Se conocen los tres primeros decretos de la conmoción interior con los se que busca atender crisis humanitaria en Catatumbo

Una semana después de que se declaró el estado de conmoción interior ante la crisis humanitaria desatada por los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, que ya deja más de 47.000 desplazados, el Gobierno dio a conocer los primeros decretos con los que el presidente Gustavo Petro busca conjurar la grave situación de orden público en el Catatumbo.

Son tres los textos que se conocieron en la tarde del jueves: el 106, 107 y 108 de 2025. Los documentos provienen oficialmente del Ministerio de Agricultura y todos buscan atender la contingencia en el Catatumbo. 

El primero busca garantizar "medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario. El segundo apunta a la protección de zonas agrícolas, cadenas, productivas y de suministro, sistemas agroalimentarios y generación de condiciones de estabilidad y restablecimiento del abastecimiento y la garantía del derecho humano a la alimentación. El tercero pretende la "adopción de medidas para la protección de tierras, territorios y activos y prevención de la acumulación y el acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público". 

Las ordenanzas presidenciales no estuvieron libres de polémica por cuenta del artículo 4 del decreto 108. Allí se entra a habilitar una figura de expropiación que es propia de la gestión de desastre para atender a los ciudadanos afectados por los desplazamientos. Una de las primeras en levantar las alarmas fue la representante Katherine Miranda, que antes ha denunciado otros intentos del gobierno Petro por implantar lo que esta ha denominado 'expropiación exprés'. 

"Lo que no hemos pasado en el Congreso, ahora lo quieren hacer por Conmoción Interior. Quieren volver a meter la expropiación exprés, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada", dijo la congresista de la Alianza Verde, que agregó: "Lo intentaron en el Plan Nacional de Desarrollo, lo intentaron en la reforma agraria y ahora lo quieren imponer a las malas por conmoción interior. Los programas especiales de adjudicación de tierras se sujetan a los procedimientos agrarios señalados en la Ley 160 de 1994".

También hubo críticas por parte de Diógenes Quintero, que está en la Cámara por la circunscripción de paz por el Catatumbo. En este caso, señaló que en la zona no habría predios para proceder con la figura, pues "no hay terratenientes a los que se les pueda expropiar", y en cambio causó "una discusión nacional innecesaria sobre la expropiación y sin duda va a a generar una alerta en la región". 

Este también expresó su molestia por el articulado que congela "toda la enajenación de inmuebles en la región". En este punto vale señalar que, aunque se busca evitar el despojo de tierras mientras el desplazamiento de los afectados por la violencia, el estado de conmoción cobija a municipios como Ocaña. 

El primero de los decretos conocidos en medio de la emergencia busca garantizar los medios de vida, como parte de esos objetivos se ordena suspender los proceso de remate relacionados con créditos de fomento agropecuario en predios de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, y esquemas asociativos ubicados en las zonas de la conmoción. 

Bajo un camino similar se ordena a las entidades del sistema nacional del crédito agropecuario que refinancie las obligaciones de los campesinos, pequeños y medianos productores y esquemas asociativos de las zonas cobijadas por el estado de excepción. Se deja claro que la refinanciación será para deudas anteriores a la conmoción, no pueden ser superiores al doble del plazo pendiente, y la refinanciación no puede ser más alta que el monto original. 

Otro punto deja claro que habrá prioridad para mujeres de campo y víctimas de desplazamiento en la zona. Asimismo, se establece que esa priorización debe venir acompañada de "instrumentos de trabajo productivo, crédito, asistencia técnica y capacitación con enfoque interseccional. 

Por último, se le otorga al Banco Agrario y a Finagro la potestad de celebrar acuerdos para recuperación y pagos de cartera en mora antes y durante la declaratoria de conmoción. Esto incluye "la condonación del 100 por ciento de intereses orientes y de mora, así como del 80 por ciento de quitas del capital" para aquellos afectados de la zona del estado de conmoción que figuran como pequeños productores. 

El segundo decreto del Ministerio de Agricultura apunta a la protección de zona agrícolas y las cadenas productivas de los municipios del estado de conmoción. 

Bajo ese propósito se faculta a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para contratar de manera directa la adquisición de bienes, servicios y logística con sociedad de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, asociaciones campesinas y agropecuarias contempladas en la ley 2219 de 2022 y las organizaciones de la ACFEC. Esta figura, que duraría el tiempo del estado de conmoción buscaría "garantizar artículos alimenticios, la continuidad de la producción en zonas agrícolas, las cosechas, el ganado, el y utilización de sistemas de riego y recursos hídricos".  

Otro de los puntos busca proteger la cadena productiva y sistemas agroalimentarios. Bajo esa lógica se ordena destinar el 2 por ciento de las contribuciones parafiscales, incluidas en el presupuesto de 2025, "con destino a las cadenas productivas en las entidades territoriales cobijadas por la declaratoria". 

El cuarto artículo hace referencia a la conservación y suministro de semillas. Para este fin, se le da la orden a Agrosavia y el ICA a que tome medidas "urgentes para el resguardo y custodia del material de propagación y de las semillas de las comunidades campesinas y étnicas afectadas". En un camino similar se les ordena distribuir semillas, material vegetal y de propagación y disponer de esquemas transferencia de tecnología para las comunidades afectadas. 

Es el decreto más extenso de los que se ha conocido hasta el momento y busca la protección de los predios de los desplazados y "restablecer de forma pronta los derechos y la protección de los bienes de víctimas y personas en situación de desplazamiento" afectados por la contingencia que motivó el estado de conmoción. 

En esa línea ordena que la Unidad istrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas haga un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados o confinados. Se busca "impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes" cuando sean en contra de la voluntad de los titulares. Siguiendo este punto se ordena la suspensión en el registro de matrículas inmobiliarias y cualquier modificación en los municipios de la conmoción mientras esté activa la figura. 

El tercer artículo de ese decreto pretende que se dispongan los bienes inmuebles agropecuarios o agroindustriales de propiedad de entidades públicas o istrados por estas para dar albergue temporal, establecimiento temporal de vivienda rural y la dotación de tierras para "conjurar los efectos derivados de la grave perturbación del orden público". 

El artículo más polémico de la camada de decretos fue el cuarto, pues activa la expropiación istrativa bajo los criterios que establece "la política nacional de gestión del riesgo de desastres". En este caso se busca invocar esta figura para culmina los procesos de adquisición directa de predios "para garantizar los procesos de retorno y estabilización de las víctimas de desplazamiento forzado y la reincorporación a la vida civil de excombatientes". 

El decreto 108 también pretende sanear de forma automático de cualquier vicio en la compra de inmueble y mejoras que busquen "conjurar la emergencia". Eso sí, se aclara que no irá en perjuicio de "acciones indemnizatorias". 

Hay que recordar que esta es una figura que no se usaba hace 17 años y que le da el Presidente ‘poderes legislativos’ para tomar decisiones que por un decreto ordinario no podría adelantar, como crear nuevos impuestos, que es una facultad exclusiva del Legislativo.

El gobierno del presidente Petro había oficializado este martes los nuevos impuestos que pagarán los colombianos durante los 90 días que durará, al menos inicialmente, la situación de excepción. El Ejecutivo busca recaudar 1,06 billones de pesos que saldrán de tres grandes fuentes. No obstante, no se conocen aún los decretos en ese sentido.  

Según las cuentas oficiales, 514.000 millones de pesos provendrán del IVA a las apuestas en línea, algo que ya el Ministerio de Hacienda había incluido en su fallida ley de financiamiento.

A través de esta conmoción interior, la istración de Gustavo Petro vuelve a dirigir su atención al sector extractivo, que también había sido considerado como fuente de nuevos tributos en la fallida reforma tributaria, con la que se intentaba cubrir el déficit de 12 billones en el presupuesto de 2025. Así, durante tres meses se implementará una “contribución especial” del 1 por ciento, con la cual se espera recaudar 214.000 millones de pesos.

El tercer impuesto lo pagarán todos los colombianos y extranjeros que realicen trámites de escrituras en las notarías: habrá un cobro adicional del 1 por ciento por concepto de timbre sobre el valor del negocio (además de los tributos que ya se pagan en esos trámites). 

De ahí, el Gobierno espera sacar otros 330.00 millones. Esto significa que, por ejemplo, en el registro notarial de la venta de una propiedad por 1.000 millones de pesos habría un pago adicional hacia el erario por valor de 10 millones de pesos. “Los recursos se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, aseguró la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveces, este martes en el Congreso.

Desde la oposición se había advertido el riesgo de que, a través del estado de excepción, que otorga al Presidente la facultad de crear o modificar tributos, se intentara resucitar propuestas que las comisiones económicas de la Cámara y el Senado habían rechazado en diciembre pasado. Por eso, dichos anuncios, que aún no tienen soporte normativo, han generado amplia polémica. 

Este miércoles también se conocieron los nombres de los 42 congresistas que integrarán la comisión accidental encargada de evaluar el Decreto 0062 del 2025 y los otros 10 publicados por el Ejecutivo. 

Los parlamentarios deberán reunirse en los próximos días para elaborar un informe en el que analicen las explicaciones presentadas por el Gobierno para respaldar la declaratoria de conmoción interior.

Por el lado del Senado, la coordinación estará a cargo de Juan Carlos García Gómez, del partido Conservador y oriundo de Norte de Santander. Junto con el estarán Alejandro Carlos Chacón (Liberal), Juan Felipe Lemus (La U), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Manuel Virgüez (Mira), Édgar Díaz (Cambio Radical), Jairo Castellanos (Coalición Centro Esperanza), Gloria Flórez (Pacto Histórico), Julián Gallo (Comunes), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Richard Fuelantala (circunscripción indígena).

(Además: Estos son los congresistas que evaluarán la conmoción interior declarada por el Gobierno en el Catatumbo).

En representación de la Cámara estarán: Alejandro Ocampo, Heráclito Landinez, Pedro José Suárez Vacca, Jorge Hernán Bastidas y Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Wilmer Ramiro Carrillo, José Eliécer Salazar, Hernando Guida y Alexander Guarín Silva, de La U; Duvalier Sánchez Arango, Gloria Rodríguez, Martha Alfonso, Carlos Vallejo, de la Alianza Verde; Diógenes Quintero, Karen Manrique y Jorge Rodrigo Tovar, de curules Citrep; Ciro Rodríguez, Libardo Cruz, Alfredo Ape Cuello y Ruth Caicedo, del Conservador; y Marelen Castillo.

De la oposición irán Jairo Humberto Cristo, Lina María Garrido y Javier Sánchez, de Cambio Radical; y Juan Felipe Corzo, Hernan Cadavid y Hugo Lozano, del Centro Democrático. Además, estaránWilmer Guerrero, Carlos Felipe Quintero, María Eugenia Lopera y Karyme Adriana Cotes, del Liberal, partido que este martes se declaró en independencia.

Redacción Política
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