Tras imputación de JEP por secuestro, Farc reconocen que violaron DIH

Un paso histórico en el reconocimiento de su responsabilidad dieron hoy siete del Secretariado de las extintas Farc, quienes luego de ser imputados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad, aceptaron públicamente la gravedad de los delitos que cometieron.

Según dijeron, en efecto, durante la confrontación armada cometieron delitos sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El reconocimiento se conoció a través de un comunicado, en el que los ex-Farc contaron que se han estado reuniendo física y virtualmente para analizar el auto de determinación de hechos y conductas en el que la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los imputó por secuestro.

Si bien el documento no significa que los exjefes guerrilleros hayan reconocido judicialmente su responsabilidad por los crímenes que se les endilgan, queda clara su disposición de asumir la magnitud de lo que cometieron.

"Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino. La guerra en Colombia incluyó diversos actores políticos y militares, nacionales y extranjeros, el reconocimiento de nuestras responsabilidades y, de esos otros actores, es fundamental para garantizar la no repetición de los hechos que nos llevaron a un conflicto social y armado de más de 50 años", dice el documento que difundió Rodrigo Londoño Echeverri, hoy jefe del partido político Comunes.

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Por lo pronto, a los exguerrilleros vinculados por la JEP en el macrocaso de secuestro les sigue corriendo el plazo de 30 días hábiles para que respondan, formalmente, si son o no responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad de los que los acusan. Ese lapso se vencerá el próximo 9 de marzo.

En el comunicado, además, los exintegrantes de las Farc sostienen que en los encuentros en la JEP han "continuado con el proceso de aporte a la verdad". "Se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad por el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas", puntualizan en el documento.

"El conflicto colombiano tiene profundas raíces sociales, la confrontación surgió como una medida de defensa de los derechos campesinos a la vida y la tierra y se prolonga ante la injusticia y el ataque indiscriminado contra los sectores populares. Es por ello que debemos recordar que nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario, por lo cual, nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad y crear condiciones de vida dignas, pero

también reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario", dijo la exguerrilla.

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"La verdad siempre será revolucionaria, es por ello que seguimos reconstruyendo nuestra memoria, disputándonos el relato histórico y evaluando en aras de construir un proyecto político cada vez más sólido y fruto de un proceso de reflexión, aprendizaje y reconciliación con las víctimas", agregó.

Por último, la exguerrilla solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz que se tramiten con urgencia los cientos de amnistías pendientes en la Sala de Amnistías e Indulto, "con el fin de garantizar la libertad de los firmantes de paz que aún continúan

prisioneros".

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La guerra en Colombia incluyó diversos actores políticos y militares, nacionales y extranjeros, el reconocimiento de nuestras responsabilidades y, de esos otros actores, es fundamental para garantizar la No Repetición de los hechos que nos llevaron a un conflicto social y armado de más de 50 años.

19 febrero de 2021.

Antiguos mandos de las extintas FARC-EP firmantes del Acuerdo e integrantes del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) nos reunimos física y virtualmente en el taller "Análisis del auto 019", documento emitido el pasado 21 de enero por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)", con el fin de presentar sus diversos aspectos, aclarar dudas, proponer y consultar con los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, pero también contar con voces calificadas del ámbito jurídico nacional e internacional.

Este encuentro es la continuación del proceso de aporte de verdad que se viene adelantando por parte de quienes integramos las FARC-EP, en donde se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad por el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas.

Abordó los detalles políticos y jurídicos del Auto 019 y permitió intercambiar con el equipo de defensa quienes explicaron las dimensiones jurídicas individuales y colectivas de esta importante decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este espacio permitió reafirmar la importancia histórica del Acuerdo Final de Paz, incluido el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

El conflicto colombiano tiene profundas raíces sociales, la confrontación surgió como una medida de defensa de los derechos campesinos a la vida y la tierra y se prolonga ante la injusticia y el ataque indiscriminado contra los sectores populares. Es por ello que debemos recordar que nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario, por lo cual, nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad y crear condiciones de vida dignas, pero

también reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario.

Hechos y conductas que han venido siendo reconocidas de manera individual y colectiva (comparecencia colectiva del 23 de septiembre de 2019) ante la JEP,

la sociedad en general y en actividades con las víctimas.

La verdad siempre será revolucionaria, es por ello que seguimos reconstruyendo nuestra memoria, disputándonos el relato histórico y evaluando en aras de construir un proyecto político cada vez más sólido y fruto de un proceso de reflexión, aprendizaje y reconciliación con las víctimas.

Invitamos a la sociedad colombiana a exigir la implementación del Acuerdo Final y acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes. Solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que se tramiten con urgencia los cientos de amnistías pendientes en la Sala de Amnistías e Indulto, con el fin de garantizar la libertad de los firmantes de paz que aún continúan prisioneros e invitamos a esta institución a desarrollar un lenguaje pedagógico, incluyente y que contribuya a la

reconciliación y entendimiento del contexto del conflicto armado.

Hoy dimos un paso más en el proceso pedagógico de reflexión y autocrítica que haremos extensivo a todos los firmantes del Acuerdo Final. En el plazo señalado por la Jurisdicción Especial de Paz, estaremos entregando nuestra respuesta al Auto 019 de 2021, siempre, en el sentido que reclama una sociedad que exige el cese de la violencia política y se consolide por fin la paz con justicia social en Colombia. En ese sentido, alentamos a los demás actores civiles y militares, que tienen responsabilidades en el conflicto, a que aporten su parte de verdad ante el SIVJRNR. Es momento de la grandeza y no podemos ser inferiores a este momento histórico.

La paz es una decisión construida con las mayorías en Colombia y nosotros seguimos adelante a pesar de las dificultades y las 258 vidas de firmantes de paz arrebatadas.

Firmantes del Acuerdo Final de Paz:

Rodrigo Londoño Echeverry

Jaime Alberto Parra

Pablo Catatumbo Torres Victoria

Pastor Lisandro Alape Lascarro

Julián Gallo

Rodrigo Granda

Milton de Jesús Toncel

POLÍTICA

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