Grueso de los servidores públicos en el país tiene entre 50 y 62 años

Colombia posee tantos servidores públicos como habitantes tiene Barranquilla. En total, son 1’268.423 empleados: el 19,6 por ciento de los ocupados formales que hay en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, de acuerdo con lo observado en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

De estos, el 56 por ciento lo constituyen docentes (26 por ciento) y uniformados (30 por ciento), lo que significa que la mayor parte de la fuerza laboral del Estado se concentra en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares: 382.321 uniformados.

Todo este universo está repartido en 272 entidades públicas del orden nacional.

Pero ¿cuáles son las características del empleado público promedio? La información reunida por el Departamento istrativo de la Función Pública (DAFP) permite construir ese perfil. Esta entidad ayuda a mejorar la gestión de los servidores públicos y las instituciones en el país, brindando apoyo en temas como la vinculación de jóvenes y personas con discapacidad, apoyo y conceptos jurídicos relacionados con la istración pública, entre otros.

Los datos, últimos disponibles con corte al 30 de junio, corresponden a los servidores vinculados con un empleo en el Sistema de Información y de Empleo Público (Sigep).

Por un lado, se observa que el 39,16 por ciento de estos trabajadores tienen entre 50 y 62 años, el 28,09 está entre los 40 y 49 años, el 21,74 por ciento lo conforman personas entre los 30 y 39 años, y los mayores de 62 y menores de 30 representan el 6,78 y el 4,24 por ciento, respectivamente.

Frente a las razones que explican estas cifras, el director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, aclara que para ingresar al empleo público se adelantan concursos de méritos, por lo que no se tienen en cuenta las características sociodemográficas, sino que cumplan con los requisitos para el cargo ofertado.

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En lo que se refiere al máximo nivel educativo alcanzado, priman quienes tienen posgrado, con una participación del 32,99 por ciento. Esto significa que 3 de cada 10 servidores públicos tienen esta formación, destacando las especializaciones y maestrías. Vistos de manera más personal, se observa que el 28,44 por ciento son casados, el 27,16 por ciento solteros y el 15,03 por ciento viven en unión libre. La mayoría no tiene hijos (34,53 por ciento); después están los que tienen dos (27,4) y uno (24,39 por ciento).

Con estas cifras, se puede determinar que el trabajador público tipo tiene entre 50 y 62 años, cuenta con un posgrado, suele estar casado y no tener hijos. Y su salario básico promedio es de 2’942.814 pesos.

Este exigente perfil tiene su base, en palabras de Alvis, en los concursos de méritos. “Esto podría incidir en por qué actualmente priman los servidores que se encuentran entre los 50 y 62 años; al ser de carrera istrativa, gozan de estabilidad laboral y se han podido beneficiar de programas de educación formal”, dice.

Y agrega que, “debido a esto, en algunos casos, la permanencia en los empleos se ha dado hasta la pensión de los servidores”.

En contraste, el empleado formal colombiano promedio está entre los 35 y 39 años.

Aunque desde el DAFP destaquen que se ha emprendido “una cruzada por atraer más jóvenes a las entidades públicas”, con estrategias como Más Jóvenes en el Estado, los decretos 2365 de 2019 y 952 de 2021, y el Programa Estado Joven (ver nota de abajo), hay una gran brecha.

Además, en tiempos en los que se promueve el empleo de jóvenes e, incluso, se habla de dar beneficios para que las empresas los contraten, parece paradójico que estos representen la menor proporción de los trabajadores vinculados al Estado (solo el 4,24 por ciento).

En consecuencia, estas cifras parecen justificar la constante queja que tiene esta población por la falta de oportunidades laborales en un país que les exige experiencia aun cuando parece no estar dispuesto a propiciar escenarios que permitan acreditarla.

Ante la evidente ausencia de los jóvenes en estos puestos, Alvis reiteró que el proceso para ocuparlos no se basa en aspectos como la edad y que el Estado se encuentra en la tarea constante de “enamorar a los jóvenes de lo público”. Y dijo que, “en cualquier caso, es importante que en el empleo público exista un balance entre experiencia y juventud, con dinamismo y madurez”.

De modo general, la participación que tienen las mujeres en el empleo público es mayoritaria, pues representan el 52,28 por ciento del total, versus un 47,72 por ciento de participación masculina. Sin embargo, en los cargos directivos del Estado siguen predominando los hombres.

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Es importante anotar que las mujeres han ido ganando terreno de manera paulatina en esto: pasaron de tener el 43,1 por ciento de representatividad en 2017 (5.935 mujeres) a tener un 45 por ciento en 2020 (9.389 funcionarias). Pero, según estos datos, del año pasado, el 55 por ciento de quienes se encontraban ocupando los cargos directivos eran los hombres.

Asimismo se muestran las dinámicas para los cargos de máximo nivel decisorio. Las mujeres pasaron de representar el 40,7 por ciento en 2017 al 43,3 por ciento en 2020. Esto, mientras que el 56,7 por ciento de quienes tenían ese nivel decisorio el año pasado eran hombres.

Aunque aún no existe igualdad total, desde el DAFP señalan que el actual nivel de participación de las mujeres en cargos directivos es el más alto comparándolo con los años recientes.

De esta manera, se ubica por encima de lo señalado en la llamada ley de cuotas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que piden una representación femenina del 30 y el 44,5 por ciento, respectivamente.

“El Gobierno ha venido implementando estrategias (...) con el fin de alcanzar una transformación que se vea reflejada en entidades libres de discriminaciones y mayor conciencia del papel fundamental que tiene la mujer”, precisó Alvis.

Por último, desde el DAFP señalan que tienen como meta alcanzar la paridad de género en la alta dirección del Estado, por lo que se espera llegar al 50 por ciento de mujeres vinculadas en estos cargos para el 2022.

Según el Departamento istrativo Nacional de Estadística (Dane), con corte al 30 de noviembre del 2020, el país tenía 3’134.037 personas con alguna discapacidad, lo que equivale al 7,1 por ciento de la población total. De esos colombianos, 7.288 son funcionarios: 5.028 vinculados directamente con el Estado y 2.260 contratistas.

El tipo de discapacidad que más se presenta es la física, contando 2.070 funcionarios (41 por ciento); seguida de la visual, con 1.440 trabajadores (28 por ciento).

A nivel general, representan el 0,58 por ciento de todos los empleados públicos, según los datos del Departamento istrativo de la Función Pública (DAFP), y el 0,2 por ciento de dicha población del territorio nacional.

Al comparar estas proporciones, se podría decir que la contratación de esta población por el Estado marcha a un ritmo muy inferior al que parece demandar. Sin embargo, Francisco Camargo, director de Empleo Público, dice que lo más importante de esta caracterización es probar que personas con cualquier tipo de discapacidad pueden trabajar en entidades públicas.

“Los estudios demuestran que las sociedades, cuando fomentan más la inclusión y la diversidad, son más tolerantes, más inclusivas, más productivas, incluso. Entonces promovemos la vinculación de personas con discapacidad, y también de jóvenes, por ejemplo”, explicó.

Al respecto, el DAFP resalta que en lo que va del año, con corte al 30 de junio, se han vinculado y contratado a 34.349 jóvenes entre los 18 y 28 años al servicio público a través de la estrategia Más Jóvenes en el Estado. También se expidió el decreto 2365 de 2019, según el cual al crear nuevos empleos en entidades, el 10 por ciento debe corresponder a cargos que no requieran experiencia o puedan ser sujetos de equivalencias por formación educativa. Y el decreto 952 de 2021, que reconoce la experiencia previa al título profesional.

Camargo destaca el programa Estado Joven como “el más grande de prácticas remuneradas en la historia de América Latina”. Con este, más de 9.300 jóvenes han hecho prácticas con el Estado. Además, se han mostrado avances en participación de la mujer en cargos directivos (ver nota arriba).

De otro lado, según cifras del DAFP, el 2,76 por ciento de los servidores públicos pertenecen a un grupo étnico, siendo el afrocolombiano el que predomina (1,75 por ciento).

“Revisamos la perspectiva comparada con América Latina, y somos un país pionero en la región en inclusión y diversidad en el empleo público”, señala Camargo. Y enfatiza en la importancia de “un empleo público moderno y diverso para el servicio de todos”.

PAULA ANDREA GAVIRIA A.

Subeditora del Impreso