Esto es lo que costará la reforma de la salud según los cálculos del Ministerio de Hacienda

La reforma de la salud fue radicada este viernes en la Cámara de Representantes. Más allá de la polémica que generó su radicación si aviso alguno, una de las preguntas que se venían haciendo es si contaría con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Entre los documentos presentados está un concepto de la cartera de Ricardo Bonilla.

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En el documento de 12 páginas se destacaron los criterios “progresividad y gradualidad” que dejó constancia la dependencia liderada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Se reconoce que el proyecto es “fiscalmente retador” pero que con estas medidas se garantiza su implementación.

Sobre todo, se hace énfasis en esta gradualidad en temas como las licencias de maternidad, el fortalecimiento de la red pública y el saneamiento de las deudas con los hospitales públicos.

Por otro lado, se aclara desde el comienzo del texto que las cuentas se basan en los cálculos hechos por el Ministerio de Salud sobre los costos de la reforma hasta 2034 y se entran a contrastar con los ingresos proyectados al sistema.

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Para el cálculo de ingresos se tienen en cuenta las cotizaciones, los recursos del Sistema General de Participaciones que van a la salud y otras fuentes. Según las proyecciones, año a año se está alcanzando un crecimiento progresivo que comienza en 99,6 billones para 2025 y su proyección es de 156,6 billones pesos para 2034.

Al entrar a hacer un análisis sobre el gasto por 10 años. Se observa que en 2025, cuando comenzaría la aplicación de la reforma, se comenzaría con gastos directos de 97,4 billones de pesos y se suma a gastos indirectos de 1.8 billones y 450.000 millones de gastos de gestión. En total para el primer año sería un gasto de 99,6 billones y un ingreso similar, en el balance hecho por Hacienda hay un diferencial negativo de menos 1.000 millones.

En el segundo año se tiene en las cuentas un gasto de 104,3 billones de pesos y un ingreso similar, que permitiría tener un balance positivo de 4.000 millones. El tercer año es similar, con un total de gastos de 109,72 billones y un ingreso de 109,73 billones, que permitiría un superávit de 3.000 millones de pesos.

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No obstante, en los siguientes dos años las cuentas son más cerradas. Para 2028 se tiene proyectado un gasto de 115,439 billones y un ingreso de 115,438 billones, lo que implica menos 100.000 millones de pesos en el balance. En 2029 el balance sería en ceros: 121,45 billones de gastos e ingresos.

Ya para el 2030, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, se estabiliza el gasto y se comienzan a tener números positivos de forma constante. En el 2030 se tendría un balance positivo de 1,38 billones, en 2031 sería de 2,8 billones, para 2032 sería de 4,2 billones, para 2033 sería de 5,4 billones y la cuenta se cierra con 7,7 billones de balance favorable para el 2034.

Aunque las cifras cuadran para el Ministerio de Hacienda, se deja la notación de que las disposiciones del proyecto y su implementación “deberán considerar los principios constitucionales y legales de disciplina fiscal y planeación presupuestal”, esto para poder cumplir con lo proyectado.

“En este sentido, y conforme a lo expuesto en este documento, el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, dice el concepto del Ministerio de Hacienda.

En el documento presentado a la Cámara se deja claro que en las cuentas anuales no se tiene en cuenta el sistema de información proyectado en la reforma puesto que eso haría parte del presupuesto de Funcionamiento de la ADRES. Luego se procede a desglosar de dónde salieron los montos.

En el punto de atención primaria en salud, que es uno de los ejes principales de la reforma, se asumieron los costos de la mano de obra directa e indirecta, los gastos de operación y prestación de servicios, los gastos generales, y los dineros destinados a la mediana y alta complejidad y fortalecimiento de la red pública.

En otros apartados se tuvieron en cuentas las prestaciones, que son incapacidades y licencias; las becas; las licencias de maternidad de no cotizantes; el fortalecimiento institucional, y el fondo de atención de catástrofes.

Luego se calcularon los gastos indirectos, que son los provenientes de la atención a la población migrante, la atención del SOAT y el saneamiento de los hospitales. El último rubro es el de los gastos de gestión y allí se tuvieron en cuenta los incentivos de calidad y las unidades zonales.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción Política