¿Qué tanta posibilidad tiene el presidente Petro de conseguir los votos para su consulta popular? Analistas opinan

En la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro anunció en alocución que buscará convocar a una consulta popular para que sea la población colombiana la que decida sobre el futuro de las reformas sociales que aún se tramitan en el Congreso: salud y laboral. Esto en respuesta al apoyo mayoritario a la ponencia de archivo de la reforma laboral que le dio la Comisión Séptima del Senado. 

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El mandatario recurrió a esta figura consagrada en la Constitución y que fue establecida en 1991 como uno de los mecanismos de participación a la población civil. Precisamente está consagrada en el artículo 103 de la Carta Magna y está desarrollada en el Título V de la ley 134 de 1994. 

En dicha ley se deja claro cuál es el mínimo de votos que se deben obtener para que la pregunta que se le haga a la población sea vinculante. 

"La decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria. Se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral", dice el artículo 55 de la ley 134 de 1994.

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En este caso puntual, el último censo electoral en Colombia está en 40,963,370 hombres y mujeres. Lo que implica que cada pregunta debe tener un participación de 13,654,457 personas y deben votar sí 6,827,229. De no lograrse ese mínimo, no será vinculante el resultado de la consulta, así sea el sí el que consiga una mayoría en dicho sufragio. 

Para el profesor Jairo Libreros, de la Universidad Externado, es muy difícil que el mandatario nacional logre superar el umbral. "No existe la más mínima posibilidad", indicó el académico, que aseveró que el Gobierno no tendría las capacidades para sacar a las urnas tal cantidad de personas. Señaló que las convocatorias en las calles del Ejecutivo no han sido multitudinarias. 

Vale recordar que la última consulta popular de la que se tiene antecedente fue en 2018, la consulta anticorrupción, y fue liderada por el exalcaldesa Claudia López. En ese momento había en el censo 36,421,026 colombianos, de los cuales participaron 11,671, 420. Aunque dicho tema tuvo gran acogida, se quedó corto por poco menos de 500.000 votos. 

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En este caso, sería más difícil lograr sacar a la población a votar, pues es un tema controvertido en el que hay posiciones encontradas. Ambas reformas del gobierno tienen tanto adeptos como detractores, mientras que la consulta anticorrupción tuvo una acogida de casi el 99 por ciento de los que salieron a las urnas. 

Por otro lado, los contrarios a las reformas pueden hacer incluso campaña para que la población evite participar de la consulta y así no supere el umbral mínimo de votos. A esto hay que sumarle que antes, el Senado debe dar un concepto positivo a la convocatoria, una corporación que le ha sido adversa al Ejecutivo. 

De acuerdo con la ley 134 de 1994, el Presidente, con firma de sus ministros, debe enviar la solicitud al Senado para que lo habilite a convocar una consulta popular. Solo con el visto buena de esta corporación de puede recurrir a este mecanismo. El problema es que el Ejecutivo no tiene buen recibimiento allí. 

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De esta forma, aunque el gobierno le apuesta a la plenaria del Senado, el margen de posible victoria sería muy cerrado, por lo que muchas posibilidades de que ni siquiera puedan hacer el llamado a las urnas. La oposición tiene una ligera ventaja para darle el no a la propuesta. 

Como ya se dijo, el último antecedente de una consulta popular fue la que se hizo en 2018. Esta costó 310.479 millones de pesos en su momento. En la actualidad, esta costaría mucho más ante la inflación y el aumento en casi 5 millones del censo electoral. No hay forma de abaratar costos pues, así la participación no supere 1/3 del censo, debe garantizarse material electoral para todos los posibles votantes. 

En ese sentido, el registrador Hernán Penagos ha dicho con anterioridad que en la entidad que lidera hay preocupación debido a que no habría los suficientes recursos para cumplir con las elecciones atípicas que deberían realizarse en 2025. Una consulta solo traería más presión fiscal, lo que abriría la puerta a otras discusiones como lo son la ley de financiamiento o reforma tributaria. 

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política