Elecciones 2023: los huecos por tapar en las normas contra intervención en política

En los últimos días, la contienda electoral se ha centrado en la polémica por posible participación en política de funcionarios públicos. Primero fue la salida de Daniel Quintero de la Alcaldía de Medellín para de inmediato ponerse la camiseta de la campaña de Juan Carlos Upegui.

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Luego fueron los eventos de Gobierno con el Pueblo del presidente Gustavo Petro, que se han centrado en Bogotá y que han causado polémica porque han sido tomados como un intento por incidir en los comicios de la capital a favor de Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico.

A esto hay que sumarle las críticas del mandatario al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la revocatoria de tres candidaturas: Rodolfo Hernández, Tulio Gómez y Patricia Caicedo. Que se haya centrado en estos tres fue asumido como un supuesto intento de participación en la política electoral a favor de candidatos de corte progresista.

Frente a todos estos temas, y sin entrar a valorar las situaciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) le hizo un llamado de atención al primer mandatario.

“Estos pronunciamientos por parte de una autoridad istrativa, sea esta municipal, departamental o nacional, pueden afectar la libertad de los votantes, en la medida en que podrían ver comprometida su voluntad de decidir libremente por la injerencia de los funcionarios”, dijo la cabeza de la veeduría electoral, Alejandra Barrios.

Pero más allá de la polémica por cuenta del tema presidencial, la MOE ha advertido sobre la incidencia de la participación de funcionarios en el proceso electoral.

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La veeduría advirtió que las denuncias que más han recibido en su plataforma Pilas con el Voto, con 344, son la participación de funcionarios públicos en política. Para las elecciones locales, que se celebrarán el día 29, este tipo de posibles irregularidades representan el 31,1 por ciento de los 1.107 reportes que han llegado hasta la fecha a esta herramienta.

Sin embargo, las advertencias hechas por la MOE y por otros sectores frente a los casos, en los que incluso señalan al primer mandatario, caen en un limbo jurídico que el Congreso no ha resuelto en 30 años. En Colombia no existe ley que tipifique la conducta de participación irregular de funcionarios en política electoral.

Tal como señala el exmagistrado del CNE Armando Novoa, el artículo 127 de la Constitución establece: “A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.

En ninguna parte está el caso de alcaldes, gobernadores o el Presidente. El texto solo dice que debe haber una ley estatutaria que reglamente la participación de “los empleados no contemplados”.

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El Congreso no ha sacado adelante en todo ese tiempo el texto estatutario. La única prohibición expresa está en el artículo 48 del Código Único Disciplinario y tiene un problema principal: que no cumple con el requisito de ser una ley estatutaria. Además, pone todo el asunto en manos de la Procuraduría, un órgano de control que varios sectores han puesto en duda por cuenta del fallo de la Corte IDH en el caso Petro.

De acuerdo con Novoa, al Legislativo le ha funcionado no tener una ley expresa sobre participación en política, pero le convendría al país que se entre a delimitar el tema y a regularlo propiamente por la vía legal.

Frente al asunto, el profesor Yann Basset apuntó que es un “tema polémico”, sobre todo cuando hay llamados de atención por presunta participación política. En ese sentido, expresó que debería cambiarse el enfoque, pues lo problemático realmente es el uso de recursos públicos a favor de una campaña. Y, contrario a otros, el académico señaló que sería importante y aportaría al debate conocer las preferencias políticas de los funcionarios.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Política