Las ‘líneas rojas’ que el Gobierno entrante le manifestó al saliente

Los temas en cuestión gravitan alrededor de las áreas concernientes al medioambiente, la tecnología y las comunicaciones, las minas y la energía, el Departamento Nacional de Planeación, el comercio internacional, el transporte y la seguridad alimentaria.

(Le puede interesar: Retos del nuevo Congreso: reforma tributaria, el proyecto más importante).

La misiva fue emitida el 14 de julio por el equipo de empalme del Ejecutivo entrante (Daniel Rojas, Carolina Corcho, Aurora Vergara y Mauricio Lizcano) y respondida dos días después por el grupo de enlace próximo a salir (José Manuel Restrepo, Víctor Muñoz, Alejandra Botero y María Paula Correa).

“Se solicita al Gobierno saliente suspender el cronograma y proceso de adjudicación de la APP-Megaproyecto Ruta Fluvial 5g ‘Restauración De Los Ecosistemas Degradados Del Canal Del Dique’ hasta tanto sean escuchadas las comunidades y ajustadas las falencias a que hace referencia esta petición”, advirtió el mensaje de la primera alerta comunicada.

Relacionado ( El millonario contrato del Canal del Dique)

Frente a esta solicitud, la respuesta del equipo de empalme de Iván Duque señaló que, en el marco del artículo 39 de la Ley 1682 de 2013 y tras dos fallos de tutela, se han adelantado 16 procesos de consulta con 13 consejos comunitarios de las comunidades negras y tres comunidades indígenas.

De estos 16 procesos, 10 consultas aparecen con la etiqueta de “protocolizada con acuerdos”, tres se catalogan como “protocolizada con acuerdos parciales, dos se encuentran “en etapa de taller de identificación de impactos y formulación de medidas de manejo” y una “en etapa de formulación de acuerdos y protocolización”.

“El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercano a los 3,09 billones de pesos [...] y se estima la generación de 60.075 empleos”, aseguró la respuesta sobre el proyecto que está previsto para desarrollarse durante 15 años.

El equipo de empalme entrante afirmó que el Viceministerio de Conectividad va a renovar los contratos para el uso del espectro radioeléctrico de Tigo y Telefónica por 20 años. Según ellos, se asignaría el 3 o 4 de agosto.

Además, este grupo mencionó que “hay un proceso dentro de la Dirección de Infraestructura [de MinTIC] por más de $100 mil millones de pesos para conectividad en San Andrés que se piensa adjudicar antes del 7 de agosto. Finalmente se ha encontrado un contrato de interventoría dentro de la Dirección de Vigilancia y Control por aprox. $28 mil millones de pesos”.

La réplica por parte del colectivo saliente explicó: “Con estos proyectos, soportados por el CONPES, se busca beneficiar a través de la conectividad a Internet de 5.350 hogares de escasos recursos y la prestación del comunitario a Internet en 46 Zonas Digitales, para la población de escasos recursos. La inversión total del proyecto es de $116.439 millones de pesos, siendo $66.175 millones para Amazonas, Guainía, Vaupés, y Vichada; y $50.263 millones para el proyecto de San Andrés y Providencia. De ese monto, se dispondrán para 2022 $2.152 millones: $713 millones en la frontera Orinoquía-Amazonía y $1.439 millones en San Andrés y Providencia”.

Además, añadió que estos procesos se “se enmarcan en las normas de la contratación pública”.

(Conozca más: Reforma tributaria y Estados Unidos: la agenda de Gustavo Petro este lunes).

La cuarta alerta emitida indicó: “La Agencia Nacional de Minería (ANM), planea llevar a cabo la Ronda Carbón en los próximos días, en la cual entregará mediante contrato de concesión a diversos oferentes las minas de carbón de la Jagua y Calenturitas, recientemente devueltas por la firma Prodeco, en el departamento de Cesar. Se considera que existen diversos aspectos de la liquidación de esos contratos que no han sido suficientemente esclarecidos y que, por tanto, esa ronda de carbón debe ser suspendida”.

Sobre este tema, la contestación del equipo de empalme de Iván Duque argumentó que los contratos mineros de Prodeco disponen que, al finalizar estos, los frentes de trabajo “deberán ser entregados en condiciones operativas”. Es decir, aptos para continuar con la explotación minera.

Citando la Ley 685 de 2001, el Decreto-ley 4134 de 2011 y el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, este mismo colectivo opinó que, bajo el criterio del Gobierno actual, lo más favorable para la Nación es “declarar y delimitar un área de reserva estratégica minera”.

“En tal sentido, la ronda minera de carbón responde a la salvaguarda de un deber contractual y legal en cabeza de la autoridad minera”, sentenció.

“El Gobierno saliente, como representante de la nación en Ecopetrol, convocó a una asamblea extraordinaria para modificar los plazos y fijar los puestos de los actuales de la Junta Directiva de Ecopetrol hasta el año 2025. Esta acción va en contra de los principios de la posibilidades de cada gobierno. El Gobierno entrante tiene toda la facultad para citar una asamblea extraordinaria para modificar esta decisión y poder ejercer como representante de la Nación en Ecopetrol”, le notificó el grupo de enlace de Gustavo Petro a sus pares.

En esta materia, la reacción de los designados por Iván Duque recordó que en 2018 también se amplió el período de la Junta Directiva de esta empresa de uno a dos años.

Al respecto, ellos manifestaron que la decisión “se toma teniendo en cuenta estudios de referencia a nivel internacional que incluyen un análisis frente al período de los de las juntas directivas. Con estas modificaciones se pretende mejorar las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, estas no responden a cambios electorales ni políticos”.

(Infórmese: Karol González renunció al proceso de elección para contralor).

La sexta alerta compartida por los delegados del Gobierno entrante está relacionada con las investigaciones periodísticas que hablan de un presunto desfalco que, según este grupo, “involucra al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Contraloría General de la República en la asignación de los recursos para la paz a través del Ocad-Paz”.

“La prioridad del Gobierno nacional es garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, cualquiera que sea su origen o destinación. El DNP es un organismo técnico que ha venido construyendo herramientas para desempeñar sus funciones con la calidad e idoneidad requerida y haciendo visible el manejo de los recursos públicos a la ciudadanía”, respondieron los representantes del Ejecutivo en funciones.

También, añadieron que el DNP no aprueba recursos, sino que verifica que se cumplan los requisitos en los proyectos de inversión propuestos por las entidades territoriales y que la entidad asesora técnicamente al órgano, pero no toma decisiones.

“El Gobierno entrante ve con preocupación que se someta a consideración del CONPES (Borrador CONPES de Declaración de Importancia Estratégica Regional de los Proyectos de Inversión para el Mejoramiento de la Competitividad de la Región Llanos-Departamentos Guaviare, Meta, Casanare y Guainía), la declaratoria de importancia estratégica de 8 proyectos de inversión que endeudarán y comprometen la situación fiscal de los municipios por 5 billones de pesos, con respaldo a las regalías petroleras”, señaló el equipo de empalme del próximo Ejecutivo.

El mensaje de réplica que envió el grupo saliente aseguró que lo estipulado en dicho documento “es una oportunidad para que las regiones objetivo puedan apalancar un monto de recursos suficiente para lograr impacto de resultado en sus territorios, pero con recursos propios de sus territorios, que son en esencia de regalías”.

Igualmente, informó que el monto de los ocho proyectos asciende a 1,032 billones de pesos.

(Puede ver: Verde Oxígeno, sin representación en el nuevo Congreso).

La octava preocupación de los representantes del Gobierno electo es la negociación “en tiempo récord” del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Emiratos Árabes Unidos. Según este grupo, ese acuerdo podría “tener un efecto negativo sobre algunas actividades productivas, especialmente por temas de reglas de origen”.

La contestación del sector nombrado por el actual presidente detalló que esas negociaciones binacionales, según ellos, han privilegiado los intereses de Colombia y se han consultado a los sectores productivos y las entidades relacionadas.

De acuerdo con lo dado a conocer por esta agrupación, los temas del TLC están girando en torno a fertilizantes, café, aceites, azúcar, papel, calzado, siderurgia y vehículos, entre otros.

“El contrato actual del RUT está prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2022, sin posibilidad de tener más adiciones, por cuanto se supera el porcentaje de 50 % establecido en la ley —el Gobierno saliente extendió el plazo hasta septiembre de 2022 partiendo de un concepto del Consejo de Estado que estableció que el valor del contrato obedece al valor inicial del proceso—. Ante esta situación, el Gobierno entrante debe explorar y tomar decisiones de manera inmediata para garantizar la continuidad del servicio”, plasma la novena alerta.

En referencia a esta preocupación, el colectivo del Ejecutivo actual aseveró que la estructuración del nuevo proyecto de concesión no se dio entre 2015 y 2018, por lo que “el Ministerio de Transporte tuvo que adicionar el contrato para contar con un plazo suficiente” para tomar las acciones pertinentes.

La décima y última “alerta temprana” del Gobierno entrante al saliente tiene que ver con la aprobación que se haría en los próximos días de un documento del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que hace énfasis en la seguridad alimentaria y la nutrición. En este caso, el equipo de empalme de Petro le solicitó al de Duque no firmar el texto hasta que el nuevo Ejecutivo lo revise y ajuste a su programa.

La respuesta de los delegados del actual presidente indicó que esta política se desarrollará entre el 2022 y el 2034, con un presupuesto indicativo de $2,84 billones de pesos.

De igual manera, informaron que este programa se empezó a construir desde hace 18 meses con el apoyo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), el PMA (Programa Mundial de Alimentos) y la Fundación Éxito. “El documento está en revisión por parte del grupo Conpes”, puntualizaron.

(No deje de leer: Navas Talero, el decano de los representantes le dijo adiós al Congreso).

A continuación, las cartas completas de los equipos de empalme.

POLÍTICA