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Las dos polémicas que dejan las chuzadas en el Ejército
Dos controversias quedaron en el ambiente luego de conocerse los hechos.
Según la publicación de la revista ‘Semana’, las interceptaciones ilegales se realizaron por lo menos durante el 2019 desde dos batallones del Ejército. Foto: Ilustración iStock
El comienzo de este 2020 agitó el mundo político con la revelación de las interceptaciones ilegales que se estaban haciendo desde el Ejército, en las cuales se desataron dos polémicas que seguramente serán aclaradas por las autoridades en los próximos días.
La revista Semana publicó este fin de semana que desde altas instancias del Ejército se estaba chuzando a magistrados, políticos y periodistas, y aseguró que el excomandante de la institución, el general Nicacio Martínez, estaba al frente de la operación ilegal.
La información de algunas de estas interceptaciones –según la revista– se le transmitió a una “reconocido político” del Centro Democrático (CD), partido de gobierno y cuyo máximo líder es el expresidente Álvaro Uribe.
La noticia sorprendió a varios sectores políticos, algunos de los cuales recordaron el episodio de las chuzadas ilegales que se hicieron desde el desaparecido DAS durante el gobierno del exmandatario y que provocaron investigaciones a dos de sus directores: Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado.
La primera polémica que se desató fue quién es el “reconocido político” del Centro Democrático a quien se le estaba entregando esta información producto de las escuchas ilegales.
El propio Uribe fue uno de los primeros en manifestarse sobre este tema desde el mismo fin de semana publicando en su cuenta de Twitter un mensaje que alguien le habría enviado sobre el asunto.
En el trino se lee entre comillas: “Tienen todo listo para acusar a un representante a la Cámara del CD y de 2 UTL del CD que recibían reportes de supuestas chuzadas en el Ejército y que esa información llegaba al expresidente Uribe, esa información la entregaron a Semana”.
Otra infamia:
“Tienen todo listo para acusar a un representante a la Cámara del CD y de 2 UTL del CD que recibían reportes de supuestas chuzadas en el ejército y que esa información llegaba al expresidente Uribe, esa informacion la entregaron a Semana.,.”
Uribe complementó la comunicación escribiendo “otra infamia”.
Luego, Noticias Uno aseguró que a su redacción “llegó la versión de que el político del Centro Democrático que habría recibido el resultado de las interceptaciones sería el exviceministro de Defensa Rafael Nieto” y agregó que el exfuncionario “negó tajantemente la acusación”.
Hay que salir a decir quién, cuándo y dónde se recibió la información sobre ese supuesto acto delictivo
Nieto salió en varios medios de comunicación negando que él fuera el “reconocido político” al que se refería la denuncia y pidió que cuando existan este tipo de señalamientos “busquen las pruebas y digan: 'estos son los políticos' ”.
“He pedido la rectificación formal a Noticias Uno de esa información y si no lo hacen, procederé a poner las denuncias correspondientes por injuria y calumnia”, dijo el exviceministro, quien agregó que “hay que salir a decir quién, cuándo y dónde se recibió la información sobre ese supuesto acto delictivo”.
¿Quién será?
En medio de la polémica, el senador Roy Barreras, uno de los congresistas interceptado ilegalmente, afirmó que esta operación era una “política pública 'paraestatal' ” del Centro Democrático, y se preguntó: “¿Quién es el jefe máximo de ese partido?, pues el expresidente Álvaro Uribe y sin duda toda esa información llegará a sus oídos y a sus manos”.
“El principal agente de la política contra la paz ha sido el expresidente Uribe, y creo que estas expresiones 'paraestatales' de chuzar a la Corte, por ejemplo, es volver a la época de las chuzadas a la Corte que ocurrieron en la época del gobierno Uribe y ahora suceden justo en el despacho que investiga al exmandatario”, le dijo Barreras a EL TIEMPO.
Su mención se da porque entre los magistrados que estaban siendo interceptados está Cristina Lombana, por cuyo despacho pasó la investigación contra el exmandatario por su supuesta participación en la manipulación de testigos en procesos penales.
Cristina Eugenia Lombana fue elegida en la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Foto:Corte Suprema de Justicia
Por el momento, sigue siendo un misterio quién es ese “reconocido político” del Centro Democrático a quien se le pasaba la información, pero Alejandro Santos, director de la revista Semana, afirmó que su publicación cuenta con “evidencias” de quién es el personaje y que está cotejando algunos hechos.
“Consideramos que, dentro del proceso de investigación, para publicar el nombre necesitamos un tema adicional ante una eventual demanda judicial”, dijo Santos en el programa digital de la periodista Vicky Dávila.
Igualmente, las autoridades, por petición expresa del Gobierno Nacional, ya se encuentran investigando los hechos y está será una de las incógnitas claves que deberán resolver.
Polémica sobre si el Gobierno sabía
Y la segunda polémica que se desató fue si el Gobierno Nacional tenía conocimiento de posibles hechos ilegales en algunas instancias del Ejército o si solamente se enteró con la denuncia del fin de semana.
En la mañana de este lunes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que en el Ejecutivo “solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público”, es decir, el escrito periodístico.
“Lo único que se conoce es el escrito de la revista Semana. Los hechos, las condiciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se produjeron estos hechos ilícitos se esclarecerán en las investigaciones que se adelanten”, afirmó el funcionario.
Pero los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda han manifestado que el Gobierno sí tenía conocimiento de la posible existencia de estas conductas ilícitas, ya que ellos, en julio del año pasado, pusieron en conocimiento del presidente Iván Duque estas denuncias.
Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, durante la rueda de prensa de este lunes. Foto:Ministerio de Defensa.
Barreras dijo que desde el año pasado se reunió personalmente con el mandatario para ponerlo al tanto de sus denuncias sobre estas irregularidades.
“Tal vez no me creyó. Él dijo que resultaba imposible que agencias del Estado se prestaran para el seguimiento a senadores o periodistas. Lo cierto es que ha pasado más de un semestre y nada ocurrió en materia de investigación”, afirmó el congresista de 'la U'.
En su cuenta de Twitter, el senador por el Polo Iván Cepeda publicó una carta que le enviaron Barreras, el senador Antonio Sanguino y él mismo al presidente Duque el 6 de julio del año pasado, en la que le dicen que recibieron información sobre “operaciones de descrédito” en su contra.
“Dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales, y que por lo tanto son ilegales, con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas o, en otras palabras, crear 'falsos positivos judiciales' ”, reza la comunicación enviada al mandatario.
Ministro @CarlosHolmesTru, no es cierto que el Gobierno no tuviera conocimiento de la situación de espionaje en las FFMM. El 6 de julio de 2019, con los senadores @RoyBarreras y @AntonioSanguino, le dirigimos una comunicación al Presidente denunciando esa situación: pic.twitter.com/TXhux9ts2Y
Para Barreras, “lo cierto es que ha pasado más de un semestre y nada ocurrió en materia de investigación” sobre estas denuncias que ellos pusieron en conocimiento del jefe de Estado.
Esta será otra controversia que deberán aclarar las autoridades, las que deberán determinar si la auditoría que comenzó hace cerca de un mes sobre el Ejército apuntó a realizar las pesquisas necesarias para aclarar este asunto.
No se puede pasar por alto que uno de los firmantes de la carta –Roy Barreras– y quien dice haber hablado personalmente con Duque sobre estos seguimientos resultó ser una de las víctimas de las chuzadas reveladas el fin de semana.
Así las cosas, son varios las polémicas que las autoridades deben aclarar ante la opinión pública, la cual seguirá atenta al desarrollo de las investigaciones.