Las claves para entender la tormenta política por la supuesta 'ruptura institucional'

La versión de una supuesta "ruptura institucional" encaminada a sacar al presidente Gustavo Petro del poder, promovida por el propio mandatario, de su gabinete y su partido, el Pacto Histórico, revivió la tensión política en el el país y ha llevado a que desde diversos sectores se hagan llamados a la calma y al respeto por el funcionamiento de las instituciones. 

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Según el Presidente, la suspensión impuesta por la Procuraduría al canciller Álvaro Leyva por el escándalo de los pasaportes -que sigue sin acatar- y, sobre todo, la investigación de la Fiscalía sobre el aporte de 500 millones de pesos de Fecode a su campaña del 2022 estarían en realidad encaminadas a promover una acusación en su contra ante la Comisión de Acusación de la Cámara y, por esa vía, supuestamente separarlo del cargo para el que fue elegido. 

Esa versión, que el Gobierno ha promovido con trinos en varios idiomas, ha sido aprovechada por varios sectores para tratar de presionar a la Corte Suprema para que elija cuanto antes al sucesor de Francisco Barbosa en la Fiscalía. De hecho, Fecode llamó a una marcha ante el Palacio de Justicia para el próximo jueves, precisamente el día cuando la Corte tiene prevista una nueva sesión de votación. 

Acá le explicamos los hechos concretos y qué tan apegadas a la realidad son las interpretaciones de los mismos. 

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El viernes, en un extenso trino, el presidente Gustavo Petro convocó a marchas populares para defender su mandato. En esencia, su argumento se centró en tratar de demostrar que las investigaciones contra varios de sus principales alfiles van en realidad dirigidas contra él y contra el cumplimiento de sus planes de Gobierno. Asegura además que, habida cuenta de su fuero constitucional, la Fiscalía no puede investigarlo. 

A quienes han cuestionado el inédito incumplimiento de la suspensión del canciller -orden que según el ordenamiento legal colombiano no tiene esguinces-, les reprochó porque no se han pronunciado sobre la "ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al Presidente de la República".

"Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se acuse al Presidente, y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el Pueblo", escribió el mandatario en 'X'. 

Y agregó: "La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no los otorgó". 

En concreto, Petro se queja por dos procesos. El disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva por la licitación de los pasaportes y la investigación de la Fiscalía sobre el cheque de 500 millones de pesos girado por el sindicato de los maestros a la Colombia Humana, el partido germen del Pacto Histórico, en plena campaña de 2022. 

En el caso de Leyva, su manejo del proceso de licitación de los pasaportes fue incluso cuestionado por Martha Lucía Zamora, la jefe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado nombrada por el propio presidente Petro.

La Cancillería, por orden del Presidente, decidió no adjudicar el contrato a Thomas Greg And Sons, la firma que se impuso en una licitación diseñada por el propio 'gobierno de Cambio' argumentando un supuesto favorecimiento que no ha sido comprobado por las autoridades y que, paradójicamente, ha recibido dos prórrogas del contrato anterior por decisión de la misma Cancillería de Leyva.

El canciller fue suspendido por la Procuraduría en uso de facultades legales y constitucionales y su juicio disciplinario empezará la próxima semana bajo cargos relacionados con "haber declarado desierta la licitación 001 de 2023, y decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que al parecer hubiera causales para adoptar esas determinaciones".

La suspensión no ha sido acatada por el Gobierno, pero el Presidente ha sugerido que espera que se cumpla la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para esta semana, para acatar la suspensión. 

En el caso de Fecode, lo que se investiga es si esa organización realizó aportes indebidos a la campaña Petro Presidente. Hay una investigación de la Fiscalía y también una del Consejo Nacional Electoral.

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En Colombia, la ley prohíbe que personas jurídicas -y un sindicato lo es- hagan aportes a campañas políticas. El 3 de mayo de 2022, poco antes de la primera vuelta presidencial, las cabezas de Fecode aprobaron realizar un aporte de 500 millones de pesos para "apoyar económicamente a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República". Esa plata fue entregada el 27 de mayo y no aparece en las cuentas de campaña entregadas al Consejo Electoral.

En el expediente, como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, aparece una escritura notariada de septiembre del 2022 en el que Fecode asegura que la donación fue hecha a la Colombia Humana "mas no para la campaña presidencial". El uso de estos dineros y la veracidad de los informes entregados a las autoridades electorales es lo que se investiga en un proceso en el que están relacionados Dagoberto Quiroga (actual superservicios y entonces representante de la Colombia Humana) y el poderoso presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien era el gerente de la campaña Petro Presidente. 

Según las normas colombianas, el gerente de campaña responde en casos de eventuales violaciones a las normas tanto electorales como penales. 

No. La Fiscalía no tiene facultades para investigar a un Presidente de la República, función que es exclusiva de la Comisión de Acusación de la Cámara (donde de hecho avanza un proceso por temas de financiación de campaña en el que están incluida la versión que dio en su momento Nicolás Petro, hijo del primer mandatario y jefe de su campaña en la Costa Atlántica). 

Esa prohibición no impide, sin embargo, que ministros o antiguos funcionarios cercanos al Presidente de la República puedan ser investigados por la Fiscalía y otros órganos de control. De la misma manera, la financiación de cualquier campaña política puede ser investigada si existen indicios suficientes de posibles hechos irregulares, y el trámite del cheque de Fecode y las posteriores versiones sobre su real destino representan asuntos por aclarar. Lo cual no implica, de nuevo, que el investigado sea el Presidente, si bien si llegase a encontrarse algún indicio sobre su eventual responsabilidad en alguna supuesta actuación, este deberá ser remitido al único órgano competente: la Comisión de Acusación.

No. Tanto el Consejo Electoral como la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones investigaron en su momento la financiación de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos (por el caso Odebrecht) y de Iván Duque (por el caso del 'Ñeñe' Hernández). Esos procesos finalmente no prosperaron. 

La versión del Presidente sobre el supuesto complot en su contra se da justo en momentos en los que la Corte Suprema realiza el proceso de elección del sucesor de Francisco Barbosa en la Fiscalía.

Esa elección, que avanza en sus tiempos normales, se ha visto afectada por rumores y ataques desde redes sociales, y ahora se suman las marchas como la convocada por Fecode para el 8 de febrero y que explícitamente busca que la Corte decida ya de la terna enviada por el presidente Petro.

Ya el año pasado, para apurar al Congreso en la aprobación de las llamadas 'reformas sociales', el Gobierno había promovido que 'la Calle' se hiciera sentir, en lo que fue considerado en su momento como una presión indebida sobre otra rama del poder público que, además, finalmente no tuvo el efecto esperado.