¿Habrá desabastecimiento de pasaportes? Abecé para entender el lío de la Cancillería

Esta semana se sepultó definitivamente la licitación con la que se buscaba contratar a la empresa que a partir de octubre debería asumir la responsabilidad de suministrar los pasaportes y visas de los colombianos. 

Diversos entes de control le han expresado a la Cancillería su molestia por un posible desabastecimiento debido a esta situación. Más aún, si te tiene en cuenta que el próximo 2 de octubre vence la extensión del contrato con la actual empresa que se encarga de esto. 

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En este abecé le explicaremos lo que debe saber sobre esta situación que ha puesto en el limbo la responsabilidad de la producción y distribución de estos documentos claves para los ciudadanos. 

Desde la primera mitad de este año hubo controversia alrededor de la licitación. El 24 de mayo se abrió este proceso y en ese momento había 11 empresas interesadas: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A (la actual contratista); Impresa Nacional - Casa de la Moneda de Portugal; Cadena S.A.; Thales Colombia S.A.; Identificación Plástica S.A.S; Consorcio STC; In Group; Get Group; Inversiones BMT S.A.S; Veridos México y s Holográficos (sucursal Colombia).

Pero la lista se fue reduciendo mientras el proceso avanzó, especialmente porque la mayoría de ellas se retiraron del proceso después de que se quejaron porque las condiciones de la licitación supuestamente favorecían a un único oferente: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A, quienes han tenido este contrato en los últimos 17 años.

Las denuncias por esta situación agravaron la situación, tanto así que el Ministerio le pidió a la Fiscalía investigar las quejas que se estaban presentando y posteriormente, en julio de este año, se suspendió por primera vez el proceso. 

EL TIEMPO conoció un documento en el que advertía que los pliegos fueron ajustados para garantizar la pluralidad de oferentes que solicitó el presidente Gustavo Petro, pero dichos justes habrían sido mínimos. Por eso, finalmente, para la licitación solo se terminó presentando Thomas Greg & Sons de Colombia S.A y la Cancillería manifestó que en vista de que solo había un oferente, la mejor decisión era declarar desierta la licitación, como finalmente ocurrió este jueves.

La decisión se tomó, además, en la misma semana, cuando el presidente Petro manifestó en X que en su gobierno no habrá "licitaciones con un proponente. La lucha contra la corrupción va en serio". 

s Holográficos, por ejemplo, en uno de los comentarios decía que "una vez analizado el cronograma preliminar, vemos que los tiempos establecidos son demasiado cortos para la estructuración de una propuesta técnica, jurídica y económica. Es más que obvio que la envergadura de un proceso como este, requiere el concurso de múltiples disciplinas especializadas y la correcta integración de las mismas, las cuales terminan reflejándose en una propuesta oficial seria".

Cadena S.A. por otro lado, en su documento de observaciones, coincidió con lo mencionado por s Holográficos, pero agregó más aspectos. Señalaron que, por ejemplo, en los documentos que hacen parte de la licitación se pide que, a lo largo del contrato, "el contratista debe mantener inventarios para producir mínimo 200 mil pasaportes".

Pero además, mencionaban que para obtener el papel de seguridad necesario para ejecutar el contrato se requieren alrededor de 20 semanas; "lo mismo sucede con los chips cuya adquisición tarda entre 16 y 20 semanas y con el holograma que tarda de 10 a 12 semanas, así como con las carátulas que tardan alrededor de 14 semanas".

La empresa aseguraba que, exceptuando al contratista actual (la empresa británica), la mayoría de oferentes tendrían que abastecerse de buena parte de los insumos mencionados en los 58 días entre la adjudicación, lo cual no era rentable según los tiempos. 

En una carta de la compañía Mühlbauer group, publicada por la Unidad Investigativa de este diario, por otro lado, se lee: "Opinamos que la exigencia de presentar muestras de documentos de viaje que sigan las especificaciones del pasaporte colombiano vigente favorece al proveedor que ha ejecutado el contrato durante los últimos 17 años, sin embargo, no agrega valor y va en detrimento de los propósitos de desarrollo y en contra de la seguridad del pasaporte colombiano".

Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

Esta empresa tiene el contrato hasta el próximo 2 de octubre y a pesar de que se había mantenido una buena relación con el Gobierno en los 17 años que han sido escogidos para estos servicios, la situación cambió esta semana.

Como lo reveló la Unidad Investigativa de este diario, la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Greg, recurrirá legalmente la decisión de Leyva. Fuentes cercanas al proceso dijeron que estudian acciones istrativas, disciplinarias y penales para exigir respeto sus derechos.

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Según normas contractuales, la indemnización que ordena la ley es del 100 por ciento de la utilidad esperada, es decir, se esperaría que reclamen unos $ 100 mil millones. Esta indemnización será por los perjuicios causados y pedirían que se investigue un presunto prevaricato a funcionarios, por tomar una decisión que, en su criterio, es contraria a la ley.

Según la Cancillería, no. Esta semana tomaron una medida con la que esperan evitar el desabastecimiento de este documento tras el 2 de octubre, que es la fecha en la que termina el contrato con Thomas Greg & Sons.

El canciller Leyva firmó este 14 de septiembre una resolución en la cual declara ‘estado de urgencia manifiesta’ por 12 meses.

Esta figura está contemplada en la ley 80 de 1993 en el artículo 42. Allí se explica que la medida puede declararse cuando “la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro” esto siempre y cuando se presenten situaciones excepcionales “que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos”.

El gran interrogante que queda sobre la mesa es qué empresa escogerá el Gobierno para suministrar estos documentos y hasta que eso no se resuelva, en el país seguirá el riesgo de que se empiecen a generar problemas con la producción de estos documentos necesarios para viajar, pues aunque se ha asegurado que hay un reserva de libretas, estas se agotarán en algún momento. 

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA