Denuncian ante Petro saboteo a la Gerencia Especial para La Guajira

Un grupo de académicos, líderes sindicales y dirigentes políticos de La Guajira -incluidos varios del Pacto Histórico- le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncian una "confabulación del poder central" para mantener en el poder al senador Alfredo Deluque Zuleta (Partido de la U), a quien en la misiva acusan de "poner obstáculos" a la Gerencia Especial para La Guajira. Esta es la entidad territorial creada por el mandatario para atender la crisis humanitaria que ha generado la muerte de niños y niñas wayuu por desnutrición.

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"Es evidente, la confabulación desde el poder central, la reciente visita del Ministro del Interior (Alfonso Prada) así lo confirma, para mantener el poder corrupto del senador Alfredo Deluque Zuleta en la gobernación de La Guajira y en instituciones como ICBF, CORPOGUAJIRA , entre otras, que despilfarran los recursos que podrían paliar el hambre y sed de esas comunidades", dice la misiva.

En la carta también se denuncia que Deluque Zuleta habría cooptado a dirigentes indígenas para promover el más reciente paro wayuu y de esta forma poner "palos en la rueda" a la Gerencia Especial para La Guajira.

Ante la mención que hacen los líderes regionales en la carta, el ministro del Interior Alfonso Prada en conversación con EL TIEMPO señaló que en su visita a La Guajira se da estrictamente para adelantar una reunión con las autoridades del pueblo wayuu.

“Hicimos seguimiento a temas de la consulta en desarrollo de la sentencia T-302 y verificamos el levantamiento de la protesta social. Solo voy a unir al pueblo Wayuu y con las autoridades que ordenó escuchar la Corte Constitucional”, dijo.

Por su parte, el senador Deluque rechazó lo dicho en la misiva. Incluso, señaló a uno de los firmantes como el gran incitador de la denuncia: Javier Rojas. Según Deluque, dicha persona tiene interés en la contratación del departamento, por lo que habría hecho esa denuncia con dicho fin: “no es nada más”.

“Quieren decir que yo me quiero meter para mantener un supuesto control en el ICBF. Ojalá investigaran ahí para que encuentren de verdad quiénes son los de las presiones indebidas en el ICBF, quiénes rondan a diario sus pasillos para intentar amañar la contratación y quiénes presionan a los operadores para que los favorezcan”, agregó.

La carta está firmada por líderes políticos de la región como Luis Fernando Lobo, Álvaro Mendoza Arévalo, José Montiel Romero (presidente Polo Democrático en la Guajira), Rubén Peña (responsable del Partido Comunista) y Límbano Diaz (dirigente de juventud del Pacto), así como por académicos y líderes sociales, entre los que destacan Rosa María Brito (dirigente Afro) y Matilde López Arphusana (premio nacional de Derechos Humanos Colombia 2014).

Hay que recordar que la creación de la 'Gerencia para La Guajira' fue anunciada por el Gobierno nacional en enero de este año en cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira. La entidad, que funciona a través del Departamento istrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), tiene como propósito atender la crisis humanitaria que ha generado la muerte de cientos de niños y niñas wayuu por desnutrición.

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En el documento también se enumeran una serie de hechos que son causantes de la crisis de hambre y desempleo en el departamento, entre ellos, la desaparición de Salinas de Manaure y de la empresa Provisión de aguas, la crisis del Régimen Especial Aduanero, la caída de Maicao como vitrina comercial y la situación de las EPS en la región.

"Los 26 kilómetros del Río Ranchería dentro del área del extractivismo carbonífero y la posterior Represa del Cercado han sido elementos que han contribuido con el incremento de la desertificación y escasez de agua en La Guajira, causa principal del hambre y sed que mata a nuestros niños ante la mirada indolente de la clase política nacional y regional", agregan.

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Los firmantes del documento concluyen que, pese a que no se puede desconocer la labor humanitaria que se ha realizado desde la gerencia, hay "enemigos ocultos y abiertos" en el poder central y regional que bloquean el accionar de la entidad.

"Le solicitamos muy comedidamente tomar cartas en el asunto a la mayor brevedad. Creemos que si en un par de semanas la situación no cambia, la Gerencia Especial pierde la razón de su funcionamiento mientras los recursos destinados para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional son apropiados, dilapidados y desviados por los reconocidos ladrones empoderados en las instituciones dedicadas a la solución de los graves problemas que padece la población indígena", concluyen.

Y es que según datos de la Defensoría del Pueblo, en los primeros dos meses y medio de 2023, se registraron 4.474 casos notificados de desnutrición aguda de los cuales 376 son en La Guajira.

Asimismo, se reportaron 18 muertes notificadas por esta enfermedad o causas asociadas en menores de 5 años en ese departamento, lo que equivale al 30 por ciento del total de fallecimientos registrados en el país.

REDACCIÓN POLÍTICA