Crean Instituto Nacional de Vías Regionales: podrá contratar a dedo con organizaciones

Vía decreto, por facultades extraordinarias, el gobierno del presidente Gustavo Petro creó una poderosa entidad pública que será la encargada, "en cooperación con los departamentos, municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales o privadas" de la contrucción, mejoramiento y conservación de los caminos vecinales o territoriales en todo el país.

La nueva entidad se llamará Invir -Instituto Nacional de Vías Regionales- y reemplazará al Invías en las tareas relacionadas con vías terciarias y regionales, pero con una facultad que durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ya generó polémica: la de contratar directamente el desarrollo de proyectos e infraestructura vial con las que el Gobierno llama "organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción social, comunal o comunitaria" y otras.

El decreto, que está vigente desde el pasado 15 de noviembre y ya aparece en varios portales oficiales, dice en su articulo 35 que el Consejo Directivo de la nueva entidad podrá definir su Manual de Contratación y señala expresamente lo siguiente: "Para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine en Manual de Contratación del Instituto". 

El senador Juan Felipe Lemos, quien fue ponente del Plan de Desarrollo,  señaló que hay preocupación por los alcances del decreto, pues se estaría abriendo la puerta a la normalización de  contratos directos que, al final, podrían sumar billones y que, en esencia, no tendrían mayores controles. "El Gobierno no puede cambiar por decreto la Ley 80, que impone que es la licitación pública la norma de la contratación, con todas sus exigencias, y que lo excepcional es la contratación directa. Para eso no se le dieron las facultades excepcionales", advirtió. 

Dependiendo del presupuesto que maneja la entidad que contrata, existe la posibilidad de contrataciones directas de menor cuantía, que oscilan como máximo entre los 280 y los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que en todo caso deben cumplir condiciones de necesidad, idoneidad y transparencia que impone la ley. 

En las discusiones en el Congreso sobre el relajamiento de exigencias de ley para facilitar la contratación con organizaciones que el Gobierno también llama 'de economía popular' se dio por establecido que los contratos para vías regionales se moverían en los montos de menor cuantía. De allí que los alcances de la expresión "sin importar su cuantía" contenida en el artículo 35 del decreto estén siendo revisados con lupa, según le dijeron a este diario fuentes de los organismos de control. 

Hay varios temores. Por un lado, la posibilidad de que a través de varios contratos pequeños sumados termine reencauchándose la práctica ilegal del fraccionamiento de contratos que en realidad tendrían que haber ido a licitación pública. También hay expectativa por las condiciones que establecerá el Gobierno para garantizar que esta modalidad de contratación solo responderá a los criterios de necesidad y de desarrollo regional y no a intereses políticos, más aún en medio del actual escenario de polarización.   

Fuentes del Gobierno aseguraron que se busca garantizar que obras que actualmente no son atractivas para los grandes contratistas, y por lo tanto simplemente no se realizan, se logren sacar adelante con las comunidades directamente interesadas. Según sus cálculos, antes del 2025 se habrían contratado obras por $1,3 billones por este mecanismo, lo que representaría además un fuerte motor para la economía legal en zonas de periferia. 

En su momento, hubo fuerte debate porque los organismos de control y varias entidades, entre ellas la Cámara Colombiana de la Infraestructura, alertaron porque se estaba abriendo un boquete en las Ley 80 de 1993, que establece estrictos controles sobre la contratación directa e impone el cumplimiento de condiciones técnicas y de solvencia para los seleccionados, en la línea de garantizar el pleno cumplimiento de la contratación oficial. 

En marzo pasado, el fiscal Francisco Barbosa advirtió que por la vía de los pequeños contratos entregados a dedo se abrirían nuevos focos de corrupción en todo el país que incluso podrían terminar beneficiando a los grupos criminales, que ya tienen en el saqueo de los recursos locales una de sus principales fuentes de financiación ilegal. "Es meter en un sifón los recursos", aseguró. 

El Gobierno defendió la tesis, y logró imponerla en el Congreso, de que para lograr el desarrollo de las vías en las regiones más lejanas y pobres era necesario hacer menos estricto el régimen de contratación, de tal manera que las organizaciones sociales y comunitarias pudieran ser contratadas para esas obras. 

En el debate del Plan Nacional de Desarrollo se advirtió que esa iniciativa podría prestarse para el manejo no transparente de la contratación y se recordó que precisamente Caminos Vecinales, que es en esencia la entidad que se está reviviendo con este decreto, fue liquidada en su momento por ineficiencias y escándalos en la contratación para darle paso al Invías. 

REDACCIÓN EL TIEMPO