Representación política de las mujeres: aún nos falta

No es fácil hacer una evaluación de las pasadas elecciones en términos de inclusión de género. Los análisis más inmediatos sobre los resultados de las mujeres pierden de vista la gran diversidad de trayectorias políticas en términos de sus ideologías, partidos, situaciones y condiciones sociales.

Sin perder eso de vista, hay resultados destacados que quiero comentar: algunos son positivos y otros dan cuenta de un saldo pendiente a la hora de eliminar las enormes dificultades presentes aún en nuestro contexto político, social y cultural. Veamos.

Un primer resultado notable es que, luego de una lucha centenaria de los pueblos indígenas y de las mujeres que los integran, en estas elecciones dos de ellas fueron electas como alcaldesas: Mercedes Tunubalá, indígena misak, obtuvo la alcaldía de Silvia, Cauca, y Aura Cristancho, indígena u'wa, la de Cubará, Boyacá.

También cabe destacar que de los 42 municipios que componen al departamento del Cauca, en ocho fueron electas mujeres: Martha Cecilia Velasco, en Corinto; Geidy Xiomara Ortega Trujillo, en Inzá; Lucy Amparo Guzmán, en Santander de Quilichao;Blanca Lucy Agredo Muñoz, en Sotará;Lheidy Patricia Muñoz Gómez, en Sucre;Maribel Perafán, en Timbío, yNeyla Yadira Amú Vente, en Timbiquí.

Esto representa el 19 por ciento de las alcaldías de un departamento sitiado por una guerra que no parece tener fin.

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El segundo resultado importante tuvo lugar en Medellín, donde una iniciativa de 2.000 mujeres logró más de 28.000 votos y obtuvo una curul al Concejo de dicha ciudad. El movimiento político Estamos Listas innovó en varios frentes, como la financiación cooperativa y solidaria de su campaña, la toma de decisiones democráticas para conformar la lista y su agenda feminista, en la que propusieron una ciudad para todos y todas pensada desde las mujeres.

Hace ya varias décadas, el Movimiento Mujeres 2000 intentó conformar un movimiento similar con algunos triunfos en Cundinamarca y Tolima, pero nunca alcanzó un respaldo electoral tan numeroso como el de este movimiento.

En tercer lugar, el hecho de que por primera vez en la capital de la República haya resultado electa una mujer –Claudia López– como alcaldesa es, sin lugar a duda, una victoria histórica en un contexto complejo por las decisiones trascendentales que enfrenta la ciudad en este nuevo periodo de gobierno.

La otra capital que eligió alcaldesa fue Santa Marta –Virna Johnson–. En cuanto a las gobernaciones, Elsa Noguera fue electa en el Atlántico y Clara Luz Roldán, en el Valle del Cauca.

Aún no hay datos definitivos de la Registraduría sobre asambleas, concejos y juntas as locales (JAL), aunque históricamente en estas corporaciones públicas las mujeres llegan a obtener entre un 25 y un 35 por ciento de participación, gracias a la obligación de candidatizar mujeres establecida en la Ley 1475 de 2011. Habrá que esperar para saber si allí se superan los niveles de las elecciones anteriores.

De acuerdo con los datos entregados por la Registraduría, en estas elecciones había 43.824 mujeres inscritas como candidatas, el mayor número desde que hay elección popular de autoridades locales.

Sin embargo, ese número es apenas el 37,2 por ciento de todos los candidatos que se postularon para estos comicios; es decir que por cada tres candidatos hubo una mujer. La primera conclusión, de sentido común, es que si hay menos mujeres candidatas directamente se esperaban menos electas.

Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en 540 municipios ninguna mujer se postuló a la alcaldía, lo que quiere decir que en la mitad de ellos –el 49 por ciento– ni siquiera entraron a la competencia. Según la misma fuente, tampoco hubo candidatas a la gobernación en 18 de los 32 departamentos. De allí que los resultados sean tan bajos: se estima que 130 (11 por ciento) de las alcaldías y apenas 2 (6 por ciento) de las gobernaciones serán ocupadas por mujeres.

Por otra parte, está la gravísima situación de violencia en contra de los y las líderes sociales, ya sea por su pertenencia a luchas étnicas, territoriales, ambientales o como víctimas del conflicto armado que han participado en importantes procesos políticos. Se ven amenazados por los distintos actores armados, que han desatado un proceso de exterminio físico y simbólico en contra de quienes tenían el potencial de hacer el tránsito desde el trabajo cívico o comunitario al campo de la competencia electoral.

El hecho más visible previo a las elecciones fue el asesinato de Karina García Sierra, candidata liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca, junto con integrantes de su familia y de su esquema de seguridad, lo que ensombreció aún más un clima ya de por sí tenso debido al regreso de las masacres y la continuidad de los asesinatos selectivos.

Así que el balance en su conjunto está lejos de ser positivo en términos de género. Hay tres aspectos estructurales que pueden ayudar a explicarlo: las desiguales condiciones producto del modelo de financiación de las campañas políticas en nuestro país, algunos rasgos de nuestra cultura política y, finalmente, el papel de los partidos en la competencia electoral por cargos uninominales.

En primer lugar, el nuestro es un modelo mixto (público-privado) de financiación de las campañas con pocos mecanismos de control o verificación, que abre las puertas a los dineros ilegales y a los legales con intereses corporativos.

Quien no obtiene patrocinio, crédito o apoyo de sus partidos o de los bancos no logra ser competitivo en un contexto de campañas sumamente costosas. De modo que si en términos generales las mujeres son las personas más pobres entre los pobres, sus oportunidades de hacer política se ven gravemente limitadas. Pensar la inclusión de las mujeres implica crear un sistema público y transparente de financiación que permita moderar los montos gastados en campaña. Esto aseguraría la igualdad de condiciones en la competencia.

Además, se debería disminuir la duración de las campañas y, sobre todo, se deberían garantizar las condiciones para votar, por ejemplo, mediante la financiación pública del transporte de los votantes el día de elecciones.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que lo que les ocurre a las mujeres en política no es diferente a lo que enfrentan en el resto de las esferas sociales: en una sociedad violenta, desigual e injusta sería utópico esperar un ejercicio armónico o pacífico de proselitismo.

La violencia física o simbólica que está presente en la vida cotidiana de muchas mujeres se exacerba cuando deciden salir de los roles tradicionales o esperados para ellas y se embarcan en una carrera política. Muchas enfrentan conflictos graves con sus parejas o familias, pero también con sus contrincantes o, incluso, copartidarios, que en ocasiones no aceptan que mujeres entren a disputar sus zonas de control político o electoral.

Esto es aún más grave en territorios de dominio de algún actor armado, que en general se han caracterizado por castigar a las mujeres con vocerías públicas o políticas.

Por último, los partidos políticos y su papel de intermediación son determinantes para quienes quieren emprender una carrera política a través de las elecciones. Estos actores han sido muy elocuentes en sus estatutos como organizaciones para hablar de género, equidad o inclusión, y algunos de ellos incorporaron, incluso, el mecanismo de cuota de la legislación nacional en sus estatutos.

Pero cuando se llega al espacio de la política real, esto queda en buenas intenciones. Por ejemplo, en lugar de promover a las militantes de sus colectividades en la estructura organizativa del grupo político, en general, los partidos han optado por crear secretarías de mujer o equidad, trasladando allí la responsabilidad de la inclusión.

Es decir, mantienen a sus militantes lejos de la toma de decisiones vitales en la vida del partido, como la designación de sus directivas, el manejo del presupuesto o la conformación de listas electorales y, por supuesto, de las candidaturas.

Además, hay que decir que en ocasiones las mujeres que son impulsadas a la primera línea de la competencia electoral lo son por su pertenencia a clanes o familias políticas tradicionales, a las élites económicas o políticas, y en general son mujeres que no se enfrentan a discriminaciones que son cotidianas para lideresas de sectores populares, campesinas, indígenas o afrodescendientes.

Así que el cambio necesario está en las reglas del juego político. Estas deben brindarles oportunidades a quienes les han sido negadas históricamente.

ANGÉLICA BERNAL*

RAZÓN PÚBLICA

*Politóloga, Ph. D. en Filosofía, investigadora y feminista, especialista en el estudio de mujeres y su relación con el poder político, la democracia y la ciudadanía, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.