Así va acogimiento a la justicia de bandas tras petición de cese al fuego

Llevar a cabo la política de ‘paz total’ es una de las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro, y ya se empezaron a tomar decisiones de fondo.

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Además de restablecer las negociaciones de paz con la guerrilla del Eln, se está convocando a organizaciones criminales (incluidos narcotraficantes) a un acogimiento a la justicia, y el propio Petro llamó este fin de semana a un ‘cese multilateral del fuego’.

La primera ruta, con el Eln, se ha ido despejando. Luego de enviar una delegación oficial a La Habana (Cuba), esa guerrilla liberó a dos grupos de secuestrados.

Y ya se suspendieron las órdenes de captura de los negociadores del Eln para que puedan regresar a Colombia y hacer o con sus estructuras de cara a una negociación.

En el otro tablero, aunque ha habido avances, ha sido más complejo. Como lo aseguró el presidente Petro, si bien se han recibido mensajes de diversas estructuras criminales, expresando su voluntad de paz, hay que ir más allá.

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“Estamos llenos de cartas y de palabras escritas pidiendo paz, pidiendo negociar. Pero de las palabras hay que pasar a las acciones. Hay que iniciar los diálogos con los negociadores que designen. En muchos casos son temas jurídicos, de acogimiento a la justicia. En otros hay matices políticos. Pero las acciones implican que debe haber negociadores legítimos de esas agrupaciones para hablar con el Estado”, dijo Petro desde el municipio de Ituango, Antioquia.

Al respecto, estructuras como el ‘clan del Golfo’ y la llamada ‘Oficina’ han manifestado su interés de clasificar en el marco jurídico que se cocina. Sin embargo, hay grupos ilegales que aún no se han pronunciado públicamente.

Según el comisionado de Paz, Danilo Rueda, se trata de ‘los Pachelly’, que operan en el municipio de Bello, Antioquia; y ‘los Caparros’, que se mueven por Córdoba y Antioquia.

Aun así, ya está casi listo el marco jurídico del acogimiento a la justicia para estas bandas criminales.

Como lo anticipó EL TIEMPO, las unidades de trabajo legislativo (UTL) de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras avanzan discretamente en el tema, con el acompañamiento del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y del exvicefiscal Jorge Perdomo.

Y aunque se maneja bajo reserva, emisarios de organizaciones criminales aseguran que se les ha hecho saber que se tramitará en el Congreso vía fast track, un mecanismo que abreviará los tiempos de discusión y aprobación.

EL TIEMPO conoció en exclusiva que las bandas criminales tendrían plazo hasta el 31 diciembre de 2023 para acogerse a la justicia a través de este mecanismo.

También se estaría abriendo paso la propuesta de que paguen penas efectivas de 5 años de cárcel y que entreguen tierras como parte de la justicia restaurativa (ver recuadro).

La otra gabela consiste en tener en cuenta los años que ya han pagado. Esto les abriría las cárceles casi de manera automática a decenas de exparamilitares expulsados de Justicia y Paz y a narcotraficantes puros.

Además, habrá elementos que se retomarán, con las respectivas adaptaciones, de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Al respecto, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, estará adelantando diálogos exploratorios con las estructuras criminales.

Según dijo, dichas conversaciones no se harán desde oficinas en Bogotá, sino que el Gobierno Nacional se desplegará en las 12 regiones más afectadas por el conflicto armado, entre ellas estarán Cauca, Antioquia, Catatumbo y Norte de Santander.

“Ningún proceso de paz significará impunidad, todos los procesos, con independencia de su naturaleza, se regirán por la Constitución nacional, igualmente estarán en el centro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las reconstrucciones territoriales urbanas y rurales”, destacó Rueda.

Sobre el “cese multilateral del fuego” del que habló el presidente Gustavo Petro en Ituango, se está esperando que el Gobierno defina límites y alcances.

Según explicó el jefe de Estado, “ese sería el clima más apropiado para lograr la fuerza de la sociedad que nos permita legitimar un fin definitivo de la situación de violencia armada que vive el país”.

Para avanzar hacia ese punto, en Ituango instalaron el segundo ‘Puesto de Mando Unificado por la Vida’, con el propósito de consolidar el plan para la protección de la vida de los líderes sociales y defensores sociales en los 67 municipios más afectados por la guerra de todo el país. El primer puesto fue instalado en Caldono, Cauca, el pasado 20 de agosto.

Al encuentro también asistieron el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y congresistas, autoridades locales y de organizaciones internacionales.

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El ministro Prada aseguró que se establecerá un plan contra la estigmatización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya que este es uno de los primeros problemas que enfrentan y por lo que se hará un reconocimiento a las personas que integran dicha labor.

Además, sobre el cese del fuego multilateral, Prada destacó que este llamado del Presidente es para todos los actores de la violencia en Colombia. “Hay voluntad de diálogo del Gobierno Nacional”, enfatizó.

Por su parte, Iván Cepeda anunció que fortalecerán el plan de emergencia diseñado desde el Congreso junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, la sociedad civil y el Gobierno. “Buscamos proteger la vida de quienes han estado en la construcción de la paz en los territorios. El propósito es buscar cuanto antes procesos de diálogo para ponerles punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que azotan el país”, dijo el senador.

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El plan para la protección de la vida de líderes sociales contiene 52 acciones, 29 de ellas para ejecutarse en los primeros 100 días del gobierno de Petro en 67 municipios que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticas del país.

En este sentido, desde la Comisión de Paz indican que las medidas buscan generar una respuesta rápida por parte de las instituciones del Estado, poner en marcha acciones inmediatas de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización, y dar inicio a la configuración de una política pública de garantías que responda a lo dispuesto en el acuerdo final de paz.

REDACCIÓN POLÍTICA Y UNIDAD INVESTIGATIVA

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