Luces y sombras del referendo de autonomía fiscal: ¿por qué está causando tanta controversia?

La entrega de más de 3 millones de firmas a la Registraduría por parte de los promotores del referendo que busca mayor autonomía fiscal para los departamentos de Colombia desató el que puede ser el último gran debate político del 2024. 

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Ya el presidente Gustavo Petro le cerró la puerta a la iniciativa que nació por idea del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desde antes de posesionarse. 

Para el jefe de Estado, esta propuesta, que deberá estudiar el Congreso y tramitar una ley si la Registraduría avala más de 2 millones de las firmas recolectadas, aumenta la desigualdad en Colombia. 

"Hay que advertir que si los departamentos pudieran istrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín", advirtió el mandatario, quien añadió "al aumentar la desigualdad regional aumentaría la violencia, y los bogotanos y la gente de El Poblado (Medellín) se darían cuenta de que el centralismo extremo que proponen en un mar de violencia, no serviría para nada".

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Mientras tanto, los promotores del referendo, entre quienes están el exministro Wilson Ruiz, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, contradicen la tesis del mandatario e insisten en que los departamentos que no generan los mismos recursos de Antioquia y Valle del Cauca, por ejemplo, no se quedarán sin financiación.

"Nuestra propuesta incluye varios puntos clave, entre ellos la creación del Fondo de Convergencia Regional, que busca compensar a los departamentos con menores recursos, dándoles potestad sobre sus propios fondos", explicó Ruiz, una de las principales voces del referendo, en respuesta al presidente Petro.

El propósito de este referendo es modificar el artículo 298 de la Constitución Política de 1991 y equipararlo al artículo 317, el cual señala que solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Ahora, se busca añadir al 298 que "solo los departamentos podrán gravar la renta de patrimonio de las empresas y de las personas de su territorio". 

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Rendón, en entrevista con este diario cuando apenas nacía la propuesta, a comienzos del 2024, afirmó que cuando fue alcalde de Rionegro, Antioquia, disponía de unos 400.000 millones de pesos de libre destinación para atender las necesidades de 150.000 habitantes. Sin embargo, cuando llegó a la Gobernación, se encontró con que solo disponía de 190.000 millones de pesos de libre destinación para siete millones de personas. Para él, eso va en contravía de la autonomía departamental y con esa reforma a la constitución que buscan vía referendo, podrían lograr que "los departamentos compitan al manejar estos dos tributos para generar riqueza, empleo, bienestar. No se trata de privilegiar departamentos ricos por encima de otros, todos ganaríamos".

No todos los departamentos tienen la capacidad de generar los mismos recursos, por lo que estos van al nivel central que los istra y los distribuye de una manera equitativa. Ante los temores de dejar desfavorecidos a departamentos como Vaupés, por ejemplo, se crea un fondo en el cual se aporta para que no dejen de recibir los recursos que hoy tiene. Los promotores señalan en que la reforma quedará de tal manera que ningún departamento reciba menos recursos de los que tiene hoy y, por el contrario, se les aumentarían. 

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"La propuesta de compensar a los departamentos con menores ingresos no solo es justa, sino que también es una forma de garantizar el desarrollo de todas las regiones", señaló Ruiz. 

Pero otras voces como el senador Humberto de la Calle también lo ven con preocupación: "Es la destrucción de la solidaridad nacional. Es la política del sálvese quien pueda. La tesis de que ningún departamento tendrá menos ingresos que los que hoy tiene es un sofisma. Porque los más desarrollados serán los favorecidos. En vez de cerrar brechas, las abre y las perpetúa en forma geométrica. Ay del Chocó, la Guajira, los territorios. Es desarrollo solo para los desarrollados".

Son dos proyectos totalmente diferentes. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se aprobó a comienzos de diciembre, busca que el nivel central siga concentrando los recursos. Sin embargo, a la hora de distribuirlos les aumentará los rubos a los departamentos. La idea es pasar, en 12 años, del 23 al 39 por ciento. Pero todo depende de la aprobación de una ley de competencias que definirá cuáles tareas del nivel central pasarán a los departamentos. 

El referendo, por su parte, busca que los recursos no lleguen al nivel central sino que se queden directamente en los departamentos. 

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"La reforma constitucional al Sistema de Transferencias para que se cierren las brechas regionales hecha recientemente por el congreso quedaría derogada", argumentó el jefe de Estado.

Lo primero, es que la Registraduría avale alrededor de más de 2 millones de firmas. Si se alcanza esa cifra, el Congreso tramitará una ley para convocar al referendo. Posteriormente, la Corte Constitucional lo revisará y si se cumplen todos estos pasos y todo está según los parámetros establecidos por la ley, el Presidente deberá convocar al referendo. Es un trámite aproximadamente de 20 meses, por lo que no se cruzaría con las elecciones del 2026.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política