Gobierno Petro denunciará adjudicación de contrato de la Registraduría al conglomerado integrado por Thomas Greg & Sons

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, anunció que interpondrá una denuncia penal por la adjudicación del contrato de $41.000 millones por parte de la Registraduría Nacional al conglomerado integrado por Thomas Greg & Sons.

"Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la ley 80", señaló Idárraga. 

Además, informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación que se lleven a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por garantizar el cumplimiento de principios de la contratación estatal. Asimismo, pedirá una auditoría a la Contraloría General de la Nación por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de la Secretaría de Transparencia, careció el proceso adjudicado.

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Según Idárraga, el proceso que busca “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales" para las próximas elecciones nuevas y complementarias de Juntas as Locales (JAL), el 17 de noviembre, habría carecido del plural de oferentes. Por esto sugirió al registrador Hernán Penagos suspender el proceso.

Durante estos casi dos años y medio de mandato, el presidente Gustavo Petro se ha opuesto en reiteradas ocasiones a los contratos del Estado con la firma Thomas Greg & Sons, una de las más reconocidas en el mundo de la seguridad de documentos públicos. El mandatario ha advertido posibles amenazas contra la democracia porque "Thomas & Gregg, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia".

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De hecho, esa postura llevó a que el excanciller Álvaro Leyva declarara desierta la licitación 001 de 2023 para la producción de los pasaportes en la que Thomas Greg salía favorecido por ser el único oferente capaz de cumplir los requisitos de la licitación. Aquella decisión provocó una millonaria demanda por parte de esta empresa contra el Estado colombiano que actualmente está congelada en los estrados judiciales a la espera de que la firma decida si desiste o no de sus pretensiones.

La 'pelea' ahora se trasladó a la Registraduría, entidad que ha advertido que es independiente de las ramas del poder público. 

La Unidad Investigativa de este diario encontró que en su respuesta a Transparencia la Registraduría asegura que las observaciones contenidas en la comunicación de Idárraga son similares a las presentadas por otro interesado en el marco del proceso de contratación de la convocatoria pública.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política