El asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero y el secuestro de Jhon Eriberto Isarama Forastero, quienes ejercían como gobernador y docente respectivamente del Resguardo Indígena Catru, Dubaza, Ancoso del municipio de Alto Baudó (Chocó), pertenecientes al Pueblo Embera Dóbida, fue atribuido al Eln.
Así lo denunciaron las autoridades indígenas de la Asociación Orewa, Fedeorewa, Crich, Oich y Woundeko con representación en la Mesa de Diálogo y Concertación de
los Pueblos Indígenas del Chocó.
El asesinato ocurrió este martes, de acuerdo con esas autoridades locales, a las cinco de la tarde.
"Se encontraba realizando las actividades en su comunidad, cuando
aproximadamente cinco hombres armados identificados con prendas del Eln, del
frente Resistencia Cimarrón, lo intimidan y se lo llevan bajo engaño, diciendo que
van a hablar con los jefes de ellos. Alrededor de dos horas después, la comunidad
escucha varios tiros, a lo que creen fue en ese momento cuando acabaron con la
vida de la Autoridad Indígena. Posteriormente, este grupo armado envía la razón a
la Comunidad, que pueden ir a reclamar el cuerpo", relataron.
El secuestro del docente indígena habría ocurrido el 7 de octubre y también fue atribuido al Eln.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y la Defensoría del Pueblo condenaron los hechos.
Por su parte, el Eln señaló que están investigando dentro de sus filas lo sucedido. En todo caso, afirmaron que el mecanismo de verificación, del que hace parte la iglesia, es la instancia que se pronunciará sobre una eventual violación al cese del fuego entre el Gobierno y esa guerrilla, que comenzó el primero de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero.
Las autoridades indígenas denunciaron que a pesar del cese del fuego, el accionar del Eln en los territorios indígenas no ha cesado.
"Además sigue el sembrado de minas antipersonas, el confinamiento, reclutamiento forzado y amenazas en nuestros territorios indígenas del departamento del Chocó. A la fecha no se han tomado medidas que garanticen la protección real y efectiva de las comunidades", agregaron.
REDACCIÓN PAZ