Acemi respondió a hallazgos en las EPS intervenidas y criticó la forma como se informaron: ‘se cumple el objetivo de generar incertidumbre’

El gremio, si bien reconoció que era necesario este tipo de actuaciones de inspección, control y vigilancia para garantizar la transparencia del sector, cuestionó seriamente la manera en que el Gobierno ha tratado el tema.

Así las cosas, Acemi destacó que este sector es uno de los más auditados del país, y que es necesario que se sigan haciendo estas labores: “Los focos sobre la prestación del servicio son intensos y continuos. Estamos habituados al control permanente y a la entrega de información de forma oportuna. Todos trabajamos con la consigna de que todo es público”.

Y agregó: “todas las actuaciones que se adelanten desde los organismos de vigilancia y control son pertinentes y necesarias, y son apoyadas por Acemi”.

Sin embargo, hizo un llamado a que se cumpla con el debido proceso, así como la manera en que el Gobierno abordó el tema y lo dio a conocer a la opinión pública: “Resulta desventajoso y desacertado que los pronunciamientos sobre las EPS tengan siempre un carácter mediático”.

“Hacer y repetir este tipo de anuncios a partir de hallazgos preliminares, en sendas ruedas de prensa desde la Casa de Nariño, señala un criterio afanoso y con poca rigurosidad. Siempre se cumple el objetivo de generar incertidumbre y generar suspicacias”, expresó el gremio.

En su pronunciamiento, Acemi aprovechó para cuestionar las acciones del Ejecutivo con respecto al sector de la salud en Colombia: “Aunque parecería que a nadie le conviene erosionar un servicio que en cifras del mismo DANE es el mejor calificado de los que presta el Estado colombiano, el Gobierno lleva dos años repitiendo la misma narrativa que no reconoce los aciertos que él mismo mide y reporta, y que se pueden verificar fácilmente en la opinión ciudadana”.

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dio a conocer este jueves, 6 de junio, algunas de las principales situaciones encontradas a la fecha por parte de los agentes interventores en tres de las EPS que actualmente han sido intervenidas: Sanitas, Nueva EPS y S.O.S EPS.

Si bien se trata de información previa que pertenece a un largo informe con el que la Supersalud hace un rastreo sobre la situación actual de cada entidad, son varios los datos que han causado revuelo en el sector de la salud.

Quizás la información más delicada que se ha conocido hasta ahora, concierne a Nueva EPS y unas supuestas billonarias deudas a hospitales y clínicas (IPS) que venían acumulándose desde 2019.

De acuerdo con la Supersalud al momento de la toma de posesión de la EPS, se hallaron 12'645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por un valor de más de 4.4 billones de pesos, estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros que acumulan un valor de 5.7 billones de acuerdo con lo encontrado por la firma contralora.

​Por otro lado, en el caso de Sanitas, el interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por 104.226 millones de pesos en operación de centros médicos. Al respecto, el Supersalud explicó que ese tipo de inversiones las debe hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS.

"Mucho menos cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo. Esto, es lo que se conoce como integración vertical, puesto que se estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes", señaló Leal. 
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​El informe del interventor detalla también la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.

Por último, llama la atención que, según el informe de la Supersalud, una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor de la EPS S.O.S tendría relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi) que además tiene la condición de vinculado, lo que hace y hará más difícil su evaluación de eficiencia.
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"Para los contratos PGP suscritos con la prestadora Comfandi, se determinó una baja ejecución durante el periodo agosto 2023 y marzo de 2024 del 82.35%, lo que equivale a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los periodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes", indicó Leal.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Salud