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¿Petro escucha a los gobernadores en la búsqueda de la paz total?
El gobernador del Meta espera estar en la mesa que el Gobierno tendrá con ‘Iván Mordisco’
Vocero de las disidencias de las Farc indicó que no hay mesas de negociación con el Gobierno Foto: Ernesto Guzmán/ EL TIEMPO
Varios de los mandatarios seccionales están a la espera de ser convocados por el Gobierno Nacional para sentarse en las mesas locales con los actores armados ilegales que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos en las regiones. La pregunta es: ¿El presidente Gustavo Petro invitará a, por ejemplo, gobernadores que de manera abierta han expresado inquietudes por la manera como se adelanta la paz total?
Alias 'Iván Mordisco' y 'Calarcá', cabecillas deñ Estado Mayor Central (EMC). Foto:Ernesto Guzmán. EFE
En las últimas horas, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, levantó la mano para informar que quiere estar en el mismo escenario en donde se sentará 'Iván Mordisco', amo y señor de amplias regiones de su departamento.
El Gobierno y las disidencias del Estado Mayor Central anunciaron que llegaron a un nuevo acuerdo para instalar una mesa de negociaciones de paz tras el paréntesis por el atroz asesinato de cuatro menores de edad de la comunidad indígena, quienes habían logrado escapar de reclutamiento forzado por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de la organización de Mordisco.
“En la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz, las partes discutirán y aprobarán el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional”, señalaron en un comunicado conjunto.
"Señor presidente Gustavo Petro, ante el anuncio de reanudar los diálogos con las disidencias de 'Iván Mordisco', respetuosamente le pido en nombre de mi departamento, que me permita estar en esa mesa", dijo Zuluaga.
Se trata del mismo mandatario que, entre otras cosas, ha dicho: “Las disidencias de las Farc no surgen en estos ocho meses de Gobierno del presidente Gustavo Petro, surgen mucho antes, pero indiscutiblemente en estos últimos meses ellos han aprovechado la generosidad del Gobierno para fortalecerse territorial y militarmente, porque es que ya están desde el municipio de Macarena hasta el municipio de Granada, todo ese corredor que pasa por Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Lejanías”.
“También en el corredor que va hacia San José de Guaviare, y se han extendido hasta Mapiripán y Puerto Gaitán. Han aumentado su accionar de presión con las juntas de acción comunal y las comunidades, han incrementado la extorsión, han vuelto a extorsionar, eso es lo que ha venido pasando, han aprovechado la mano tendida del Gobierno para fortalecerse”.
A su voz se suma la de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien ha dicho: “La verdadera paz es el imperio de la ley y ello pasa por un Estado fuerte. He manifestado en forma repetitiva mis dudas frente al proceso de paz total. Mientras se habla de paz, se aumentan las acciones delictivas de los grupos que supuestamente están en ese proceso. El proceso de paz total es ambicioso y no hay verificación ni control”.
Hasta ahora, no ha habido una comunicación fluida entre los gobernadores y el Ejecutivo. De hecho, los han dejado plantados cuando han querido relatar el drama que se están viviendo en sus territorios.
“El Gobierno nos ha dejado plantados, y no solamente a los gobernadores, sino a los colombianos que tienen preocupaciones en temas de seguridad”, dijeron hace unas semanas en foro los mandatarios regionales al expresar su inconformismo ante la ausencia de representantes del Gobierno Nacional.
De izq a der: Claudia López, alcaldesa de Bogotá; Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca; y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador de Meta. Foto:Tomada del Twitter de @nicolasgarciab
“No es solamente hoy que nos hemos sentido solos. Nunca hemos tenido buena interacción con el presidente. No le vamos a pedir nada, necesitamos ayudar”, dijo en su momento Zuluaga quien tomó la vocería ante la escalada de violencia y paradójicamente la poca sintonía con ellos para enfrentar semejante desafío.
La situación contradice la propuesta que planteó el presidente de hacer una paz total con un foco puesto en las regiones.
“Este será un plan con carácter regional y territorial, donde las prioridades de la gente serán también las prioridades del Gobierno Nacional. Su norte y objetivo final será la construcción de un entorno de paz total, donde todas y todos podamos vivir en igualdad de condiciones. Una paz total construida sobre fuertes bases de justicia social, justicia económica y justicia ambiental. Sobre estos ejes construiremos un nuevo país para todos”, dijo el jefe del Estado en su primera alocución presidencial en septiembre del año anterior.
La idea planteada por el Presidente en ese momento era escuchar a la comunidad alrededor de las inquietudes que tiene en asuntos como el al agua potable, las tarifas de la energía, el cambio climático, seguridad, el ordenamiento territorial hacia la paz total y lucha contra el hambre, entre otros.
“Transformar Colombia en un país de paz total no es una tarea exclusiva del Gobierno ni de unos pocos. La paz total es una tarea de todos y todas. Colombia no será una sociedad pasiva frente a la injusticia histórica, la ciudadanía entera debe ser parte activa de la construcción de un país diferente. Aquí tienen la oportunidad para ser parte del Cambio”, agregó en ese instante el mandatario.
Sin embargo, el tiempo ha pasado y la estrategia hasta ahora ha sido de un diálogo más directo con los actores armados y con poca interlocución, al menos pública, con los mandatarios seccionales cuyo eco de reclamos se escucha diáfano.
Y es que sobre los resultados de dicha política, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, dice que en este primer medio año hubo un “relativo desescalamiento de combates entre las organizaciones ilegales y la Fuerza Pública”, pero al tiempo “situaciones críticas en el Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, Putumayo y Caquetá, en donde hubo claras violaciones del cese de fuego”.
En ese sentido, considera que la metodología para aplicar, por ejemplo, una prórroga de los ceses o el inicio de una nueva negociación debe ser distinta. Asegura que esta vez el Gobierno no debe limitarse a expedir un decreto, sino que tiene que mirar específicamente qué ha pasado en las regiones y a qué se comprometen los grupos. Y advierte que cada tregua y su protocolo de verificación deben definirse “con miras al periodo electoral”.