¿Dónde quedó la política exterior?

¿Qué le está ocurriendo a nuestra política exterior que luce cada vez desorientada y errática? ¿Perdió la Cancillería su lugar? ¿Cuáles son los grandes objetivos estratégicos que se quieren y pueden alcanzar? La respuesta –como en las encuestas– es: N/S. No saben, no responden. El Gobierno está en medio de la noche como sonámbulo, sin saber qué camino tomar en un mundo en redefinición, bajo la geopolítica de la incertidumbre, que exige tomar decisiones de forma certera. No hay margen de error ni espacio para las equivocaciones.

Algunos analistas tratan de explicar –con un gran esfuerzo– esta situación acuñando nuevos términos tales como “ambigüedad estratégica”, en una suerte de nuevo eje rector de la política exterior con algunos países como Rusia, luego de la invasión a Ucrania. 

En este caso, Colombia cambió su posición en la más reciente votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se declaró “neutral” ante la violación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la maquinaria de guerra de una nación, cuyo objetivo es mover unilateralmente las fronteras en Europa para reconstruir el gran imperio que fue en el pasado. La “ambigüedad” de la posición nacional se ha traducido en inconsistencia, y la “estrategia” –que es inexistente– se plasma en improvisación. Es lamentable que se haya resquebrajado la tradición de apego a principios y normas internacionales.

El enfrentamiento innecesario en redes sociales (X) del presidente Petro contra el presidente Trump en materia migratoria es otro ejemplo de la política del N/S. Colombia fue puesta en riesgo, al igual que su economía. La relación histórica y estratégica de más de 200 años con Washington se fracturó –al furor de un tuit en la madrugada– sin medir las consecuencias sobre el interés nacional y nuestras exportaciones (US$ 15.000 millones al año), inversiones (US$ 5.508 millones al año), remesas (US$ 11.800 millones al año), turismo (1’200.000 turistas estadounidenses al año) y empleo (solo el sector del café y el de frutas significan 765.000 empleos directos y 1,8 millones indirectos). 

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Este es un mercado que debemos proteger y preservar en el marco del TLC. No existe sustituto en el corto plazo y solo quedaría la quiebra de la industria nacional y de miles de pequeñas y medianas empresas (más de 30.000, que equivalen al 54% del total que exportan a Estados Unidos).

El consenso bipartidista en Estados Unidos frente a Colombia –que tanto trabajo costó construir– se debilitó. Hoy nos enfrentamos a la disminución de los flujos de ayuda y cooperación, la progresiva producción de cocaína –que creció un 53 % en el último año– y el aumento de la inseguridad y la violencia en los territorios. 

El próximo capítulo –como en una serie de Netflix– será el enfrentamiento bilateral por la certificación en materia de lucha contra las drogas, lo cual nos regresaría al año 1995. Es decir, el país retrocedería tres décadas, inundado en 300.000 hectáreas de coca y siendo el principal productor de cocaína en el mundo. La erradicación forzosa estará en el corazón del debate.

Mientras el Gobierno reta permanentemente a Washington, Colombia terminó apoyando la dictadura venezolana. Nos pasamos de bando y ahora se prefiere jugar de local en otro eje, cuyo régimen ha demostrado su falta de compromiso con la defensa de los principios democráticos, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción, la celebración de elecciones libres y transparentes, el bienestar de una población sumida en la pobreza y el combate al crimen transnacional (drogas, minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, entre muchos otros).

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El interés y la seguridad nacional se han comprometido. Basta observar lo ocurrido en la región fronteriza del Catatumbo, que hoy es un epicentro de producción de droga y un corredor estratégico que pone en riesgo nuestra integridad territorial y soberanía. ¡Cuanta más coca, menos paz en Colombia! ¡Cuanto más debilitamiento del imperio de la ley, más dictadura en Venezuela!

También se debe llamar la atención sobre las disputas por el control de las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía, justo en las fronteras con Brasil, Ecuador y Perú. O la situación del Tapón del Darién con Panamá, en donde la migración irregular y las diversas actividades de bandas criminales han copado el territorio ante la falta de presencia del Estado. Trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad y microtráfico son los comunes denominadores, en el día a día.

Esta dramática situación se corrobora –una vez más– con las cifras del más reciente ‘Índice global de crimen organizado 2023’ (Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC, con sede en Suiza), el cual señala que Colombia ocupa el primer puesto mundial para las redes criminales. ¡A falta de voluntad política, mayor crimen y debilidad de nuestras fronteras!

Los anteriores ejemplos –entre muchos más– dejan en claro que nuestra política exterior se descarriló y ha perdido uno de sus pilares fundamentales: el consenso nacional para la defensa del interés nacional. Pueden más las visiones ideológicas que la razón. El parroquialismo le ganó al globalismo. La “diplomacia del Twitter” superó a la sensatez.

Los gobiernos en Colombia no pueden olvidar la importancia de preservar el consenso y pensar el país con un criterio integral. Se debe construir en medio de la diversidad; se requieren consultar diversas opiniones; y se debe pensar cada acción y sus implicaciones en el presente y, especialmente, en el futuro.

La Comisión Asesora quedó en el baúl de los recuerdos. Ya perdimos memoria sobre cuándo fue su última reunión con todos sus integrantes en temas clave. Es necesario que esta aborde y construya amplios consensos políticos en torno a temas estratégicos en relación con Estados Unidos, Venezuela, los flujos migratorios, las fronteras y el crimen organizado, la situación de Medio Oriente, la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Iniciativa de la Franja y la Seda de China, o la eventual incorporación a los Brics+. La respuesta ha sido: N/S. Es un salto al vacío que mina indefectiblemente la esencia y credibilidad de la Comisión.

El daño al país ha sido enorme por falta de liderazgo, visión y rigor. Se perdió el sentido de la realidad ante la falta de diálogo de alto nivel político, el trabajo con el sector empresarial y académico, y los ataques a una carrera diplomática –que respetamos profundamente y tomó mucho tiempo profesionalizar–, hoy desmoralizada y atónita. No obstante, debemos mirar el horizonte y construir un nuevo futuro para la política internacional de Colombia en el 2026, a partir de liderazgos renovados.

Es necesario manejar las relaciones internacionales con responsabilidad y pragmatismo, sobre la base de una estrategia clara y sólida, para la defensa y promoción de los intereses nacionales. Generar amplios consensos internos y construir políticas de Estado es un imperativo y es nuestro compromiso.

(*)Guillermo Fernández de Soto, presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori), excanciller (1998-2002) y exembajador ante Naciones Unidas.

Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori), exembajador y representante alterno ante Naciones Unidas, miembro asociado de la Universidad de Oxford y miembro de la Junta Asesora de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).