Los nuevos y graves problemas que tienen contra la pared a varios ministros del gabinete del presidente Petro

Aunque cada uno enfrenta su propio drama, al hacer un balance de su gestión es indudable que la incidencia sobre la gestión del conjunto es grande.

Velasco, por ejemplo, ha tenido que invertir mucho tiempo en defender su inocencia ante los señalamientos de Olmedo López, quien en las diferentes entrevistas que dio dejó gravitando en el ambiente una mancha cuando el ministro fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“No temo a las mentiras del ladrón de la UNGRD, pues podré fácilmente evidenciarlas y como ocurrió en el pasado, demostrar verdades”, ha dicho Velasco.

En este proceso, Velasco ha aceptado la responsabilidad política. “Olmedo López fue elegido para dirigir la UNGRD por el Gobierno. No es cuota de nadie y por ello sabemos que tenemos una responsabilidad política que el pueblo nos la reclama. Pero que él nos genere esa responsabilidad política no significa que ni el Gobierno, ni el Presidente, ni sus ministros son cómplices de lo que hizo”, argumentó Velasco.

Hasta ahora, no se conoce ninguna prueba concreta para afirmar que el ministro del Interior sea responsable de un delito. Sin embargo, el escándalo sí ha sido aprovechado para, incluso, exigirle la renuncia.

El, por su parte, ha pedido tiempo hasta que el caso llegara a los escenarios naturales de la justicia y no a los medios de comunicación. "Estoy esperando que presente sus mentiras para demostrar el fraude procesal que le quiere hacer a la justicia. Hasta ahora lo que hace es dejar dudas, pero no ha presentado absolutamente nada", dijo Velasco.

En otro espacio, el ministro Jaramillo enfrenta tres problemas que le explotaron casi en simultánea: la decisión de la EPS SURA, una de las más grande del país con más de 5 millones de afiliados, de retirarse de manera voluntaria del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Esta decisión se suma a la reciente salida de la EPS Compensar, y a la intervención de EPS Sanitas y Nueva EPS por parte del Gobierno Nacional en el mes de abril.

"El Gobierno no tiene un plan B para atender a los 5 millones de afiliados", dijo en la mañana del miércoles el exministro de Salud Alejandro Gaviria al expresar su temor porque en el ministerio ni siquiera se previó tal situación aunque las tres EPS más grandes del país advertían lo que podría suceder desde hace un año.

Al sorpresivo retiro de EPS SURA se suman las evidentes fallas en la implementación del nuevo modelo en el régimen de salud de los profesores que entró en vigencia el 1 de mayo.

“Queremos que sea el ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solamente para los maestros, sino para toda Colombia. Aspiramos a que se convierta (en un piloto) y estamos seguros de que (...) podemos verdaderamente mostrarle a Colombia que sí se puede hacer”, había dicho Jaramillo sobre el ambicioso propósito que tenía el Gobierno con este modelo.

En las últimas horas, Jaramillo se echó para atrás –a pesar de que la cita anterior está grabada en video- y dijo: “Este es un modelo para los maestros, que tienen un régimen especial, esto no tiene nada que ver con la reforma porque va a tener EPS, vamos a estar afiliados a una EPS cambiada a gestora, la integración vertical aquí no es; en fin, esto no se puede comparar”.

El tercer problema del ministro pasa por su credibilidad a propósito de las grabaciones en las que acepta que la puesta en vigencia de estas reformas al sistema de salud, carecían por ahora, de un camino seguro pero que había que hacerlas de inmediato porque era una orden del presidente Petro.

A solo 23 días de que se acabe esta Legislatura, en Palacio están evaluando si los dos ministros tienen la fuerza necesaria para arrancar un nuevo ciclo con el parlamento que inicia sesiones el 20 de julio próximo.

Una situación más dramática es la que atraviesa el ministro de Defensa. La imagen de unos niños en una escuela del Cauca rezando bajo sus pupitres en medio de las balas es tal vez el testimonio más revelador del deterioro del orden público en Colombia.

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de estudios para el desarrollo y la Paz, Indepaz, muestra que solo en este año han sido asesinados 70 líderes sociales y 10 firmantes del Acuerdo de Paz.

Cuando los integrantes del Pacto Histórico estaban en la oposición denunciaban que cada crimen de un excombatiente de las Farc o de un líder social era de responsabilidad del Estado, del presidente y de su ministro de Defensa. En esta misma lógica, ¿Qué decir frente a semejante matazón?

A la evaluación sobre estos ministros se suman otros por los problemas que tienen hoy sobre la mesa: Aurora Vergara (Educación) con la Universidad Nacional, la más importante del país paralizada y con las posibilidades de que se pierda el semestre por la controversial elección de su rector; Francia Márquez, (Igualdad y la Equidad) señalaba por sus adversarios políticos por la baja ejecución; Gloria Inés Ramírez (Trabajo) con enfrente un paro indefinido a partir de este viernes en protesta por el incumplimiento de acuerdos pactados en su propia cartera ministerial; y Andrés Camacho (Minas) con una moción de censura en camino por la “evidente cercanía de una crisis energética a la que nos está llevando, en palabras de sus opositores”.

Además de Camacho también, en los próximos días, deberán enfrentar una moción de censura Jaramillo y Velásquez y también la oposición se está moviendo para intentar llevar a la vicepresidenta Francia Márquez a esta instancia legislativa.

A cada funcionario se le preguntará por su falta de gestión en su cartera, aunque también es cierto que esta es una herramienta que usa la oposición política para ponerle obstáculos al desarrollo de la agenda legislativa en sus horas finales.

Sea como sea, lo cierto es que el panorama muestra un gabinete que no termina de marchar con el engranaje suficiente. De hecho, hay un ministro nuevo –Luis Gilberto Murillo quien reemplazó a cuestionado y polémico Álvaro Leyva en la Cancillería- y se está a la espera del acoplamiento del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes quien llega al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en reemplazo de Germán Umaña quien renunció.

El analista político Pedro Viveros dice que esta situación se presenta “por el stress que como método de gobernabilidad sigue el presidente Petro” lo que “deja en el camino muchas frustraciones políticas y sociales” y “le entrega en bandeja uno de los valores fundamentales del Congreso en las democracias como es el control político”.

El analista Viveros cree que en el Legislativo no pasará nada concreto además de la tormenta política. “No creo que prosperen las mociones de censura porque constitucionalmente Colombia es un régimen presidencial y no parlamentario donde esa figura funciona de forma eficaz”.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo cree que esta inestabilidad en el gabinete obedece al presidente Petro quien, a su vez, mete al país en discusiones sorprendentes como la constituyente. “Es una cortina de humo que el Presidente utiliza hábilmente porque hace un buen rato se dio cuenta de que la forma como está conduciendo el gobierno no va a llegar a donde él pretendía ir. Él no es una persona que arma equipos de trabajo. Ya hemos visto la forma despectiva como trata a muchos de los funcionarios, a las ministras, a los ministros. Y así no hay resultados y ante la falta de estos, se victimiza y usa esta excusa”.

Mientras que el también analista político y escritor Mauricio Vargas escribió en este diario hace una semana una columna de opinión que tituló ‘El calvario de los pobres ministros ‘ y dio varios ejemplos de su situación: “Cansado de escuchar que su jefe les ofrece su cargo a otros, el mininterior, Luis Fernando Velasco, ha marcado distancia: cuando le preguntaron por la constituyente exprés del Presidente, dijo que la Constitución –que obliga a llevar ese tema al Congreso– debe ser respetada; y sobre las gigantescas manifestaciones del 21, sostuvo que era “irrespetuoso” decir –como Petro– que habían sido “débiles””

“El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entiende que cada una de las reformas que propone Petro conlleva un costo fiscal impagable. Y eso justo cuando la Corte Constitucional puede tumbar el impuesto al patrimonio, lo que dejaría al Minhacienda con menos recursos aún. El único salvavidas de Bonilla es la pésima ejecución presupuestal del Gobierno, pues si no gasta, genera menos déficit”, aseguró Vargas.

Por su parte, el también analista político Gonzalo Araujo, de la firma Orza, dice que la moción de censura sí es un mecanismo de las democracias presidencialistas modernas que le permite incorporar un sistema de pesos y contrapesos a estas, y darle al Legislativo instrumentos similares al ‘impeachment’ en las democracias parlamentarias modernas. Y que, en su opinión, sí han tenido efectos claros aquí en Colombia

“Parte importante de estos mecanismos es la dificultad de mayorías con las que debe aprobarse la moción, que diera la impresión no proceden, siendo esto totalmente falso, pues gracias a este mecanismo y previo a la votación se han visto obligados a renunciar varios ministros, como el exministro de Defensa Guillermo Botero Nieto y la exministra del Deporte en el actual gobierno, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés.

“Hoy el Gobierno afronta nuevamente la citación a moción de censura de cuatro ministros por su pobre desempeño, o por las dudas que deja su gestión ante el Congreso”, dice Araújo.

En conclusión, para este experto en los días por venir la situación más difícil la debe enfrentar el ministro Jaramillo.

“La moción de censura contra Jaramillo tiene relación directa con la crisis explicita creada por el gobierno al modelo de salud, tratando desde el ejecutivo de presionar un modelo público y estatal. Es producto del desastre que resulto el engendro del sistema de salud de los maestros con la Fiduprevisora - advertido por expertos - y por supuesto por la solicitud voluntaria de liquidación de EPS Compesar y EPS Sura anunciado hace poco. Es producto también de no haber oído las voces de la desfinanciación del sector y la corrección necesaria de la UPC para balancear lo que pasa en el sistema de Salud”.

Mientras que descarta esta posibilidad contra la vicepresidenta Francia Márquez. "​La moción contra la vicepresidente no tiene mecanismo legal de prosperar, pues ella ejerce las funciones de Ministra de la Igualdad pero no se le podrá hacer un juicio político a ella mediante este mecanismo", concluye Araújo.

ARMANDO NEIRA, EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO​
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