Cara a cara: la controversia por la ley de seguridad ciudadana

Este miércoles el Congreso concilió un proyecto de ley que, en noviembre, presentaron los ministerios de Justicia, Defensa y del Interior, con el cual se buscan fortalecer las medidas en cuanto a seguridad ciudadana.

El proyecto de ley, que pasa a sanción presidencial y que busca enfrentar el hurto, el homicidio y otros de los delitos más comunes, ha causado un pulso político entre los partidos de coalición de Gobierno y el resto de movimientos. 

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En este cara a cara de EL TIEMPO, el representante a la Cámara  Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, expusieron sus argumentos en torno a esta nueva ley. 

Cepeda, que aseguró que la oposición ya está preparando una demanda contra la ley, al considerarla inconstitucional, dijo que esta limita el derecho a la protesta, permitirá que muchos colombianos se armen y generará el efecto contrario: más inseguridad. 

Por su parte Rodríguez, quien también es autor del proyecto de ley que fue conciliado, explicó que en los artículos se establece que el derecho a la legítima defensa privilegiada se incorpora en casos en los que hay proporcionalidad. 

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El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, expuso sus argumentos en torno a la nueva ley de seguridad ciudadana. Él dice que el proyecto es un “compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales y paramilitares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.

Este gobierno ha utilizado un expediente que ha generado gravísimas consecuencias y es homologar a los jóvenes que se han hecho llamar de primera línea, como si se tratara de una organización ilegal, criminal y terrorista. Muchos de esos jóvenes han terminado siendo asesinados en las protestas, o fuera de las protestas, y hay muchos ejemplos de eso. Ahora, que esos muchachos utilicen cascos para protegerse de la acción policial, o gafas, eso no es ninguna clase de delito y no debiera serlo porque eso les ha salvado la vida a muchos de ellos. Entonces ese artículo está redactado de tal forma que cualquier persona que utilice hasta un tapabocas puede terminar siendo considerado como una persona que está participando de acciones ilegales y violentas. Eso es reforzar un imaginario que estigmatiza y que genera una visión peligrosista para quienes ejercen la movilización pacífica.

Se genera un nueva situación en la cual, cualquier ciudadano en cualquier circunstancia, que esté en una vivienda, en su negocio, en sus tierras, porque esto también es aplicable a un campesino, y una persona entra a una propiedad que otro reclama como suya, pues obviamente el dueño puede dispararles y después tendrá que ser la Fiscalía la que demuestre que el ciudadano ha incurrido en un delito. Es evidente que se amplía el rango de posibilidades de que se cometan hechos de violencia.

Todo el mundo que sienta que está en peligro va a optar por pedir un arma. Y obviamente quien pueda comprarla y quien reúna los requisitos de ley porque, digamos, tampoco hay una restricción severa. Lo que vamos a tener son miles de ciudadanos armados como resultado de esta ley, además, este podrá usarla en su domicilio. Es una licencia para matar.

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El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien también es autor del proyecto de ley que fue conciliado ayer, explicó que en los artículos se establece que el derecho a la legítima defensa privilegiada se incorpora en casos en los que hay proporcionalidad. “Se les acabó el jueguito a los delincuentes que capturaban y salían a burlarse de los colombianos”, dijo sobre la aprobación de la iniciativa de ley.

Yo ejerzo la protesta social a cara limpia, no tengo miedo. Yo creo que en Colombia tenemos que eliminar ese miedo de ejercer la protesta social. Para mí, la protesta es sagrada, todos la podemos ejercer, pero cuando esa protesta va encaminada a dañar los bienes públicos, a dañar a la Fuerza Pública, creo que nosotros tenemos que entrar a definir y poner límites. Los encapuchados que maltratan a nuestros uniformados lo que hacen es taparse la cara y obstruir la justicia, y yo creo que sí debe tener un atenuante de agravación como lo tiene esta ley.

Nosotros lo dejamos determinado de tal manera que tuviese la garantía del ciudadano. Muchos ciudadanos hoy tienen problemas; por ejemplo, el señor al que se le metieron a la casa, que lo iban a atacar, a robar, y este dispara contra uno de los delincuentes y muere. Y el señor está hoy en la cárcel cuando uno debería realmente mirar si eso es justo o no.

Las armas deben ser un monopolio del Estado. Excepcionalmente se debe permitir a algunas personas utilizar armas. ¿Qué hago yo? No solamente armas de fuego, sino que también les pongo restricciones a las armas traumáticas. Eso es lo que hace esta ley. Los atracadores obviamente no sacan permiso para tener un arma de fuego o una traumática. Ellos buscan en el mercado negro. Yo lo que personalmente haría es un bloque de búsqueda para atacar y buscar todas las armas ilegales que hay en este país. Eso sería una política pública. Hoy, con nuestra ley, no solo lo mandamos para la cárcel por el hurto en sí, con arma de fuego, sino que también lo condenamos por el porte ilegal de armas traumáticas. Esa es mi concepción democrática.

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