Desde Medellín, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez lanzarán oficialmente el programa de ‘Jóvenes en paz’. El evento será este viernes 22 de diciembre a las 8:30 de la mañana, e incluirá un concierto con artistas como Mabiland, De Bruces a Mí, N. Hardem, entre otros eventos culturales.
En la previa al evento, la Vicepresidencia y el Ministerio de la Igualdad confirmaron los primeros cinco de los cien municipios en los que se aplicará el programa. De acuerdo con la vicepresidenta Francia Márquez, los primeros 6.000 jóvenes a beneficiar están en Guachené y Puerto Tejada (Cauca), Quibdó (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Bogotá.
El programa de Jóvenes en Paz ha sido polémico desde el inicio, puesto que el presidente ha dicho que su enfoque es el pago de hasta un millón de pesos a jóvenes para que estos se alejen de la delincuencia. Esto ha sido asumido por distintos sectores de forma negativa, como una forma de incentivar la criminalidad. Sin embargo, el gobierno ha insistido que no es así, y que lo que se busca es otorgar oportunidades para que los jóvenes no caigan en redes del crimen.
"Hay jóvenes que hoy las redes criminales están cooptando y les están pagando por matar, por asesinar. Este programa entonces busca sacar a esos jóvenes de ese círculo de la violencia. La mayoría son hijos de mamás cabeza de familia. La mayoría de esos jóvenes son negros, indígenas, campesinos empobrecidos. El que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender a esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia", dijo la vicepresidenta Márquez en anteriores ocasiones.
A pesar de las críticas, desde el decreto inicial se ha hecho la claridad que el enfoque principal del programa no es el pago de dineros, sino una ruta de atención para los jóvenes entres los 14 y 28 años que “se encuentran en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados adinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.
El programa es por un mínimo de seis y un máximo de 18 meses, pero se deja estipulado que las entregas monetarias, que no superan el millón de pesos mensual, será por un máximo de 12 meses. El centro del programa, de acuerdo con lo dichos por la Presidencia, es tener componentes de educación y formación, trabajo social por el municipio en el que vive el beneficiado, acciones de emprendimiento, empleabilidad, acciones de construcción de paz, atención integral de salud y un acompañamiento sociolegal.
Tanto es así que la Vicepresidencia dejó claro que la entrega de dineros está condicionada a un mínimo de horas de “asistencia a cursos de emprendimiento, pedagogía para la paz, educación financiera”. Además, debe cumplirse con un mínimo de horas de trabajo comunitario en el municipio en el que se vive.
El programa tendrá prelación en poblaciones con altas tasas de homicidios por 100.000 habitantes, altos niveles de crimen organizado, casos de reclutamiento forzado y vulnerabilidad socioeconómica.
Asimismo, en el decreto que reglamentó el programa se dejó claro que las causales de exclusión no solo van por el lado de incumplir los requisitos de cursos y servicio sosal, sino que los beneficiados no pueden tener un orden de captura vigente, una sanción penal vigente o tener 29 años o más.