Acatando un fallo del Tribunal istrativo de Cundinamarca del 24 de septiembre, se instaló una mesa de trabajo como medida provisional de urgencia para definir soluciones al accionar violento entre la Fuerza Pública y la población civil.
Durante la reunión entre Gobierno Nacional, Policía, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá, el Ejecutivo aseguró que presentó un protocolo integral que incluye nuevos procedimientos respecto al uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades y vigilancia.
Además, la Casa de Nariño aseveró que este martes se adelantará una nueva jornada de trabajo para recibir retroalimentación y finalizar informe, que se remitirá al Tribunal istrativo de Cundinamarca el próximo miércoles.
"El Gobierno trabaja de manera articulada con los gobiernos locales y las entidades competentes para garantizar la protesta social de modo pacífico y avanzar en la reactivación económica de nuestro país", aseveró Presidencia en un comunicado.
Según informó Canal Capital, el Tribunal de Cundinamarca ordenó que se constituya una mesa de urgencia donde debe estar la Ministra del Interior, el Ministro de Defensa, la Fiscalía, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, para que se pronuncien sobre las alternativas que conduzcan a solucionar a corto plazo la violencia que se ha desatado entre la fuerza pública y la población civil en medio de las protestas.
De esta mesa deben elaborar un informe que deberá ser remitido al Tribunal de Cundinamarca el próximo miércoles 30 de septiembre.
"El informe deberá contener un protocolo que le permita a las organizaciones sociales realizar las marchas con la consiguiente garantía para la población civil por el respeto a su derecho a la vida, al trabajo y a sus bienes de tal manera que se impida la infiltración de personas y grupos violentos que obligan a la policía a intervenir", advierte el Tribunal.
De igual manera, Canal Capital señala que el documento indica que se debe realizar un pronunciamiento expreso frente al uso de las armas por parte de los de la Policía y del Ejército como las soluciones y medidas para que se garantice que los uniformados no harán uso indiscriminado de las mismas.
Este auto es la respuesta a una tutela que interpuso una ciudadana que alegó vulneración al derecho a la vida, la libertad a la expresión y a la protesta, a raíz del crimen del abogado Javier Ordóñez y a la ola de movilizaciones en rechazo a su asesinato en el país.
Otras noticias de política:
POLÍTICA