El próximo 20 de julio la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, presentará un proyecto de ley para que las ciudades con más de un millón de habitantes tengan una Policía local.
“Lo que atormenta a nuestros ciudadanos no es el ‘clan del Golfo’, es el atraco en las calles, es la extorsión al tendero del barrio, es el acoso a las mujeres en TransMilenio”, se queja la mandataria. Ante esto, anota ella, no hay herramientas para hacerles frente.
“En el caso de Bogotá, y en general las áreas metropolitanas de más de un millón de habitantes, deberíamos tener un nuevo esquema de descentralización: una autorización constitucional y nacional de crear una Policía local que responda a las prioridades del territorio de la ciudad”, argumenta. “El modelo de Policía local nos sirve para despejar la actividad pequeña, el delito cotidiano, el raponeo, el robo, esa situación que de no ser intervenida se convierte en caldo de cultivo para las grandes bandas”, añade, por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien respalda la idea.
Pero ¿qué tan sencillo es llevarla a la realidad? “En el marco constitucional de un país centralizado como Colombia no es posible, porque el control de la Policía fundamentalmente está en el Ministerio de Defensa y, dadas las delicadas actuaciones de la Policía, me parecería problemático. ¿Quién podría, por ejemplo, establecer marcos disciplinarios?”, reflexiona Daniela Garzón, analista de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
El temor pasa por un posible descontrol de cada una de las fuerzas, como sucede en México.Entre tanto, el experto en seguridad y docente de la Universidad Externado Jairo Libreros tiene otra posición. “El arreglo institucional establecido en la Constitución Política, entre alcaldes y la Policía Nacional, fracasó. El mandato constitucional que les asigna a los alcaldes la condición de primera autoridad de Policía en su municipio o distrito es simplemente un saludo a la bandera. Es una frase sin sentido político ni contenido operacional”, opina.
“Sin excepción, todos los comandantes locales de la Policía en los municipios y distritos del país no siguen las órdenes o instrucciones que imparten los alcaldes y las alcaldesas del país. Si Claudia López se queja sobre la relación de dirección, conducción y subordinación con la Policía en Bogotá, los desencuentros en el resto de municipios del país son más evidentes y problemáticos”, anota. Y concluye: “La iniciativa de los alcaldes distritales es viable. Por polémica que pueda resultar, se puede tramitar e impulsar en el Congreso y, de ser aprobada bajo lineamientos técnicos, garantizaría que los alcaldes asuman por primera vez, desde 1991, su función de primera autoridad de la Policía”.
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