Por qué es importante la visita de la CIDH a Colombia

Ante las denuncias y hechos de violencia ocurridos durante el paro nacional —que ya completa 37 días de movilización continua—, múltiples organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos ocurridas en medio de las protestas, lo cual encendió las alertas de la comunidad internacional respecto a Colombia.

Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son algunas de las organizaciones que han estado al tanto de las manifestaciones y han emitido duros pronunciamientos instando al gobierno colombiano al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Así como han manifestado su preocupación por el número de heridos, muertes, desapariciones y casos de violencia sexual que se han dado en este contexto y que diversas instituciones han documentado.

Por esta razón, la CIDH solicitó autorización al Gobierno colombiano para realizar una visita de trabajo al país cuyo objetivo es verificar la promoción y la protección de los derechos humanos en los países de la OEA (Organización de los Estados Americanos). 

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Después de un “no por ahora” como respuesta del Gobierno a la solicitud de este organismo, y luego una aceptación por parte de la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, esta aseguró que “la visita es bienvenida, así como cualquier escrutinio internacional. El Estado colombiano no tiene nada que esconder”. Y aseguró a EL TIEMPO que se espera que “en medio de esta coyuntura, la CIDH coadyuve a que no se sigan poniendo en riesgo y bajo amenaza los derechos de nuestros ciudadanos, de todos”.

La Comisión vendrá al país desde el 6 hasta el 11 de junio. Pero, ¿qué trascendencia tiene la llegada de la CIDH? ¿Por qué es importante su presencia en el contexto actual? ¿Qué implicaciones puede traer la visita de este organismo internacional?

Todas las analistas consultadas por EL TIEMPO coinciden en tres aspectos fundamentales: el primero es el hecho de que Colombia, al abrir sus puertas al escrutinio internacional, podría configurarse como una de las formas para desescalar el actual conflicto social.

“Para los manifestantes el hecho de que venga un organismo que evalúa la situación, que tiene garantías de independencia, de autonomía y que el Estado se abra a la posibilidad de recibir sus recomendaciones para la investigación y para la reparación de esas violaciones de derechos humanos, ya es en sí mismo un factor que ayuda a bajar las tensiones y atenuar la crisis”, explica Silvia Serrano, abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, advierte que la Comisión no va a dar una fórmula mágica que resuelva la crisis; este trabajo le corresponde aclararlo a cada una de las partes involucradas a través de la conversación. Pero sí hará un llamado para la continuación y el agotamiento del diálogo como principal herramienta de salida al conflicto, dice.

Jessica Corredor, directora del área internacional en Dejusticia, coincide en este punto con Serrano y agrega que la CIDH también colaborará con los organismos de control. Lo cual puede “brindar un poco más de confianza a la ciudadanía sobre estos órganos, ya que tienen una falta de legitimidad bastante evidente”.

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Un segundo elemento que plantea Serrano y con el que también coincide Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, es en la tranquilidad que la Comisión pueda proporcionar al brindar recomendaciones al Estado de alcance más general, como reformas estructurales a la Policía o cambios en los protocolos que tienen que ver con la protesta y los desbloqueos.

“Va a ser una oportunidad para que la CIDH plantee cuáles son los alcances de la protesta y cuáles no, sus limitaciones. Y también orientar la respuesta del Estado frente a bloqueos o disrupciones de la normalidad que sean desproporcionadas”, explica Serrano.

Adicionalmente, otro punto crucial y tercer factor en el que coinciden las expertas, será el trabajo que la Comisión haga de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos y las implicaciones que estos tengan, en términos judiciales, para que los hechos no queden en la impunidad y se pueda garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

“Tenemos mucha confianza en que esto aporte para que los crímenes que se han cometido en el marco de estas protestas, sean investigados y no se repitan”, aseguró Corredor.

En entrevista con EL TIEMPO, Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la CIDH, reiteró que “la Comisión va al país para atender una situación concreta de denuncias de violaciones de derechos humanos”. La organización aseguró que buscará escuchar a las víctimas de estas violaciones y a sus familiares para recibir sus testimonios y denuncias, así como “se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios”. A la agenda de prioridades y sectores, las analistas también agregan temas como el uso de apoyo militar en labores de orden público y las muertes y agresiones en contra de de la Fuerza Pública.

Tanto para Jessica Corredor como para Santiago Trespalacios, presidente del capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el escenario más probable es que la Comisión encuentre evidencias de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, emitirá una serie de recomendaciones o medidas cautelares en las que solicite al Estado, por ejemplo, moderar el uso de la fuerza o robustecer las garantías judiciales.

En caso de que se diera un incumplimiento a dichas recomendaciones, “se va escalando el proceso en el sistema, ya hasta tratar de llevar algunos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Pero eso ya son etapas muy posteriores”, asegura Corredor.

La directora del área internacional en Dejusticia también señala que dada la gravedad de la situación —que no viene solo desde el paro nacional 2021, sino desde manifestaciones en 2019 y 2020—, “consideramos que ya la situación se asemeja a lo que observamos en Nicaragua en el 2018 y lo que hizo la Comisión allí, además de su visita de trabajo, fue instaurar un mecanismo de seguimiento que se llama el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que se instauró precisamente para dar seguimiento a las recomendaciones que hizo la Comisión durante su visita. Y eso se vuelve una estrategia más permanente en el tiempo, porque la cantidad de crímenes es tanta que se necesita ese trabajo a largo plazo”, asegura Corredor.

La herramienta propuesta por Corredor es un mecanismo que la CIDH ha explorado en lo últimos 7 años y que ha sido implementada en Ayotzinapa, México, con la desaparición de los 43 estudiantes; en Nicaragua, en el contexto de las protestas; y en Bolivia, a partir del conflicto que se generó por las elecciones.

“El mecanismo del GIEI ha probado ser muy útil en el pasado en contextos muy similares. Yo creo que sí sería muy oportuno que se explorara en Colombia. Ojalá que el Gobierno tenga la apertura para explorar y aceptar dicho mecanismo y que lo Comisión también lo tome en cuenta”, manifiesta Silvia Serrano, quien coincide con la propuesta de Corredor y asegura que puede ser una herramienta que complementaría muy bien el paso que va a dar la Comisión con su visita de diagnóstico a Colombia.

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