La alerta por el decreto del Minagricultura que revive el fantasma de la expropiación

El fantasma de la expropiación que generó alertas durante las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo por un artículo propuesto por el Gobierno revivió en los últimos días luego de que se hizo público un decreto que prepara el Ministerio de Agricultura.

A juicio de varios sectores políticos y económicos, dicho decreto, que regula el artículo 61 del Plan de Desarrollo, vulnera los derechos a la propiedad privada y al debido proceso, pues lo que el Gobierno llama implementar “mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria” se traduce en una expropiación exprés.

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La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó que “en este decreto se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de gobierno que quedan para llegar a 1,5 millones hectáreas, que son la apuesta de la reforma agraria”.

El proyecto de decreto también incluye la terminación anticipada del proceso de extinción de dominio, algo que el ministerio califica como “inédito”.

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Esto quiere decir que el propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la ANT y así la extinción quedaría suspendida.

En el caso de que el propietario decida venderlo de forma anticipada,

Pero a juicio de los críticos, se estarían vulnerando los derechos a la propiedad privada y al debido proceso.

Una de las primeras alertas a propósito del proyecto de decreto la hizo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, cuya crítica toma relevancia, teniendo en cuenta que hace parte de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla del Eln y firmó un acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro para venderle tierra de ganaderos al Estado y entregarla a campesinos.

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“Según diversos análisis, desde el punto de vista jurídico genera serios cuestionamientos y riesgos que, más que contribuir a un adecuado ejercicio en la adquisición de tierras en la reforma rural integral, ponen en entredicho el respeto a derechos fundamentales”, aseguró Lafaurie.

Además, expresó que el acuerdo que suscribieron Fedegán y el Gobierno Nacional ha tenido respuesta positiva por parte de los ganaderos.

“El acuerdo ha contribuido de manera sustancial a un relacionamiento institucional pacífico y armónico, de manera que no se hace necesaria la expedición de normas como las contenidas en el proyecto de decreto”, aseguró Lafaurie.

En ese mismo sentido opinó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (I). “El Gobierno estaría yendo en contravía del derecho a la propiedad y el debido proceso, afectando la iniciativa privada y el libre ejercicio de la actividad económica consagrados en los artículos 58 y 333 de la Constitución Política”.

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Desde el Congreso, incluso, acusan al Gobierno de haber metido un mico en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que ese artículo 61 era en principio el 55 del proyecto y se cayó, pero finalmente el Ejecutivo logró revivirlo “a escondidas de los senadores”, escribió la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en su columna publicada en El Expediente.

De hecho, una vez en el Congreso se conoció que el polémico artículo 55 revivió en el 61 tras hundirse, ya está demandado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Pedimos a la Corte Constitucional revise con lupa el artículo 55 convertido en 61 en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, allí podría existir una figura de expropiación que pondría en riesgo la propiedad privada en nuestro campo colombiano”, argumentó en su momento el senador conservador Efraín Cepeda.

Según el senador David Luna, de Cambio Radical, lo que pretende hacer el Gobierno no se puede hacer vía decreto y debería llevarse a cabo vía ley estatutaria.

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“Estas modificaciones deben ser objeto de una ley estatutaria (reserva legal) con previo debate en el Congreso. Estas decisiones no pueden tomarse a partir de un simple decreto, norma de inferior jerarquía y cuya adopción no se somete a discusión y votación. En caso de expedirse es abiertamente inconstitucional”.

Y señaló que “el derecho a la propiedad es un derecho fundamental de acuerdo con nuestra Constitución. Es muy preocupante que el borrador de Decreto del gobierno Petro sobre compra de tierras abra la puerta para una expropiación rápida y sin garantías, eliminando la posibilidad de los particulares de controvertir y limitando desproporcionadamente su derecho”.

MATEO GARCÍA 

REDACCIÓN POLÍTICA