Al menos 380 municipios están en riesgo a 75 días de las elecciones regionales

El periodo electoral que vive el país de cara a los comicios regionales del próximo 29 de octubre es el más violento que se ha registrado en los últimos ocho años, en los que además se ha observado una tendencia al alza.

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Así lo señalan las cifras que ha recopilado la Misión de Observación Electoral (MOE). En las elecciones regionales de 2015 se reportaron 103 hechos violentos contra liderazgos políticos; luego, en las elecciones de 2019 hubo 132 y, desde el 29 de octubre de 2022 al 11 de agosto de este año, ocurrieron 245 hechos violentos contra este tipo de liderazgos en el país. De dichas acciones, 29 fueron asesinatos.

Vale la pena aclarar que, de ese total, se cuentan ocho candidatos violentados desde el 29 de julio, cuando se cerraron las inscripciones de candidaturas: cinco recibieron amenazas, uno fue objetivo de atentado y dos fueron asesinados.

Uno de ellos era Jorge Saúl Cruz Pardo, quien aspiraba al concejo de El Carmen de Chucurí, en Santander, por el partido Creemos. El otro, Leandro Sánchez, se había postulado al concejo del municipio de Honda, en el Tolima, departamento que, a propósito, es uno de los más afectados, así como Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca y Cauca. En este último, de hecho, el fin de semana subieron las alertas tras los ataques de las disidencias de las Farc que dejaron cuatro policías muertos.

En medio de este preocupante panorama, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le entregó este martes al presidente Gustavo Petro un informe en el que se constata que, según información recopilada por esa entidad, hay 380 municipios que están entre riesgo alto y extremo de cara a las elecciones, es decir, con alta probabilidad de registrar hechos que vulneren los derechos humanos.

“El suroccidente es una zona que tiene alta preocupación, teniendo en cuenta la presencia de las diferentes facciones de las disidencias y la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Y ya vemos cómo se ha intensificado el carácter expansivo de las distintas estructuras armadas ilegales, entiéndase ‘clan del Golfo’, que desde la Defensoría hemos evidenciado que hacen presencia en más de 392 municipios”, dijo Camargo.

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La preocupación también se percibe en Medellín. Federico Gutiérrez, candidato a la alcaldía de esa ciudad, por ejemplo, expuso su intranquilidad al volverle a insistir al Gobierno en que reconsidere la propuesta de liberar a de bandas criminales con los que está negociando para que socialicen los alcances de la ‘paz total’.

“En plena época electoral van a soltar a los cabecillas que nosotros capturamos en nuestra istración, ¿con qué propósito? ¿Intimidar en los barrios para que no puedan votar por nosotros?”, cuestionó Gutiérrez en diálogo con Blu Radio.

En Sucre, por otro lado, el gobernador Héctor Espinosa Oliver denunció que los candidatos tienen que pagar extorsiones a del ‘clan del Golfo’, bien sea con dinero o en especie (piden “hasta cinco motocicletas”). De no acceder, asegura, les prohíben ingresar a veredas y corregimientos para exponer sus propuestas.

“Hay regiones como los Montes de María o zonas rurales del municipio de El Roble y en la región de La Mojana donde los candidatos tienen que pedirles permisos a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ para poder hacer política”, afirmó el mandatario local.

A las voces de alarma se sumó la Federación Nacional de Departamentos, que le hizo otro llamado al Presidente y a su gabinete para contrarrestar la situación de violencia en las regiones. “Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la Nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz?”, señalan en un comunicado.

Ahora bien, Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la MOE, en entrevista con EL TIEMPO, explicó que estas situaciones denunciadas y el incremento de violencia política se deben, principalmente, al aumento de presencia de armados ilegales en el país.

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“El incremento de un control hegemónico de algún grupo o los enfrentamientos (entre diversas estructuras) generan una fuerte afectación a los distintos liderazgos que había en zonas donde anteriormente la situación no era tan preocupante”, dice Vela. Y resalta que si bien la MOE valora el cese del fuego con el Eln, esto no es suficiente porque “el Eln convive con otros grupos armados y en muchos territorios están enfrentados con el ‘Estado Mayor Central’ ”.

EL TIEMPO consultó con fuentes del alto gobierno para saber qué medidas especiales se tomarían frente al recrudecimiento de la violencia. Pero, desde el Ministerio del Interior indicaron que, por ahora, seguirán enfocándose en el programa Tu Voto es Poder y en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), parte del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. Este está en proceso de definir medidas de seguridad para candidatos en riesgo.

Y fuentes de las Fuerzas Militares y la Policía le indicaron a este diario que el Plan Democracia, con el que se generan las órdenes y dispositivos para garantizar el desarrollo de los comicios, se activó hace dos meses. Cuentan con 300.000 uniformados en el país.

El senador Juan Felipe Lemos, uno de los copresidentes del Partido de ‘la U’, denunció en diálogo con EL TIEMPO que su colectividad ha sido víctima de dos hechos irregulares en Antioquia. Su candidato a la alcaldía de Bello, Jesús Ernesto Zapata, ha recibido amenazas. Reportaron que, el domingo pasado, Lemos y parte del equipo iban a participar en un evento en Anorí, y no pudieron llegar porque la caravana que los transportaba fue atacada con explosivos.

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Las denuncias también vienen del Centro Democrático, por amenazas a sus candidatos en Norte de Santander. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, manifestó que en el norte del Huila se han reportado casos en los que armados “dicen que no pueden votar por nosotros”. Esto también estaría ocurriendo en Cauca.

Entre los conservadores hay denuncias similares. Fuentes de la colectividad señalaron que hay territorios en el Huila y Caquetá donde está vedado el . “Volvimos a la época en la que había lugares donde no se podía hacer campaña”, dicen. Igualmente, en el Pacto Histórico han sido víctimas de esta situación, pues algunos candidatos han sido amenazados.

REDACCIONES POLÍTICA, NACIÓN Y JUSTICIA