Los 3 cambios claves que hizo la Cancillería en nuevo pliego del contrato de pasaportes

Las nuevas condiciones para la accidentada licitación de los pasaportes en el país habilitan la participación de empresas que fabriquen esos documentos de alta seguridad en territorio extranjero.

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Ese es uno de los cambios más importantes en las reglas de juego definidas por el equipo encabezado por el canciller Álvaro Leyva Durán, quien fue suspendido el pasado 24 de enero por la Procuraduría.

La licitación original, que el Gobierno echó para atrás –lo que a su vez generó una millonaria demanda contra la Nación– no contemplaba en lo absoluto esa opción, y esa era, precisamente, una de las quejas de algunas compañías que señalaban que esto favorecía a Thomas Greg & Sons, la empresa que actualmente tiene el contrato.

Lo anterior porque en la licitación inicial se le daba un puntaje adicional de hasta 137,5 puntos si el oferente tenía una fábrica en territorio nacional. Esto, para las firmas que tenían planta en el extranjero, representaba una desventaja.

Ese mismo documento posibilitaba la existencia de una planta en el extranjero, pero solo como respaldo de la que operara en Colombia.

“Se aclara que, en la ejecución del contrato, el proceso de fabricación de libretas podrá llevarse a cabo en Colombia o en el exterior, según el ofrecimiento respectivo (...)”, afirma textualmente el nuevo pliego.

Esta puerta que se abrió a compañías con planta fuera de Colombia, si bien resuelve la queja que hubo el año pasado, también genera dudas si se tienen en cuenta los señalamientos que hizo la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Martha Zamora, quien indicó que supuestamente el hijo del canciller, Jorge Leyva, se habría reunido en París (Francia) con funcionarios de la Cancillería y empresarios españoles y árabes interesados en la licitación.

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Ahora bien, en el nuevo pliego se mantiene el requisito de que el proceso de personalización de pasaportes sí debe efectuarse en Bogotá. “Para el caso de que la fabricación este ubicada en el exterior y en caso de resultar adjudicatario, deberá contar con una bodega de almacenamiento en Bogotá, Colombia, que permita el recibo, almacenamiento y custodia de las libretas”, dice el documento revisado por EL TIEMPO.

Si bien los criterios y factores de evaluación son los mismos, el puntaje varía. Ahora el 50 por ciento de la calificación total (1.000) se puede obtener con la evaluación económica que otorga un máximo de 500 puntos. En el pliego anterior eran 200.

Esta evaluación económica resulta de la suma del puntaje que se le otorgue a la oferta monetaria que tenga el interesado en el precio unitario de las libretas de pasaportes (máximo 145 puntos), la etiqueta de visa (máximo 105 puntos), servicio de formalización (máximo 115 puntos) y servicio de personalización (máximo 135 puntos).

Y así se ve en el de ahora:

Por el contrario, el puntaje que se le daba a la evaluación técnica –es decir, los aspectos tecnológicos y de seguridad que deben tener las libretas y las plantas– bajó 300 puntos: pasó de un máximo de 637,5 a 337,5.

Esta calificación resulta de la suma que obtenga el oferente según dos categorías: primero, el ofrecimiento de la disponibilidad de un tercer chip con su sistema operativo, el cual permita el almacenamiento de la información biográfica y biométrica (máximo 200 puntos) y segundo, el ofrecimiento de una planta de personalización como plan de contingencia (máximo 137,5 puntos).

Respecto al tercer chip, ahora se incluyó la necesidad de aportar una ficha técnica del dispositivo ofrecido, avalada por su fabricante, para obtener el puntaje relacionado.

Finalmente, el valor monetario del contrato también cambió: pasó de $599.651’582.571 a $416.146’917.633. La disminución tendría que ver con que Leyva le extendió un año el contrato a Thomas Greg para evitar el desabastecimiento y por eso no se tiene en cuenta el 2023. Eso sí, el plazo de ejecución es el mismo en ambos pliegos: hasta el 31 de julio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.

Aura Saavedra y Rafael Quintero

REDACCIÓN POLÍTICA Y UNIDAD DE DATOS