Las lecciones para el ELN tras el secuestro del papá de Luis Díaz

Un comunicado publicado por la delegación del Gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), tras la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, parece dar muestra del camino que tomará el proceso de negociación con esa guerrilla, uno que, como lo reconoce la delegación y lo advierten desde varios sectores, está sumido en una crisis inédita desde el restablecimiento de los diálogos.

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Si bien era claro que luego de superado este episodio la mesa no se iba a romper –de ser así, el presidente Gustavo Petro perdería la columna vertebral de su política de ‘paz total’–, para varios analistas e incluso para los delegados del Gobierno, este hecho debe convertirse en una oportunidad para que el Eln haga un compromiso serio y verificable de no secuestrar, un crimen que no solo viola el DIH sino que es contrario a los acuerdos alcanzados entre las partes.

“El proceso actual del Eln ha avanzado como ningún otro hasta hoy. No obstante, nuestra delegación considera que el secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumido nuestro diálogo en una situación crítica y, por ello, ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos”, señaló la delegación de Gobierno.

Dicen, además, que para las próximas reuniones les exigirán a los de esa guerrilla la liberación inmediata de todos los secuestrados y que es insostenible “argumentar”, aun bajo las condiciones de un conflicto armado, que “comerciar con seres humanos es lícito”.

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“Consideramos que cualquier discusión sobre mecanismos de financiación a esta organización armada solo podrá hacerse una vez que se aclaren los términos de su proceso de incorporación política en el escenario del fin del conflicto, tema que también debe ser abordado en la próxima reunión”, concluyeron.

Hay que recordar que en agosto, durante el acto de instalación del Comité Nacional de Participación –que nació en los primeros ciclos de diálogo–, ‘Aureliano Carbonell’, negociador de esa guerrilla, dijo que las actividades ilegales realizadas para financiar su accionar no se detendrían.

“En este proceso de cese, la organización no puede debilitarse estratégicamente. Las actividades financieras siguen a nivel general”, afirmó luego de que los periodistas le preguntaron si el secuestro iba a cesar.

En aquel momento se habló de la posibilidad de crear un fondo multilateral para financiar al Eln con el ánimo de que esta organización deje de secuestrar, algo que el presidente Petro mencionó como una posibilidad para una etapa más avanzada del proceso, pero que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, volvió a poner sobre la mesa ayer.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó que debe haber una reingeniería del proceso que “signifique más capacidad del Gobierno” y “tener clara la agenda de máximos y mínimos de cada una de las partes”, incluido el final de las afectaciones a la población civil.

De hecho, el comisionado Danilo Rueda durante un debate de control político en el Congreso el pasado martes señaló que este episodio le restaba credibilidad al proceso de negociación y dio a entender que, pese a que en los protocolos firmados entre las partes en julio se habla explícitamente de no realizar acciones prohibidas en el DIH (incluyendo las retenciones), el tema del secuestro no se ha abordado lo suficiente.

En ese sentido, los lineamientos de la oficina del Alto Comisionado para la Paz para los siguientes encuentros –y para el proceso de negociación– parecen, en teoría, claros.

En primer lugar, exigen la liberación de todos los secuestrados y la proscripción del secuestro en cualquier contexto. Además, piden discutir los asuntos propios de financiación del Eln solo si se avanza el proceso de cese del uso de las armas definitivamente.

Sin embargo, para Nubia Rojas, analista de temas de paz y derechos humanos, este mensaje no es del todo realista en el contexto actual del proceso y teniendo en cuenta que, dice la experta, el “Eln es el que le ha marcado la agenda al Gobierno”.

“El comisionado traza unas líneas, pero me parece que lo hace de manera muy tímida todavía. Es decir, yo no interpretaría ese comunicado como una decisión taxativa sobre lo que se va a hacer en la mesa de ahora en adelante, entre otras cosas, porque para poder tomar una decisión sobre qué va a pasar en el proceso tienen que contar también con el Eln. Es una decisión que el Gobierno no puede tomar unilateralmente”, opinó Rojas, quien agregó que esto debe servir como campanazo para la istración Petro y para la política de ‘paz total’.

Y es que aunque los de la delegación de Gobierno en la mesa condenaron el crimen cometido por el Eln, ninguno ha condicionado la continuidad de la mesa si el grupo guerrillero no cede en este punto. El senador y exnegociador de paz Humberto de la Calle fue uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa.

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Tras la liberación del papá de Luis Díaz, de la Calle insistió en que se debe generar una hoja de ruta para la liberación de todos los secuestrados –según las Fuerzas Militares, van 32 casos perpetrados por ese grupo armado en el transcurso del 2023–. “La continuación de las conversaciones deberían comenzar por ese punto y me parece que hay que perfeccionar las normas sobre cese del fuego para incluir las hostilidades y no solo el cese de fuego militar”, dijo en una breve declaración publicada en sus redes sociales.

El llamado no solo ha llegado desde los sectores políticos, también ha sido un reclamo constante durante los encuentros del Comité Nacional de Participación, única instancia del proceso que avanza sin contratiempos. El último fue realizado por Sociedad de Agricultores de Colombia, quienes durante encuentro del sector campesino dijeron: “Estamos mamados de la inseguridad, de los secuestros y de la extorsión”.

“Nuestro llamado nacional es a que el Eln y todos los grupos armados ilegales y delincuenciales entreguen, sin ningún tipo de contraprestaciones, a todas las personas que hoy tienen en su poder”, señaló por su parte el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Por ahora, la delegación tendrá hasta finales de este mes, cuando inicie el quinto ciclo de negociación, para tomar decisiones y encaminar el proceso. El jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, anticipó en conversación con EL TIEMPO que luego de este suceso “habrá repercusiones” y que se tendrá que hacer un análisis “para ver cómo se sigue hacia adelante en el proceso”, mensaje similar al enviado por José Felix Lafauire, presidente de Fedegan, y de la delegación del Gobierno.

“El Eln tiene que aprender la lección porque al final este acuerdo, en caso de que se dé, y aspiramos a que se dé, tiene que tener una base social política y, para ello, no podemos ir en contravía de lo que piensa la opinión pública con respecto a este tema”, dijo el negociador.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA