¿Qué es la conmoción interior que piden sectores del uribismo?

La difícil situación de orden público que se vive en el país por cuenta de las manifestaciones que se han intensificado en los últimos días, especialmente en Cali, han llevado a que se lancen propuestas de todo tipo.

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Una de las más llamativas y polémicas, por las delicadas consecuencias que esto podría tener, es la petición de algunos sectores del Centro Democrático de declarar la conmoción interior.

La conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el Presidente, cuando existan graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no puedan ser resueltas con la sola acción de las autoridades de Policía. Está contenida en el artículo 213 de la Constitución.

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La consecuencia inmediata del decreto de Conmoción es que el Presidente queda habilitado para dictar decretos con fuerza de ley, los cuales suspenden de inmediato la vigencia de todas las normas que les sean incompatibles.

- Restringir el derecho de circulación y residencia.

- Exigir a personas determinadas que con dos días de antelación comuniquen sus desplazamientos fuera de la localidad donde tengan su residencia habitual.

- Establecer restricciones a la radio y la televisión para divulgar informaciones.

- Someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones que puedan perturbar el orden público.

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- Disponer, con orden judicial verbal o escrita, la interceptación de comunicaciones.

- Disponer, con orden judicial y en algunos casos sin ella, la aprehensión preventiva de personas de quienes se tenga indicio de que cometieron o cometerán un delito.

- Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

- Suspender alcaldes o gobernadores cuando contribuyan a la perturbación del orden público.

- Imponer contribuciones fiscales o parafiscales.

- Modificar el presupuesto.

-Disponer, en algunos casos sin autorización judicial previa, de inspecciones o registros domiciliarios para buscar pruebas judiciales o prevenir los delitos.

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