A 476 mil millones de pesos ascienden demandas por cárcel injusta

Entre el 1 de agosto del año pasado y el 31 de marzo de este había 484 procesos contra el Estado.

En una sola de las demandas, las supuestas víctimas son 350.000 personas. Foto: Martín García

REDACTORA A27.08.2019 19:22 Actualizado: 27.08.2019 19:41

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La cifra se conoció este martes durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre diferentes aspectos del tema carcelario en Colombia y en la que participaron, entre otros, el Ministerio de Justicia.

Según cifras de esta cartera, entre el primero de agosto del año pasado y el 31 de marzo de este año había 484 procesos activos que cuestionan al Estado por detenciones injustas.

Estos procesos tienen pretensiones económicas por 476.315’840.160 pesos, los cuales deberán salir de las arcas del Estado en caso de que los demandantes que interpusieron estos recursos ganen tales pleitos.

Las cifras para cada caso varían y dependen de las pretensiones que aleguen los perjudicados con los encarcelamientos que consideran injustos.

Esto se traduce en que hay casos en que los demandantes incluyen no solo el hecho de haber estado en prisión sin haberlo merecido, sino diferentes tipos de afectaciones derivadas de esta situación.

Entre las variables que se incluyen en estos recursos, dependiendo en caso, están el tiempo de detención, si esta fue intramural o domiciliaria, el impacto social que pudo haber causado y el número de familiares que habrían sido afectados con la detención del demandante.

Sanciones a Fiscalía

Un apartado de los recursos contra el Estado por detenciones injustas lo protagoniza la Fiscalía General de la Nación, responsable de solicitar ante los jueces las detenciones preventivas en los procesos penales que desarrolla.

Recientemente una decisión de la Corte Constitucional ajustó la manera cómo se deben analizar esta clase de demandas, las cuales usualmente tramita el Consejo de Estado.

El alto tribunal constitucional determinó que el contencioso istrativo debe analizar caso por caso estos recursos y tomar en cuenta diferentes variables antes de condenar al ente investigador por las detenciones preventivas injustas.

En esta decisión fueron claves los argumentos no solamente del propio ente acusador, sino también de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el organismo responsable de defender a las entidades oficiales frente a estos recursos ciudadanos.

Entre el 2011 y julio de 2018, la Fiscalía General ha sido declarada responsable patrimonialmente en condenas que sumaron más de un billón de pesos. Estas condenas fueron por la errónea imputación de delitos a quienes fueron detenidos preventivamente y por la privación injusta de la libertad.

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