¿Sirven las demandas de Roy Barreras contra sus colegas congresistas?

La gresca política de este jueves es protagonizada por los congresistas Roy Barreras, Pacto Histórico; y Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández y militante de la Alianza Verde. La confrontación pasó de las redes sociales a los estrados judiciales, según el presidente del Senado.

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Se trata de una nueva querella que instaura Barreras contra otro parlamentario. Hace unas semanas también lo hizo contra Miguel Polo Polo ante la Corte Suprema de Justicia porque el representante de la Circunscripción Afrodescendientes llamó "guerrillero" al presidente Gustavo Petro.

En esta ocasión, Barreras reaccionó a la denuncia que hizo pública Jota Pe Hernández quien lo acusó de haber influido en la entrega de un contrato presuntamente irregular para una persona de su confianza

Hernández afirmó que el Convenio 983 de 2022, firmado para la operación del Canal Congreso por valor de 8.000 millones de pesos, fue entregado a la firma Dicitec, donde se vio beneficiado con un importante cargo John Jairo Uribe, un exasesor de Barreras.

Asimismo, aseguró que esta empresa habría hecho una subcontratación de la mitad del convenio, equivalente a 4.000 millones de pesos, con la que supuestamente –según él– habría hecho una jugada para pagarle menos a sus empleados y quedarse con una parte de sus salarios reales.

“Para empezar es de conocimiento público que los presidentes del Congreso no contratan nada ni a nadie. Es función de la Dirección istrativa que ha dado ya información pública sobre la inexistencia de las supuestas irregularidades denunciadas por el señor Jota Pe”, respondió Barreras.

“Esa empresa no tiene nada de ‘fantasma’ y que presta servicios a múltiples entidades del Estado (...) Miente al decir que le roban una parte del salario a los empleados: Son los impuestos y descuentos de ley. Miente y engaña incautos”, argumentó Barreras.

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“Ojalá todas las personas que trabajan para mí se consideren amigos. Ninguno amigo íntimo como sugiere de mala fe”, añadió para anunciar que llevará a Hernández a la Corte Suprema de Justicia para que responda “por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. Además, atenderá la demanda disciplinaria y demanda punitiva indemnizatoria por el daño reputacional”.

En el pasado reciente Hernández ya había denunció al exasesor y a su hija, Valeria Uribe, ante la Fiscalía, señalándolos de acoso sexual y cobro de una parte del salario de tres trabajadores del Canal del Congreso, lo que sacó a Uribe de su cargo.

El hecho, obvio, tiene un enorme mediático. "ATENCIÓN. Duro golpe al petrismo. @JotaPeHernandez va a DESTRUIR a Roy Barreras con unas denuncias por presunta corrupción. Ojo porque la vida de este senador podría estar en PELIGRO", escribió la también senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).

"El Pacto Histórico debe sentar una posición frente a esta denuncia del senador @JotaPeHernandez contra Roy Barreras, su ex UTL y su hija. Las pruebas son muy graves. Si el Pacto pierde la autocrítica nos convertimos en otro CD: se aplaudían entre ellos y perdieron el poder", añadió el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien ha tenido varias confrontaciones con Barreras.

"Mano derecha de @RoyBarreras, John Jairo Uribe (denunciado por acoso sexual en el Congreso) y su hija Valeria grandes beneficiarios de contrato por más de $8 mil millones para programas de televisión del Senado. Y hay más", anotó el periodista Melquisedec Torres.

Pero, ¿qué pasarán legalmente? ¿conducirá a un puerto las denuncias? Esteban Salazar, Coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, considera que la respuesta de Barreras a la denuncia realizada por el senador Jota Pe Hernández "responde más a la sagacidad política y la estrategia mediática para reducir el impacto ante la opinión pública, que a una lógica jurídica que lo absuelva".

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El experto considera que se trata de dos carriles que van a jugarse al tiempo:

1. La investigación de la Fiscalía sobre la denuncia de Jota Pe, en la cual Barreras es inocente hasta que se compruebe que sí hubo lugar a algún acto irregular.

"Sin embargo, los marcos legales establecen que, según las afirmaciones de Jota Pe Hernández, ante una duda razonable de las pruebas, desde que no sindique de un delito a Roy (la corrupción no está tipificada como delito explícitamente en el Código Penal), este último podrá fracasar en su estrategia jurídica".

"En suma, es el derecho de Roy a defenderse por su honra y buen nombre; pero es un desgaste judicial del que, cada vez más, abusan los políticos, quienes están a la merced constante de la exposición pública. Y, al final, lo único que le hace daño esto es a la credibilidad de los políticos y del Congreso".

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Para Salazar, "incluso en los casos de mayor resonancia mediática por la gravedad de las acusaciones (ejemplo: Coronell vs Uribe), la realidad es que la justicia establece procedimientos previos a un proceso en estos casos y son los mecanismos alternativos de soluciones como las conciliaciones y las amigables composiciones, en donde se negocian retractaciones, indemnizaciones, entre otros".

"Para este caso, todo depende de lo que se acuerde entre Jota Pe y Roy ante las pretensiones de Roy. Pero, si no se llega a ningún acuerdo, un juez es el que deberá decidir quién tiene la razón", pronostica.

En una línea similar va el analista Jairo Libreros: "Esas denuncias están llamadas a fracasar por motivos constitucionales. La Carta Política de 1991 trae la figura de la inviolabilidad parlamentaria, como una garantía democrática que protege a los congresistas ante eventuales persecuciones penales por cuenta del contenido de sus opiniones y por votos que emita en ejercicio de su cargo", concluye.

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