Preocupación de la ONU por asesinatos y amenazas contra excombatientes

El jefe de Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, presentó el Informe trimestral del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

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Ruiz afirmó que es “alentador que el Gobierno y Farc reiteren su compromiso de seguir avanzando en la paz, a pesar de la pandemia”. Además, se sumó al secretario general al reconocer la resiliencia, creatividad y tenacidad de las y los colombianos, que les ha permitido adaptarse para enfrentar este desafío: “Esas mismas cualidades sirvieron para terminar con más de 50 años de conflicto y lograr la firma del Acuerdo de Paz”.

Como se había resaltado en el informe anterior, reiteró que la paz no puede ser otra víctima de la pandemia, y dijo que, si bien en este informe destaca el compromiso y la voluntad de las partes signatarias para adaptarse a la pandemia, incluyendo esfuerzos conjuntos para atender la situación, especialmente en los antiguos ETCR, lamenta que a pesar del llamado del secretario general a un cese al fuego global, que se une a la resolución emitida por el Consejo de Seguridad el pasado miércoles en la que piden una pausa humanitaria por 90 días, continúen acciones violentas en algunas regiones, impactando las garantías de seguridad de comunidades, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, y excombatientes comprometidos con el proceso de reincorporación.

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“En este periodo, se mantiene la tendencia de asesinatos y amenazas contra excombatientes de las Farc-EP, llegando a más de 200 asesinatos. La situación de seguridad de excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación fuera de los antiguos ETCR, repartidos en más de 500 municipios, es de mayor riesgo y vulnerabilidad, y se intensifican por la misma pandemia”, recalcó Ruiz.

El jefe de misión aseguró que “La seguridad sigue siendo condición indispensable para cumplir las esperanzas puestas en el Acuerdo de Paz”. Por tanto, la protección a la vida está en el primer lugar de las prioridades para la construcción de la paz en Colombia.

En el informe, el Secretario General hace un llamado a la completa implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos y similares), incluyendo avances en la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y criminales de parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la aprobación, financiación y asignación de esquemas de protección, y mayores avances en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

“Si bien, en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) el Gobierno mantiene los esquemas colectivos de seguridad, es importante reforzar la seguridad en estas otras ubicaciones o Nuevas Áreas de Reincorporación, donde grupos de excombatientes adelantan procesos de reincorporación colectiva, que, según FARC, son alrededor de 75”, señaló Ruiz.

Además, se resalta como prioridad la sostenibilidad del proceso de reincorporación. En el actual informe se reconoce el trabajo conjunto en las medidas de prevención y mitigación del virus en cada ETCR y sus comunidades aledañas, así como la aprobación de proyectos productivos en el Consejo Nacional de Reincorporación, que comprende 57 proyectos colectivos y más de 1.300 individuales, que benefician a cerca del 30 % de excombatientes acreditados. El informe manifiesta que: “la pandemia y las medidas de distanciamiento social y aislamiento han afectado a los programas relacionados con la paz y han tenido repercusiones negativas considerables en las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto”.

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Por tanto, el secretario general recomienda reforzar la asistencia técnica a los proyectos productivos y los esfuerzos para ayudar a las personas en procesos de reincorporación para encontrar oportunidades comerciales que impulsen sus productos y servicios. Así como “la asignación de tierras a excombatientes, tanto para viviendas como para proyectos productivos, que continúa siendo un requisito fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación”.

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El informe resalta que es necesario asegurar que las comunidades estén en el centro de todos los esfuerzos de construcción de paz. En ese sentido, es esencial proveer a las comunidades afectadas por el conflicto de infraestructura, servicios e inversión para llevarles seguridad y desarrollo por medio del despliegue integral de instituciones estatales. Por eso, se menciona la reactivación de actividades que buscan aumentar la protección colectiva y comunitaria. El secretario general recomienda que se mantenga la participación ciudadana y de excombatientes, y una adecuada financiación para una eficaz ejecución.

Finalmente, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia dijo que: “en medio de este contexto de tanta adversidad, el secretario general alienta a los colombianos y las colombianas a guiarse por objetivos comunes, especialmente: prevenir el contagio, apoyar a las personas más vulnerables, y velar por que los logros del Proceso de Paz no solo sean protegidos, sino que se construya sobre ellos”.

Por otro lado, se destacaron lo avances que ha hecho la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Igualmente, resaltó las más de 5.800 solicitudes de búsqueda hechas ante la UBPD, así como los 174 aportes voluntarios de información entregados por ex de las Farc-Ep, de las Fuerzas Militares, otros agentes estatales, civiles, bacrim y paramilitares.

Asimismo, el secretario general reiteró su respaldo a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la UBPD, y subrayó que “han ajustado sus modalidades de trabajo a raíz de la pandemia y están trabajando conjuntamente para asegurar la coordinación entre ellos”.

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Finalmente, el informe hace un llamado a todos los actores para que contribuyan plenamente a la labor del Sistema Integral de justicia transicional para satisfacer las expectativas de las víctimas.

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