77 de cada 100 denuncias de corrupción en Colombia siguen en indagación

En Colombia, entre el 2010 y lo que va corrido de 2023, hubo 57.582 denuncias por hechos de corrupción: en el 93,99 % de los procesos penales abiertos por esas denuncias no hay condenas; en el 89,7 % no se ha producido ni una sola orden de captura y 77 de cada 100 casos de los últimos 13 años apenas va en estado de indagación preliminar.

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Los datos fueron presentados este lunes por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en lo que el Gobierno bautizó como el primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la istración pública.

Se trata de una investigación de largo aliento que se inició hace varios meses y que pone en blanco y negro uno de los delitos que desangran al Estado. Así, por ejemplo, permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos, y que, a su vez, son los que muestran una debilidad institucional mayor.

Hay una Colombia profunda en la que la lista de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción la encabezan Vaupés, 98,6 %; Guaviare, 98 %, y Guainía, 96 %. ¿Por qué ese fenómeno allá? “La lejanía parece cómplice de la impunidad. Estos porcentajes reflejan la falta de presencia y capacidad institucional en estos departamentos, si comparamos el índice de desempeño con nuestro hallazgo, se puede evidenciar que para estas regiones se relaciona directamente la ausencia de Estado con la capacidad de lucha contra la corrupción”, le dijo Idárraga a EL TIEMPO.

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Ante las cifras, el funcionario se mostró categórico: “Colombia agoniza en un mar de impunidad”, dijo. Sin embargo, ve salidas.

“Nos reafirmamos en la convocatoria de la Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia gubernamental contra la corrupción, la cual encabeza el presidente Gustavo Petro”, una instancia que busque urgentes soluciones. De lo contrario, el país pierde: “En un mar de impunidad cualquier sociedad se ahoga”, dice él.

La Comisión Nacional de Moralización está conformada por el Ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

En el listado de los delitos cometidos, el primer lugar lo ocupa el peculado por apropiación, con un 26 %; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24,6 %; concusión, 10,1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8 %; interés indebido en la celebración de contratos, 7,4 %; cohecho propio, 3,7 %; peculado por aplicación oficial diferente, 3,5 %; enriquecimiento ilícito, 3,1 %; tráfico de influencias de servidor público, 2,4 %, y peculado por uso, 2,1 %.

Por departamentos, en la fila de las denuncias asociadas a corrupción sin condena se encuentran San Andrés, 99,1 %; Guaviare, 99 %; Bolívar, 98,5 %; Putumayo, 97,6 %; La Guajira, 97,5 %; Casanare, 97,5 %; Córdoba, 97,2 %; Vaupés, 97, 2 %; Arauca, 97 % , y Sucre, 96,8 %.

“Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción apenas se asoma a un tímido y cobarde 6 %, hecho que como nación causa vergüenza”, dice el director de Transparencia.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95 %, y 12 están entre el 90 y el 94,9 % de impunidad, solo superados por Bogotá, que tiene el 88 % de impunidad. En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la istración pública, se ubica en el 94 %.

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“El presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía para que actúe con la misma celeridad como lo hizo con la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord. Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”, argumento Idárraga.

Dolor y tristeza, pero a la vez un desafío que nos compromete con toda la sociedad, para que abandonen la idea de que todo sigue igual, tenemos la obligación de que este sea el gobierno del cambio contra la corrupción. La impunidad viraliza la corrupción, ante la ausencia de sanciones efectivas.

El delito de peculado por apropiación hace referencia a la acción reprochable que puede cometer un servidor público al apropiarse en provecho suyo o de otra persona de los bienes o recursos del Estado. Para nadie es un secreto que muchos funcionarios han aprovechado su paso por el poder como si se ganaran el baloto malversando el dinero público, situación que se evidencia en las cifras y que ubican en el primer lugar este delito.

Esta cifra se relaciona directamente con las capturas asociadas a delitos de corrupción istrativa realizadas en el departamento en los últimos 13 años, esto quiere decir que de las 228 denuncias realizadas, solo terminaron en condena dos procesos, dejando sin condena 226. Lo preocupante es que el departamento ya ha tenido alertas e investigaciones relacionadas con corrupción. San Andrés debemos salvarla de la corrupción.

REDACCIÓN POLÍTICA