¿Qué explica la pasividad de Colombia ante acusaciones de Maduro, detención de colombianos y suspensión de vuelos?

Dos episodios ocurridos esta semana volvieron a poner en el foco la relación entre Colombia y Venezuela. Por un lado, la sorpresiva suspensión de vuelos entre ambos países por parte del gobierno de Nicolás Maduro y, por el otro, el creciente clamor de familiares de colombianos detenidos en ese país, que siguen sin respuestas claras por parte del Gobierno colombiano. 

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Ambos casos evidencian un patrón que ha comenzado a generar críticas en diversos sectores: la falta de una respuesta firme y pública del presidente Gustavo Petro frente a decisiones unilaterales del régimen venezolano que afectan directamente a ciudadanos colombianos y, de paso, a las relaciones bilaterales.

La primera señal de alarma se encendió cuando el gobierno venezolano anunció el pasado lunes, sin previo aviso, la suspensión de vuelos desde Colombia, alegando motivos de “seguridad nacional”. 

Según lo dicho por Diosdado Cabello, el segundo del chavismo, la decisión se tomó tras detectar una supuesta conspiración “orquestada desde Colombia” para sabotear las elecciones regionales del próximo 25 de mayo. El ministro del Interior de Venezuela afirmó que se frustró una supuesta operación que involucraba a explosivos y planes para atacar embajadas, hospitales y figuras políticas.

La gravedad de las acusaciones -que incluyeron menciones a “mercenarios colombianos”, al senador estadounidense Marco Rubio, y hasta a una “mafia albanesa en Ecuador”- contrastó con la respuesta del gobierno colombiano. 

La Cancillería se limitó a confirmar que fue informada de la suspensión de vuelos por razones de seguridad nacional y señaló que activó “canales diplomáticos”, sin emitir ningún pronunciamiento de mayor firmeza ante la gravedad de los señalamientos ni exigir explicaciones formales.

“Hasta la fecha, la Cancillería colombiana no ha recibido información sobre detenciones de ciudadanos colombianos. Las gestiones para determinar alguna captura de connacionales se mantendrán. Cualquier evolución relevante en la materia será informada a la opinión pública”, agregaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El segundo hecho que generó críticas es la situación de los ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, cuyas familias denuncian la falta de garantías mínimas y exigen que se interceda por su liberación. 

La Cancillería, a través del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, aseguró que el embajador en Caracas, Milton Rengifo, ha intentado visitarlos para llevarles implementos de aseo y que se han enviado 18 notas verbales solicitando información. 

Sin embargo, también dejó claro que “la Cancillería no puede comprometerse a la liberación inmediata” y que “la decisión corresponde exclusivamente a las autoridades venezolanas”.

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Aunque el funcionario afirmó que se está trabajando en un “plan de acción” para mejorar la comunicación con Caracas, las limitaciones reconocidas en el proceso diplomático han sido criticadas por familiares de los 18 detenidos, quienes aseguran que no han podido establecer o con sus seres queridos, ni han recibido información clara sobre su situación jurídica.

Estos dos hechos se suman a otros episodios recientes que muestran un desequilibrio en la relación entre ambos países. Mientras Venezuela toma decisiones importantes sin avisar ni coordinar con Colombia -como cerrar la frontera o lanzar acusaciones graves-, el gobierno Petro ha respondido con cautela, limitándose a gestiones diplomáticas sin pronunciamientos contundentes. 

Según el analista venezolano Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, esta prudencia se explica por varias razones. En primer lugar, por la derrota diplomática de Petro en su intento de incidir en la resolución del conflicto derivado del desconocimiento de las elecciones opositoras del 28 de julio en Venezuela. En segundo lugar, Uzcátegui identifica un condicionamiento ideológico en la izquierda latinoamericana que impide al presidente Petro tomar una postura crítica frente a Maduro.

“La evidencia sugiere que Petro estaría dispuesto a normalizar progresivamente sus relaciones con un gobierno no democrático”, afirmó Uzcátegui. Y advierte que las consecuencias de esa decisión no se limitan a lo político: “La falta de democracia y de calidad de vida en Venezuela va a seguir impactando a Colombia. Se estima que 1.200.000 venezolanos saldrán del país como migrantes forzados y su puerta de salida es Colombia, donde muchos se quedarán pese a los obstáculos actuales para regularizar su situación”.

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Todo esto deja preguntas importantes en el aire. ¿Hasta cuándo se puede mantener una buena relación con un gobierno que toma decisiones por su cuenta, lanza acusaciones graves contra Colombia y detiene a connacionales sin dar explicaciones? ¿Cuál es el costo político, tanto dentro como fuera del país, de una diplomacia que evita el conflicto incluso cuando hay posibles abusos? ¿Qué otros mecanismos podría utilizar el Gobierno Petro para ejercer presión sin caer en el discurso belicista de sus antecesores?

Desde el ámbito académico, Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana, plantea que la relación bilateral se ha tornado “asimétrica”, con Colombia en una posición de evidente desventaja. “Existe un temor del gobierno colombiano a molestar al régimen de Maduro por el riesgo de retaliaciones que podrían agravar ciertas dependencias creadas en los últimos años”, explicó.

Entre los temas sensibles, González señala la seguridad en regiones fronterizas como el Catatumbo -donde Venezuela tiene influencia directa sobre la actividad de grupos armados ilegales-, la importación de gas, los intercambios agroindustriales y, especialmente, el papel de Maduro como garante en la mesa de negociación con el Eln -si esta llegará a reactivarse-. “Las “consideraciones prácticas” casi que obligan a Petro a avalar a su mediador incluso cuando este enfrentando una crisis de legitimidad en su propio país”, subrayó.

Para el analista político Carlos Arias, en este caso, más que una posición firme de la Cancillería, se requiere un liderazgo directo del presidente Petro. “No es que haya prudencia por parte del gobierno colombiano, expresada en la Cancillería, sino que existe una complacencia inspirada en un discurso institucional”, asegura. Según Arias, no se trata de una omisión diplomática, sino de una decisión política deliberada: “La política exterior está siendo complaciente con una medida que claramente pone en riesgo varias de las dinámicas comerciales que actualmente sostiene el gobierno colombiano”.

Por ahora, ni la Cancillería ni la Presidencia han dado señales de un posible cambio en el enfoque hacia Venezuela. La apuesta del gobierno Petro sigue siendo la del diálogo prudente,y la contención del conflicto. Sin embargo, esta estrategia -aunque coherente con su visión de una diplomacia no beligerante- comienza a mostrar fisuras frente a un interlocutor que parece haberle tomado la medida al Gobierno.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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