deben superar.
En igual situación está el proyecto de acto legislativo que modifica, específicamente, la manera como es el elegido el Fiscal General y que propone, según la iniciativa, que la terna para escoger este alto servidor “ya no será elaborada por el Presidente de la República, sino por la Corte Suprema de Justicia”, y la elección del candidato de esa terna “estará a cargo” del mandatario.
Nos queda una última oportunidad para debatirlo si la plenaria de la Cámara de Representantes y entendiendo que no se puede modificar absolutamente nada
Esta iniciativa genera bastantes dudas entre algunos sectores del uribismo y la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia solicitó escuchar las posiciones del Fiscal General y el Presidente de la Corte Suprema antes de darle el segundo de sus ocho debates.
Una cuarta enmienda a la Carta Política que está en ‘cuidados intensivos’ es la que hace a los campesinos “sujetos de derechos” y les “reconoce el derecho a la tierra”, la cual no ha conseguido los votos necesarios para avanzar en la plenaria del Senado, donde está en segundo de ocho debates.
Y, finalmente, hay otro proyecto de acto legislativo impulsado por la oposición que modifica las investigaciones a quienes hayan sido Fiscal General de la Nación y las pasa de la Comisión de Acusación, donde están actualmente, a la Corte Suprema de Justicia.
Estas y otras iniciativas de reforma constitucional están a 'contrarreloj' en el Congreso, de donde, al parecer, el proceso electoral del próximo año tiene alejada a la mayoría de los sectores políticos.
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