Las cuentas del Gobierno en el balance de los acuerdos de paz

En el país hay registrados 13.144 excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación. Son más de 13.000 familias que suman unos 55.000 colombianos, algo así como toda la población de Riosucio, Chocó.

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“Un municipio con esos niveles de emprendimiento, de cobertura y de éxito socioeconómico se habría ganado el premio Nobel, y yo sería el alcalde más famoso del planeta”, dice el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila.

De esta manera explica los logros obtenidos en el año 2020 al hacer un balance de la implementación de los acuerdos de paz en el marco de lo que el Gobierno Nacional definió como su política de ‘Paz con legalidad’.

En el hipotético municipio de Archila se aprobaron el año pasado 2.050 proyectos productivos, es decir, son 2.050 empresas que cubren casi 6.000 excombatientes, a lo cual se suman 2.200 empleos para un total de 8.000 personas con ingresos fijos, todo esto con una inversión de más de 60.000 millones de pesos.

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En esa misma población, que en realidad abarca todo el país porque los excombatientes están en diferentes regiones, sus habitantes tendrán vivienda –punto que no estaba previsto en los acuerdos– para más de 2.000 familias con un proyecto que les va a solucionar esa carencia. El 99 por ciento están bancarizados; y en cuanto a salud esas personas están cubiertas y 85 por ciento está cotizando para pensión.

Enfrentando las críticas –que no han sido pocas– de algunos sectores que reclaman por el ‘incumplimiento’ y, sobre todo, por el asesinato de desmovilizados, la piedra en el zapato del proceso, Archila defiende con cifras y datos la labor, e insiste en la voluntad del Gobierno para continuar con el proceso y la planeación a largo plazo, y recuerda que la Constitución “previó que este se debe hacer por 15 años”.

La atención a los desmovilizados no es el único frente, este es solo un componente. También está la sustitución voluntaria de cultivos, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y el desarrollo rural integral.

“En el 2020 obtuvimos unos resultados que nos llevan a que en 2021 el proceso sea irreversible”, dice Archila, haciendo énfasis en que por ley se les dio continuidad a planes que solo estaban previstos hasta agosto del 2020.

Así se mantuvo el apoyo financiero para los planes de salud, educación, alimentos y la istración de los antiguos espacios territoriales, que si bien se acabaron como figuras jurídicas, “mantendrán todas las garantías y se renovarán legalmente por el tiempo que sea necesario”.

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Un aspecto clave en este proceso han sido los 170 municipios Pdet, que permitieron que se extendieran los beneficios a las comunidades afectadas por la guerra o donde se asentaron los desmovilizados, que representan 16 regiones del país e impactan a 6,7 millones de colombianos, en los que se han invertido 4,9 billones de pesos.

Con el decreto que firmó el presidente Duque esta semana para el adelanto de las regalías, la cifra aumenta a 8 billones de pesos. Para hacerse a una idea de lo que eso significa en términos de dinero, Archila recuerda que “el metro de Bogotá vale casi 12 billones de pesos”.

Los proyectos Pdet se enfocan en construcción de vías terciarias, escuelas y otras obras civiles. En este punto se han invertido $ 1,78 billones. De estas iniciativas, 12 están terminadas, 153 en ejecución y 60 en proceso de contratación.

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Y como para evidenciar los avances logrados, la oficina de Archila reveló que del total de las 1.007 obras iniciadas en los 170 municipios Pdet, 913 se concluyeron con una inversión de $ 147.706 millones, y 94 están en ejecución (24.187 millones). Y en 2021 estarán en ejecución otras 1.115 obras adicionales con una inversión de 170.962 millones de pesos. Por último, para el 2022 hay proyectadas 527 obras de infraestructura eléctrica, agua potable y vías, entre otras.

Vamos a cumplir una de las instrucciones del presidente Iván Duque, quien ha dicho que en todos los frentes tenemos que lograr una decisión política de cumplir una planeación robusta y la irreversibilidad al final del 2021. Lo vamos a lograr en materia de víctimas, reincorporación, de planes de desarrollo con enfoque territorial, de sustitución voluntaria de cultivos y en lo relacionado con desarrollo rural integral.

Son inmensas. La manera como hemos venido avanzando tanto cualitativa como cuantitativa es impresionante. Este es el proceso que tiene en el mundo mayores garantías para los excombatientes. Gracias a la manera como los hemos venido apoyando, ninguno se nos ha caído otra vez al narcotráfico.

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Son distintas políticas que terminan siendo confluyentes, pero cada una tiene un énfasis. Uno es el trabajo que hacemos con los excombatientes, pero ahí tenemos el cuidado también de trabajar con las comunidades en donde ellos están.

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) favorecen a casi toda la población, que es una gran política que incluye a 170 municipios, 16 regiones, la tercera parte del territorio nacional y alrededor de 6,7 millones de colombianos.

Y, además, está el Desarrollo Rural Integral, que es para el campo y no hace ninguna distinción en cuanto a ningún municipio, abarca a todos los municipios de Colombia.

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