‘La nueva reforma de la salud amenaza la equidad’: Fernando Ruiz

El exministro de Salud hace denuncias alarmantes y confiesa que siente tristeza, angustia e incertidumbre ante el futuro del sistema de salud que se implantará en el país.

Muy poco. El Ministerio de Salud se ha especializado en lanzar documentos de los cuales después niega paternidad o maternidad. Han sido solo anuncios: que van a acabar las EPS, o que presentarán un modelo con énfasis preventivo.

(Le puede interesar: Gobierno denuncia al exministro Fernando Ruiz por comprar medicamentos en exceso).

Treinta años de desarrollo y aprendizaje en un sistema de salud, en procesos de atención, de servicios, de provisión de medicamentos y de insumos para la adecuada atención. Los sistemas de salud son supremamente frágiles; con decisiones equivocadas entran en crisis fácilmente, y lo peor es que sus desenlaces se miden en mortalidad y morbilidad. Estamos jugándonos decisiones sobre la política social más importante de este país, porque es la única que realmente cubre 51 millones de colombianos.

Lo más grave es qué es lo que se busca afirmando que tenemos uno de los peores sistemas del mundo, lo mismo que el manejo de la pandemia. Creo que es generar zozobra e incertidumbre.

Y salió otro anuncio. Que las EPS van a concentrarse en la atención de la población de clase media y alta. El Gobierno ve que no hay ambiente en la opinión para acabar el sistema de aseguramiento. Entonces, se está buscando variar hacia otro escenario, en el cual las EPS se transformen en proveedoras complementarias de servicios de aseguramiento. Lo más grave de eso es que volveríamos a un sistema de hace treinta años, donde había una salud de los ricos, de clase media para arriba, con posibilidad de tener oportuno a servicios y tecnología, y una salud para los pobres, como fue la de los hospitales de caridad hasta principio de los años noventa, antes de la Ley 100. Eso sería lo más inequitativo y denigrante para la población.

(Conozca más: Popularidad de Petro se mantiene, según encuestas).

Claro. En contravía de todos los supuestos de equidad, de progresividad y de promoción del de la población más pobre. Tendría consecuencias de salud terribles, pero también políticas.

De la Ley 100 a hoy nos llevó casi 25 años, porque la transformación del sistema se inició prácticamente en el año 95. Cambiar esto hacia otro modelo nos llevaría probablemente 20 años de transición. Ellos dicen que tomaría solo dos años. Pero tenemos 1.000 hospitales públicos y 10.000 hospitales privados. El 70 % o más de los procedimientos de los colombianos se hacen en los privados. Los públicos no tienen ninguna capacidad, en general, de coordinar redes de atención. Es un completo sinsentido operar un sistema donde los hospitales públicos coordinarán la atención y la derivación de los pacientes a los hospitales privados. Significa tener redes absolutamente inefectivas e inoperantes, donde los incentivos van a ir en todo el sentido contrario a la buena calidad y atención.

Hay un número pequeño de hospitales públicos muy bien manejados, pero son excepcionales. Hay instituciones bastante burocratizadas, con prestación muy limitada de servicios. Es un riesgo demasiado grande para los colombianos.

Esos programas son muy importantes a nivel de áreas rurales y en ciertas zonas urbanas de alta pobreza. El problema es que se pretende sustituir el modelo de atención por un modelo de ese tipo, sin tener claro cuántos son los recursos necesarios. Hablan de que aproximadamente sería un equipo por cada 400 familias…

¿Pero dónde están los más de 20.000 médicos que se necesitarían para hacer ese tipo de trabajo? ¿Cuál es el sustento técnico de esa cifra de cinco billones?

(Infórmese: Los desafíos del nuevo intento por alcanzar la paz con el Eln).

Brasil no pudo implementar ese proyecto con sus propios recursos médicos, y tuvo y allí ya se generaron unas demandas aceptadas en las cortes del Distrito de Columbia (EE. UU.) contra la Organización Panamericana de la Salud, que actuó como intermediaria, planteando una posible esclavitud laboral, porque de lo que le pagaban al Gobierno de Cuba, solamente algo así como la octava parte llegaba al profesional de la salud. Es muy cuestionable también la calidad de esos procesos de formación de muchos de estos médicos comunitarios. En Colombia estamos acostumbrados a modelos de atención donde la idoneidad de los trabajadores de la salud colombiana es absolutamente óptima.

El propio Ministerio de Educación hace años decidió reevaluar la convalidación de títulos de muchos de los médicos cubanos y venezolanos que conformaban esos programas de salud comunitaria: no tienen las capacidades. Si es por ahí, muy complicada la calidad en la atención.

Colombia está casi en el puesto 100 de mortalidad por covid durante el último año. Eso indica que el país tiene una cobertura de vacunación bastante amplia, que se logró durante nuestra gestión. Lo que tienen hacer ahora es avanzar, manteniendo obviamente la vigilancia sobre el covid.

Absolutamente preocupante; si para cualquier nueva situación que nos llegue tenemos un Ministerio muy dubitativo y muy poco estructurado para la toma de decisiones frente a los riesgos…

En temas avanzados, como la seguridad sanitaria y la producción de vacunas en Colombia, hoy hacen anuncios, pero no se avanza. Nosotros dejamos una política de seguridad sanitaria, que no se instrumenta mayormente. Dejamos una política de interoperabilidad, por ejemplo, de la historia clínica, y no vemos prácticamente ningún avance. Increíble que no se haya conformado, después de cien días, la nueva comisión de regulación de precios de medicamentos. Y todo porque falta el integrante que debe nombrarse desde la Presidencia de la República. La ministra sale en el Congreso a decir que la política de medicamentos es obsoleta, pero no ha estructurado ni siquiera la propia comisión para tomar las decisiones.

Y el ministerio es tremendamente simplista. Decir, no, cámbienlos por medicamentos genéricos. ¿Dónde están? ¿Cuál es la capacidad de provisión de ellos? Salen con este anuncio de Drogas la Rebaja, sin ninguna estructura de fondo…

Supuestamente, respaldar el modelo preventivo-predictivo; montan una cadena de provisión utilizando la estructura de Drogas la Rebaja. Pero su propia representante legal dice, y no la han podido refutar, que ella ya tiene un acuerdo legal firmado con la SAE, que les entrega la gestión y istración. La SAE responde entonces que van a firmar un memorando de entendimiento… Eso indica que estamos lejísimos de cualquier posibilidad de ese estilo. Mientras tanto, el ministerio no ha conformado la comisión de precios de medicamentos, y no se ha tomado decisión de cómo abordar la problemática de desabastecimiento. Simplemente, al Invima lo veo paralizado.

(Puede ver: Las claves de la inclusión de los ganaderos en la ‘paz total’).

El Invima no tiene capacidad de asegurar la calidad de cerca de 700 mataderos públicos abiertos en el país. No tiene los inspectores para mirar eso. Creo que el director del Invima debería ser trasparente y decirle al país si tiene esa capacidad. En su regulación se avanzó mucho durante el gobierno del presidente Santos, y se mejoró la calidad de la carne en Colombia. Lo cual no quiere decir que no existan ni deban existir mataderos públicos, pero bajo condiciones similares a las que tienen los privados.

Ahí hay otro problema de gestión: la actualización del manual tarifario del Soat. Hay un plazo perentorio que se vence el 26 de noviembre, por ley, en el cual se tiene que hacer esa expedición del manual tarifario. No se ha hecho, y lo que entiendo es que el ministerio ha dicho que no se va a hacer por ahora. También hay un problema con los ajustes por inflación, que está generando un desfinanciamiento del sistema de mediano plazo. Eso lo sufren, sobre todo, los hospitales, que están teniendo que comprar medicamentos e insumos a precios mucho mayores, y donde ya incluso hemos escuchado que hay proveedores que están pidiendo pagos en dólares, o tarifas dolarizadas.

En parte eso, y en parte falta de experiencia en gestión de lo público. Mucha gente que llegó al ministerio tiene muy limitada capacidad de gestión y conocimiento de lo que significan lo público, los riesgos y los efectos de sus decisiones. Además, es muy preocupante que durante estos cien días han anunciado que no van a renovar contratos de más de 200 personas. Prescindir de toda la estructura técnica, que no viene del gobierno pasado sino de años y años de capacitar y formar personal, es una pérdida de capital humano gigantesca.

A los técnicos que atendieron las pandemias, a los que hacían los cálculos financieros, a los que daban el soporte jurídico a las decisiones.

No ha avanzado. Especialmente en lo que tiene que ver con depresión, ansiedad, e intentos de suicidio, los índices han venido creciendo sustancialmente. Y también el problema del consumo de drogas, especialmente. Mire: la semana antepasada estuve en el municipio de Garzón, Huila, donde llevan casi cien intentos de suicidio en los últimos dos años. Ese es un tema muy complejo, que lo incrementó la pandemia, el aislamiento, la situación que enfrentamos…

Todo, hasta la incertidumbre que genera el propio gobierno. Esa situación realmente se está volviendo una bomba de tiempo, frente a la cual el Ministerio de Salud es solo silencio.

Tristeza, angustia y una gran incertidumbre sobre el futuro. La pregunta es: ¿cuánto vamos a durar en reconstruir, si esto llega a un nivel de destrucción, como el que está por lo menos insinuado en esos anuncios?

(Siga leyendo: Roy Barreras propone a Vargas Lleras para la alcaldía de Bogotá).

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO