Esta es la apuesta del gobierno Duque en materia ambiental

El gobierno del presidente Iván Duque está enfocado en avanzar en la protección de la biodiversidad, y en ese sentido incluso acaba de plantear que la meta para el país de cara al 2030 es reducir los gases de efecto invernadero en un 51 por ciento.

Pero también está buscando “endurecer” las penas para los delitos que tengan que ver con las afectaciones contra la naturaleza.

El mandatario habló con EL TIEMPO sobre la protección de la biodiversidad, de los programas que se están poniendo en marcha y acerca de las alternativas que se están evaluando para imponer sanciones más fuertes contra los “ecocidas”.

Lo primero es que Colombia tiene en este momento una agenda ambiental consistente, holística y, sobre todo, basada en resultados. Yo siempre propuse como candidato a la Presidencia que este iba a ser el gobierno de los grandes compromisos en reducción de emisiones de CO2. Vamos ahora a la cumbre de Londres con un compromiso de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, lo cual marca un hito a nivel internacional porque Colombia tan sólo representa el 0,4 por ciento de esas emisiones. Somos hoy un país líder en América Latina en la transición energética. Pasamos del 0.2% de la matriz de energías renovables no convencionales y vamos a superar el 10% y tal vez vamos hacer un poco más ambiciosos. Tercero, tenemos la transformación del parque automotor donde estamos movilizando vehículos eléctricos. Solamente este año, el año de pandemia, los vehículos eléctricos han aumentado 80 por ciento la venta.

Además, tenemos las siembra de 180 millones de árboles y también a otro hito muy importante, Colombia en el liderazgo internacional está firmando el convenio de Minamata, hemos firmado la ley que prohíbe el asbesto, la ley que va eliminando el plomo en Colombia y fuera de eso está el Pacto de Leticia y el Congreso Mundial de Defensa de los páramos. Ahí hay una agenda integral.

Es la primera vez que en el marco de un bloque comercial de América Latina se firma una carta ambiental, donde los países, en este caso la Comunidad Andina, de la cual soy presidente pro tempore, estamos haciendo un compromiso no solo para esa agenda 2030 de reducción de emisiones, sino para la protección de la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y promover una cultura de economía circular en la que defendamos el concepto de producir conservando y conservar produciendo.

Lo importante es entender cuáles son los enemigos de la naturaleza, los ecocidas. La coca es ecocida, por cada hectárea que se siembra se están destruyendo casi tres de selva tropical húmeda. Tenemos también desarrollos ilegales de maderables, extracción ilegal de minerales y desarrollo ilegal de la frontera ganadera. Por eso, nosotros tenemos la operación militar Artemisa para enfrentar el delito. Y, por otro lado, estamos llegando a las comunidades con el pago por servicios ambientales o con los contratos de conservación natural, para que las familias dejen la actividad ilegal y se vuelvan protectores del medioambiente y reciban una remuneración.

Se ha actuado. El año pasado se hicieron extinciones de dominio muy grandes de ganadería ilegal, ha habido acciones penales, pero lo cierto es que son delitos que son excarcelables. Por eso queremos endurecer las sanciones por los delitos contra la naturaleza. No se trata de llevar gente a las cárceles por llevar, por eso nosotros tenemos clara la presencia militar para combatir las explotaciones ilegales, pero también de pagos por servicios ambientales o los contratos de conservación natural, que son un mecanismo para involucrar a las familias que están en la actividad ilegal para que se conviertan en protectores del medioambiente.

Ya estamos tramitando en el Congreso un proyecto para endurecer las penas por extracción ilegal de minerales, y creo que estaremos presentando el año entrante un proyecto de crecimiento limpio para que tengamos recursos que nos permitan aumentar la inversión en lo ambiental. Y otro de sus elementos es enfrentar la deforestación, y ahí también se pueden contemplar herramientas de carácter sancionatorio, sobre todo cuando se presentan casos de ecocidio.

Lo primero es reconocer que los delitos ambientales no pueden ser delitos excarcelables, sobre todo cuando estamos hablando de destrucción deliberada de los ecosistemas o tráfico de especies o destrucción de maderables. Nosotros hemos puesto la protección del medioambiente como un asunto de seguridad nacional. Y me parece que tener una herramienta normativa que endurezca la sanciones, que no las vuelva excarcelables, sino que implique sanciones ejemplarizantes para quien atente contra el medioambiente, es más que necesario.

Estamos en este momento definiendo si entra en el concepto de crecimiento limpio o, por el contrario, lo vamos a presentar como un régimen sancionatorio por delitos ambientales.

POLÍTICA

EL TIEMPO

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