Luego de que el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que deroga el 1844 de 2018, en el cual se reglamentaba el procedimiento policial “en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, desde varios sectores el espectro político han dado su opinión al respecto.
Según el decreto de derogación, con esta medida el Gobierno busca evitar “la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas” y “contrarrestar y atacar” la oferta de estas sustancias.
“Si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”, señaló el jefe de Estado luego de dar a conocer el documento.
El anuncio del Gobierno generó reacciones en el Congreso y por parte de mandatarios locales electos.
Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, señaló que por cuenta de esta decisión “los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico”, mientras que Jaime Andrés Beltrán, quien será mandatario de Bucaramanga desde el 1 de enero, consideró la medida como "inaudita e irresponsable”.
A su vez, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, celebró la decisión del Gobierno. “Su derogatoria es un paso más en la consolidación de una nueva política de drogas democrática, enfocada en los DD. HH., la transformación territorial y cultural y la salud pública”, dijo.
Por último, el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, planteó un escenario distinto tras la derogación del decreto. “Aquí podría caber otra interpretación y es que al hacer esto se puede generar una confusión en las labores de la Policía, toda vez que los jíbaros que venden en los parques andan con dos o tres papeletas, luego recargan en una olla y vuelven y se podrían hacer pasar por consumidos, por eso se requiere mayor inteligencia policial”, manifestó.
Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se pronunció. "Comercializar estupefacientes prohibidos por nuestra legislación es un delito que regula el código penal y eso no se cambia con un decreto", escribió en X.
Hay que recordar que en mayo, la Corte Constitucional volvió a permitir el porte de la dosis mínima de estupefacientes para consumo propio -algo despenalizado en Colombia desde 1994- o de la dosis medicada en parques y espacio público, pero determinó que su consumo dependerá de que los concejos municipales y asambleas definan de manera expresa en qué parques y en qué áreas del espacio público sí se puede, y en cuáles no.
En ese sentido, la Corte mantuvo la restricción del porte de sustancias psicoactivas en los parques y el espacio público si su fin es diferente al consumo de la dosis mínima, de la dosis medicada o de aprovisionamiento.
REDACCIÓN POLÍTICA
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