Decreto de Petro revoca medidas de gobierno Duque sobre esquemas de seguridad

Una de las últimas polémicas del gobierno de Iván Duque fue el decreto 1064, firmado el 24 de junio de 2022, apenas un mes y medio ante de su salida de la Casa de Nariño. A través de este, establecía que automáticamente los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional o los que firmaron extradiciones debían tener un esquema de seguridad, que se prolongaría hasta después de salir de sus funciones en Gobierno. Además, incluyó a los líderes religiosos como población en riesgo para la entrega de esquemas. Varios cuestionaron que esto implicaba una entrega de esquemas casi automática sin entrar a ver si esto era necesario.

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Un decreto del presidente Gustavo Petro reversó estos dos puntos y volvió a la asignación de esquemas con los criterios del decreto 1066 de 2015. La determinación firmada por el presidente el 2 de agosto y dada a conocer hasta este martes define que debe haber más criterios para la asignación de esquemas de seguridad.

Bajo esta argumentación, el primer mandatario eliminó los apartados en los que se entregaba automáticamente el esquema a los funcionarios que firmaron extradiciones o del Consejo Nacional de Seguridad. De acuerdo con la justificación, aunque hay funcionarios que firman extradiciones y ayudan al primer mandatario a hacer políticas de seguridad, es en el primer mandatario en el que recae la decisión final y la responsabilidad por las determinaciones tomadas.

“Que algunos servidores públicos asesoren al Presidente de la República en temas de seguridad nacional o sobre la extradición de alguna persona, quien en realidad adopta las decisiones es el Presidente de la República, de allí que quien funge como tal al dejar el cargo, cuenta con medidas de protección vitalicias”, dice el decreto.

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En ese mismo sentido, se señaló que conceptos de la UNP han señalado que no es necesario incluir la categoría de líder religioso en el decreto de protección puesto que estos, de acuerdo con la labor que ejercen en las comunidades pueden ser categorizados como “líderes sociales, defensor de derechos humanos, líderes de víctimas, líder de comunidades étnicas, entre otros”, que ya están enmarcados en otros decretos anteriores.

Bajo esta argumentación, Gustavo Petro retiró los cambios en la entrega de esquemas hechos por Iván Duque a dos meses de su salida. En su momento fue tomado como una medida del saliente mandatario para otorgar esquemas a varios de sus funcionarios. La justificación de este cambio es “precisar cuál es la población objeto” de protección y así focalizar los esfuerzos.

En el decreto también se deja claro que habrá un régimen de transición en el que se le da a la Unidad Nacional de Protección (UNP) 10 días hábiles para que inicie una “reevaluación del nivel del riesgo de estas personas –las que ya no aparecen en el decreto de protección-, ara determinar su subsiste un nivel de riesgo extraordinario o extremos, y en tal caso asignarles las medidas de protección ajustadas a las disposiciones vigentes”.

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Por el contrario, si se encuentra que no hay peligro sobre sus vidas, se procederá a quitarles el esquema que se les dio por el simple hecho de ajustarse a los criterios fijados por el gobierno de Iván Duque. Por otro lado, se dejó claro que la vigencia es inmediata.