'La reparación no es un favor, es una obligación del Estado': Diógenes Quintero

Los representantes de las Curules de Paz de la Cámara de Representantes radicaron este miércoles un proyecto que busca reformar la ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas.

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Uno de los parlamentarios que firmó la iniciativa fue Diógenes Quintero, elegido por las Circunscripciones Temporales Especiales de Paz (Citrep), quien habló con EL TIEMPO sobre los cambios que propone el proyecto.

Hay varios temas, pero hay un mensaje importante y lo que en profundidad propone el proyecto es acelerar el ritmo de reparación a las víctimas del conflicto armado por varias cosas. En primer lugar, es que cuando se expidió la ley 1448 en 2011, el Estado colombiano calculaba que en el país había alrededor de 3 millones de víctimas y hoy la realidad es que vamos en 9 millones y medio de víctimas. El Registro Único de Víctimas sigue abierto porque no hemos cerrado el conflicto y pues hay una desproporción entre lo que visionaba la ley en el 2011 y la realidad que vivimos hoy, entonces es necesario ajustar. ¿Cómo se ajusta eso? Acelerando el ritmo de reparación y buscando mayores recursos. El país ha escuchado de voz del presidente Petro, y de varios expertos que han hablado del tema de víctimas, que para reparar a todas las víctimas del país se requieren más de 60 u 80 años. Entonces lo que nosotros decimos es que no se debe esperar todo ese tiempo para reparar a las víctimas, sino que la tarea debe ejecutarse de manera inmediata.

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Otro tema es la realidad de los conflictos armados que vive Colombia. En el 2011, solo se incluían a víctimas del conflicto de las Auc y de las guerrillas, pero eso ha cambiado porque hoy tenemos disidencias, al ‘clan del Golfo’ y a otros grupos posdesmovilización. Entonces, se requiere ampliar ese concepto de víctimas, no solamente al conflicto armado entre guerrillas y el Estado, como estábamos acostumbrados, sino a otros escenarios de violencia que hoy vive Colombia y que han sido reconocidos, por ejemplo, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que dice que en Colombia hay cinco conflictos armados. Entonces, es ampliar el concepto de víctimas porque hay mucha gente que ha sufrido el conflicto o los conflictos que se están quedando por fuera. Entre los cambios que proponemos también hay temas de forma, de participación y otras disposiciones.

No, el tema de la restitución de tierra no lo tocamos de manera profunda, solamente puntualizamos mucho en ese concepto de víctima y el tema de reparación individual y colectiva a las víctimas.

Hay una construcción que hemos hecho 16 representantes de 16 regiones distintas. Somos 16 víctimas del conflicto armado, pero, además, este proyecto ha sido construido fruto de la conversación y del diálogo con organizaciones de víctimas de base y con mesas de víctimas. Somos conscientes que el universo de víctimas es bastante diverso y que las visiones son distintas. Nosotros en lo que avanzamos fue en concertar lo mayor posible y ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Los temas de reparación y del concepto de víctima es algo que nos une a todos y por ellos queremos hacer audiencias públicas, ir a los territorios y hablar con las mesas de víctimas e incluso con el Gobierno.

La Unidad para las Víctimas está en la construcción de una propuesta de reforma de la cual nosotros nos apartamos un poco porque, cuando fuimos invitados a la concertación, lo primero que nos dijeron es que los temas presupuestales no se iban a tocar. Para nosotros, una reforma a la Ley de Víctimas que no contribuya a acelerar el ritmo de reparación, no tiene sentido. La gente está esperando su reparación y hay que entender que no es un favor: es una obligación que tiene el Estado colombiano y eso no se puede dilatar. Hay personas que llevan esperando 20 años la reparación, hay gente que se ha muerto esperando. Para cambiar eso se requieren esfuerzos y los esfuerzos son voluntad política y plata, es sencillo. El Gobierno tiene que destinar mayores recursos para reparar, de lo contrario aquí no va a cambiar nada.

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Yo decía en otro medio que el gobierno Duque tenía una meta de reparar 500.000 víctimas en los cuatro años, pero esa meta no se logró obviamente, se repararon solamente 320.000. El gobierno Petro y la Unidad para las Víctimas tienen una meta de 600.000 víctimas, pero a nosotros, a la Bancada de Paz, nos parece que esa meta no es contundente, que no trae un cambio estructural a la política de víctimas y que el impacto en esta población no va a ser suficiente.

Nosotros proponíamos una meta razonable para la realidad fiscal del país de un millón, pero para reparar ese número de personas se requieren cuatro billones adicionales. Yo puedo decir una cosa: hoy, al ritmo que vamos, ni siquiera estoy seguro si se va a cumplir la meta de las 600.000 víctimas en los cuatro años de este Gobierno. En este primer año que pasó solamente se han preparado 72.000 y si usted hace una proyección en los cuatro años no va a alcanzar ni siquiera los números que entregó el gobierno Duque.

Porque, además, nosotros somos conocedores de los problemas dentro de la Unidad con respecto a la gestión pública, de cumplimiento de metas, de ejecución presupuestal, de mal ambiente laboral y de funcionarios, sobre todo en los territorios, menos competentes que los anteriores. Es decir, problemas estructurales internos que se están viendo reflejados en la atención a las víctimas.

Confiamos en que los tenemos. El tema de las víctimas es muy sensible. Al término de la legislatura pasada, cuando se estaba debatiendo la adición presupuestal, presentamos una proposición luego de que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda no cumplieron una promesa con relación a una plata que se requería para la meta de reparación que nosotros planteamos. Presentamos la proposición en el debate y la íbamos ganando en la plenaria de la Cámara, hasta que varios congresistas del Pacto Histórico y otros del Partido Conservador se bajaron.

Es decir, el tema de víctimas es muy sensible y hay muchos congresistas y funcionarios que hablan a favor de las víctimas, pero cuando se requieren decisiones, ahí sí demuestran las prioridades que realmente tienen. Pienso que haciendo una buena tarea en el Congreso lo logramos, pero la otra tarea que hay que hacer es con el Gobierno. Como es un proyecto que tiene impacto fiscal, porque obviamente se requiere recursos, tendremos que entrar a negociar con el Gobierno para que nos dé el visto.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA