Las preguntas que deja la denuncia del presidente Petro sobre supuesta compra de software de espionaje Pegasus a Israel

Cuando el país esperaba "importantes noticias" -así lo había anunciado vía X'- sobre el paro camionero que completa cuatro días, el presidente Gustavo Petro sorprendió con la denuncia de que la pasada istración, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), habría comprado en 2021 un software de espionaje israelí que, dijo, "quizás" fue usado para escuchar ilegalmente a su campaña política del 2022 y a protagonistas del estallido social en el 2021. 

(Además: En alocución, el presidente Gustavo Petro pide investigar compra de software israelí: dice que 'quizás' pudo ser usado para interceptar su campaña presidencial).

El jefe de Estado señaló que su denuncia tiene como base un documento obtenido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ante una solicitud hecha a su equivalente en Suiza. De acuerdo con el mandatario, el informe entregado el 27 de agosto de 2024 al director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, da cuenta de un supuesto movimiento irregular de 11 millones de dólares en efectivo, en dos pagos de 5,5 millones, para la aparente compra 'Pegasus', un cuestionado software de espionaje desarrollado por la empresa de seguridad NSO Group, con sede en Tel Aviv (Israel). 

Según el presidente, la compra se habría efectuado en medio de la campaña presidencial para 2022, cuando el director de la Policía Nacional era el general Jorge Luis Vargas y la dirección de Inteligencia de la Policía estaba a cargo del general Norberto Mujica. Además, dice que en una carta de la Autoridad Israelí para la Prohibición del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Impa, por sus siglas en inglés) se menciona que no “se formularon acusaciones ni condenas con relación al tema”.

"En julio-agosto de 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con cinco millones de dólares en efectivo en la cuenta de la empresa (NSO). El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares firmado entre NSO y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (Dipol) para la compra de ‘Pegasus’. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021", leyó el mandatario en la alocución.

Durante los 15 minutos de alocución, el presidente Petro no solo se dedicó a comentar el documento que, como él mismo confirmó, tenía un embargo bajo la relación diplomática que se tenía con Israel; sino que ligó estas denuncias con otros episodios, hasta ahora sin aportar pruebas.

El jefe de Estado vinculó el reporte a las denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales hechas por los magistrados de la Corte Constitucional en junio de este año -por las que altos exfuncionarios de su gobierno, como Carlos Ramón González, tuvieron que enfrentar debates en el Congreso- y concluyó su intervención pidiendo a la UIAF que remita el documento a la Fiscalía para que haga las respectivas investigaciones.

También las relacionó con la filtración de los videos de las reuniones que hubo durante su campaña. Cabe mencionar que en dichas grabaciones, aparentemente correspondientes a sesiones de plataformas como Zoom o Meet, aparecen Armando Benedetti, Roy Barreras, Eduardo Noriega y el por entonces candidato Petro, entre otros, hablando sobre estrategias para golpear a sus rivales políticos de la época.

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Una de las primeras dudas en las declaraciones del presidente Petro tiene que ver justamente con esta afirmación. Sin comprobarse aún la compra del programa de espionaje, el mandatario afirma que este podría haber sido usado para espiarlo y filtrar los videos que terminaron en los medios, supuestamente para tratar de impedir su triunfo en las presidenciales. 

Para Rafael Vicente Páez, profesor de Ciberseguridad de la Universidad Javeriana, una de las preocupaciones que ha generado este software en el mundo tiene que ver con lo invasivo que es. “Es una herramienta supremamente invasiva que sí puede grabar videollamadas y otras herramientas de transmisión en vivo instaladas en los celulares; sin embargo, esto también lo hacen otras aplicaciones instaladas en los dispositivos, por lo que es casi imposible determinar si se utilizó este software para lo que menciona el presidente”, manifestó el experto. 

De hecho, en su momento se afirmó que las filtraciones podían venir de la propia campaña, versión que se reforzó el año pasado cuando el embajador Armando Benedetti fue señalado por del propio gobierno de filtrar conversaciones privadas con el mismo Presidente y con su mano derecha, Laura Sarabia. 

Sobre qué tan legal es la compra de este software por parte de los Gobiernos, Páez sostiene que en términos de seguridad nacional lo es y que de hecho varios países de Latinoamérica lo han adquirido. No obstante, sostiene que varias de las críticas tienen que ver con el uso que se le ha dado. “En México, sobre todo, fue utilizado hace tiempo para vigilancia estatal en contra de civiles”, añadió.

Así, la eventual adquisición de Pegasus, por sí misma, no representaría necesariamente un delito, pues dentro de las compras de seguridad nacional y lucha contra el crimen todos los países incluyen la adquisición de tecnología de interceptación de comunicaciones. Según indagaciones internas de la Policía, ese sistema de interceptación no forma parte del 'portafolio' de inteligencia en su poder. 

En todo caso, EL TIEMPO consultó con Felipe Useche, especialista en contratación estatal, para conocer cómo funciona la adquisición de este tipo de herramientas en Colombia. El abogado recordó que este tipo de compras tienen un respaldo en la ley 1097 de 2006, la cual se refiere a los gastos reservados. "Los gastos reservados son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes", dice la ley.

Sobre esta ley, el abogado señaló: "Las compras que se ejecuten con cargo a gastos reservados, no se sujetarán a las normas y procedimientos previstos en el Estatuto de Contratación Estatal, sin embargo, no existe una libertad absoluta en su procedimiento especial de contratación que se rige por el artículo 4º del decreto 1837 de 2007, quedando sometida al principio de selección objetiva, exceptuado de publicidad en el portal de contratación SECOP”, señaló. 

Sin embargo, el especialista agregó que sobre estas sí debe quedar un registro documental en la entidad que hace la transacción. "El Presidente de la República tiene la herramienta legal de solicitar una relación detallada de gastos e informes respectivos de resultados, avalada por el responsable del mismo, por el Comandante de la unidad táctica u operativa, en este caso DIPOL, para verificar la legalización del gasto, si no cuenta con los documentos que soportaron el gasto del software y su medio de pago", dijo.

Lo que tendrá que determinar la Fiscalía -que ya abrió una línea de investigación sobre la denuncia del presidente Petro ligada a la del vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, quien hace dos meses pidió investigar supuestas chuzadas y seguimientos en su contra y de varios de su equipo de trabajo- es si realmente Pegasus aterrizó en el país, si su eventual adquisición de ciñó al protocolo del manejo de los gastos reservados y, sobre todo, si su eventual uso se ciñó a la ley. Las normas señalan que toda interceptación de comunicaciones debe estar amparada por la orden de un juez. 

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Sin embargo, hay evidencia de que las actuales plataformas de interceptación han sido usadas para escuchas ilegales. En el caso de Marelbys Mesa, la exniñera de Laura Sarabia, por ejemplo, la Fiscalía logró la captura de de la Policía que hicieron creer a la autoridad judicial que sus teléfonos eran los de de una red criminal en Chocó. 

Fuentes judiciales consultadas por este diario señalan que hasta el momento no hay ninguna investigación judicial en la que se haya mencionado el eventual uso de una plataforma como Pegasus. 

La denuncia del presidente Petro, que ha sido foco de críticas de diversos sectores políticos por la forma y el momento en que la realizó --algunos sectores hablaron de una 'cortina de humo' frente al paro camionero y los avances de la investigación por la presunta violación de topes de su campaña en el CNE- no es nueva. En marzo de este año el medio israelí Haaretz, a partir de fuentes y documentos de ese país, publicó información similar, aunque en aquel momento se habló de 13 millones de dólares. Tras la publicación de este reportaje, ex del Gobierno Duque negaron la compra.

Más tarde, el mismo Ministerio de Defensa señaló que no existía registro de un contrato de este tipo con la empresa NSO. "Una vez verificada la base de datos para las compras estratégicas, istrada por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional -MDN-, se estableció que en el lapso comprendido del año 2020 a la fecha, no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO GROUP para la compra del software Pegasus", indicaron desde la cartera de Iván Velásquez.

Aunque todavía no hay respuesta por parte del expresidente Iván Duque, cercanos al exmandatario sí se han pronunciado. Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, señaló que las denuncias del presidente Petro son “una cortina de humo” para desestimar el paro.

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“Es un refrito, sin soportes y generando narrativas. Se le olvida que su mismo ministro de defensa ya había desmentido esa compra. Es absurdo pensar en compras en efectivo, toda compra de bienes y servicios se paga desde las cuentas de la nación”, señaló el exfuncionario de la istración Duque.

Añadió que "no hay un solo contrato en Secop con la empresa que menciona Petro en su alocución".

"Será que alguien le puede informar al presidente Gustavo Petro que el país tiene un paro que requiere se resuelva de manera urgente. La Alocución parece de un presidente que vive en otro país, donde no hay un paro que tiene bloqueadas varias vías y afecta a miles de ciudadanos", agregó el exministro del Interior Daniel Palacios.

Para Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, este es un claro intento por imponer una nueva agenda. “No es lo que la gente quiere escuchar en este momento, el paro es lo que les preocupa hoy a los colombianos e intentar cambiar la conversación pública en este momento no tiene mucho sentido y seguramente no tendrá éxito”, manifestó el analista.

El presidente Petro redobló su apuesta tras la alocución reiterando que Colombia vivió una dictadura durante el Gobierno anterior, una tesis a todas luces falsa y que para Basset hace parte justamente de este intento por desviar la conversación pública.

“El Gobierno en este paro tiene muy buenos argumentos para unir a la opinión pública, para decir que las reivindicaciones de los camioneros son un poco exageradas y que el aumento es algo necesario. Recurrir a este asunto, a leer una carta que nadie entendió muy bien, que parece muy improvisada, le puede jugar en contra”, añadió.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial del expresidente Iván Duque sobre la denuncia en contra de su gobierno. De la misma manera, el exministro Diego Molano y el general Vargas han mantenido silencio frente a la versión. 

CAMILO A. CASTILLO< br>Redacción Política< br>X: (@camiloandres894)