¿Proceso contra campaña de Gustavo Petro en riesgo de prescribir ante pedido de suspensión?

Este fin de semana se conoció que el magistrado Vladimir Fernández, que fue secretario jurídico de la Presidencia hasta su elección hace un año como magistrado de la Corte Constitucional, no solo tenía el estudio de la tutela en la que Gustavo Petro puso en duda la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para procesarlo, sino que pidió al tribunal constitucional que suspenda las investigaciones relacionadas con el mandatario hasta que se pronuncie de fondo.

(Puede ver: ¿Consulta popular del Gobierno o reforma laboral del Partido Liberal? El debate que se avecina en el Senado)

De aceptar la petición, se pausaría la investigación que lleva el CNE en contra del presidente y su campaña por presuntas irregularidades en el esfuerzo electoral de 2022. La posible medida pondría en serio riesgo la posibilidad de que se emita una decisión, sea absolutoria o de responsabilidad, puesto que solo se tienen tres años para emitir una decisión.

Los hechos en cuestión por los que se inició la investigación ocurrieron en el marco de las elecciones de 2022, por lo que este año se daría el archivo, pues de acuerdo con el Código de Procedimiento istrativo y de lo Contencioso istrativo (aca), solo se tienen tres años para emitir una decisión desde la ocurrencia de los hechos.

En diálogo con EL TIEMPO, Alfonso Portela, exregistrador y experto en derecho electoral, explicó que no hay claridad en la fecha de archivo pues hay conductas que pudieron haber caducado ya, pues la campaña oficialmente comenzó desde marzo. No obstante, indicó que hay interpretaciones que apuntan a que la fecha de preclusión sería el 29 de agosto, pues fue la última fecha en la que se pudieron hacer modificaciones a los libros contables de la primera y segunda vuelta.

(Además: ‘La relación con Estados Unidos seguirá siendo turbulenta’: excanciller Luis Gilberto Murillo)

Aunque esto da un plazo de cuatro meses para que se emita la decisión, lo cierto es que los tiempos están muy ajustados y una posible suspensión de las investigaciones mientras se da el pronunciamiento de la Corte Constitucional solo entraría a agudizar el problema.

De acuerdo con conocedores del proceso, “los tiempos están bastante ajustados, tendrían que tomar una decisión antes de los tres años, al menos el caso sancionador, de lo contrario caducaría”. Se está en la etapa de práctica de pruebas y si se dan todos los plazos tal como fija el aca, es muy probable que no se pueda emitir un pronunciamiento a tiempo, teniéndose que archivar el proceso por vencimiento de términos.

Ahora, si se aprueba la suspensión pedida por el magistrado Fernández, los tiempos podrían estrecharse aún más, haciendo que sea casi seguro el archivo del proceso.

No obstante, si se ite la suspensión del proceso mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre la tutela interpuesta por Gustavo Petro, hay distintas interpretaciones sobre lo que podría ocurrir. Algunos expertos han dicho que ante la cercanía del archivo, se podría suspender los términos, como habría ocurrido con procesos similares.

No obstante, distintos sectores han dicho que esto sería lo menos probable, pues el aca es claro en que son tres años desde la comisión de los hechos y no hay fórmula para aumentar estos tiempos.

Por otro lado, está la tesis de que se puede seguir con las investigaciones sin tocar la posible responsabilidad del ahora Presidente, así lo reseñó el exregistrador Portela. “Puede seguir lo que tiene que ver con los demás sujetos que forman parte de la investigación, salvo que se esté discutiendo un vicio de nulidad o alguna situación particular. La pausa sería única y exclusivamente con la competencia para investigar al primer mandatario.”; dijo en la entrevista que le dio a EL TIEMPO.

(Además: ‘Debería ser otro el que asuma’: exregistrador Portela por decisión del caso Petro en manos de magistrado Fernández)

En una lógica similar, un exmagistrado del CNE, que pidió su reserva, indicó que la orden de la Corte Constitucional congelará todo el proceso y hará que el proceso pueda llegar al archivo, en cuanto a responsabilidades de la campaña. Sin embargo, en el caso del presidente Gustavo Petro, el archivo no le afectaría, puesto que el CNE lo único que tendría que hacer es remitir lo investigado ante la Comisión de Acusaciones su juez natural.

“En el caso del Presidente sería simplemente trasladar a la Comisión de Acusación, creo que ese término no aplicaría ya que no es una sanción. Es que el CNE no tiene potestad sancionadora contra el Presidente, sería remisión de lo actuado, pero eventualmente a los otros responsables de la campaña si tendría que decidir pronto”, dijo el togado.

De esta manera, ante la posibilidad de que el proceso caduque sin una decisión de fondo, distintos sectores han tomado de mala manera la petición de Vladimir Fernández, pues lo han visto como la movida de un cercano al Gobierno para frenar cualquier sanción por posibles irregularidades en su sanción.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política